Subas salariales: reflejo de finanzas sólidas y de cuidado de la paz social

Casi en el cierre de la semana, el gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció un nuevo incremento para los empleados estatales puntanos. El aumento salarial es del 10 por ciento y se abonará con los sueldos correspondientes a agosto. La medida alcanza no solo al personal de la administración pública, sino también a beneficiarios del Plan de Inclusión Social y becarios de la Secretaría de las Juventudes. La mejora en los sueldos totaliza desde marzo  de este año un 55 por ciento.

Los números son elocuentes y la medida adoptada por el Ejecutivo puntano refleja dos cuestiones muy importantes. Una es la preocupación permanente por mantener la paz social en la provincia en un contexto nacional muy delicado. El otro es que más allá de las sistemáticas acusaciones del poggismo, las finanzas de la provincia siguen sólidas y eso es precisamente lo que permite ejecutar, de manera responsable, estas actualizaciones salariales. Son pocas las jurisdicciones, por no decir ninguna, que en las últimas décadas pueden exhibir una realidad que fusiona de manera constante mejoras en los sueldos, obra pública y presupuestos equilibrados. 

El seguimiento de cómo golpea la crisis económica a los puntanos es constante. Rodríguez Saá subrayó que realizarán un monitoreo mensual de las variables mientras perdure la turbulencia financiera para que en la provincia los salarios no se vean superados por la inflación.  

“La situación del país es compleja, yo quiero que sientan que abrazamos al pueblo de San Luis para que haya paz social”, afirmó el Gobernador en el acto realizado el jueves en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo.

El ministro de Hacienda Pública del Gobierno de San Luis, Eloy Horcajo, no dudó en señalar "que la situación amerita salir rápidamente a reforzar los salarios y no esperar a mediados de septiembre a que tengamos los datos oficiales porque la realidad de la gente, de la familia, de los trabajadores, es hoy". 

El ministro recordó que el Estado puntano había establecido una pauta de marzo a julio del 45%, que en mayo fue potenciada, y ahora nuevamente en agosto. "Nos vimos en la necesidad de tener que adelantar algunos planes”, afirmó.