Ley ómnibus: hay preocupación en discapacidad y salud mental

Dos fundaciones locales que se dedican a la atención de personas con discapacidad y problemas de salud mental manifestaron su preocupación ante las medidas propuestas por el gobierno nacional en la denominada ley ómnibus, que podrían perjudicar la calidad de vida de los involucrados.

Cristina Galetto, trabajadora social perteneciente a la organización Despejarte, le comentó a El Diario que rechazan las modificaciones que buscan implementar en la Ley 26.657 de Derecho a la Protección de Salud Mental. Aseguró que son violatorias porque ponen en juego la vida y la libertad de las personas con discapacidad psicosocial.

Dijo que en uno de los artículos mencionan que les dan un poder absoluto a los jueces para autorizar una internación sin previa evaluación interdisciplinaria.

“Las medidas atacan directamente a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es nuestro tratado más importante y al cual el país está adherido”, expresó.

Además, remarcó que las modificaciones también limitan el acceso de estas personas a una variedad de servicios y terapias en sus domicilios, o apoyos que les aseguran mayor independencia en su cotidianeidad.

Alina Arrascaeta, referente de la fundación Valduvieco, afirmó que hay dos factores puntuales que les generan preocupación. El primero está vinculado a la geolocalización en las prestaciones. Si bien consideran que es una propuesta moderna de auditoría, porque intenta pasar todos los controles de asistencia de las personas con discapacidad a las instituciones en donde realizan sus terapias y también los traslados, requiere que todos los afectados tengan un celular con la aplicación correspondiente y sepan utilizarla.

“Van a tener que escanear un código QR para informar cada vez que se suben al transporte o cuando llegan a sus lugares de atención. El problema es que presuponen que todas las personas con discapacidad tienen la herramienta, datos móviles para utilizarlo y sobre todo la accesibilidad en cuanto a lo cognitivo para poder hacerlo, entonces nuestra mayor inquietud es que si la persona no lo sabe resolver, qué va a suceder”, manifestó. 

El segundo punto de intranquilidad es que, desde el 10 de diciembre hasta la actualidad, las organizaciones que trabajan con el programa nacional Incluir Salud, que brinda pensiones no contributivas para las personas que no tienen una obra social, no saben si se las seguirán ofreciendo o no.

Arrascaeta aclaró que el sector se movilizó para recibir una respuesta y la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo máximo que aplica políticas que resguardan sus derechos, publicó un comunicado manifestando que a fin de este mes tendrán una reunión de directorio para tratar las preocupaciones.

Redacción