Los gobiernos de extrema derecha en la región, como fue el del expresidente Jair Bolsonaro en Brasil (2019-2022), sirven para desnudar las amenazas que representan para la democracia instituciones consideradas indispensables a los Estados nacionales, como las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia.
Una investigación de la Policía Federal acumula, desde 2023, indicios de que Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, usó la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) para espiar a políticos y autoridades de oposición, buscando ventajas personales.
El nuevo escándalo se suma a otras investigaciones policiales y judiciales que acosan al expresidente y sus allegados. Esta vez alcanzó directamente a dos de sus tres hijos dedicados a la política.
A Carlos Bolsonaro, concejal de la ciudad de Río de Janeiro, la Policía le registró su residencia y su oficina el 29 de enero y le incautaron una docena de computadoras, tres teléfonos celulares y diversos documentos.
El segundo hijo del expresidente sería uno de los principales receptores de las informaciones ilegales recogidas por la llamada “ABIN paralela”, como supuesto dirigente de un denominado “gabinete del odio” que difundía noticias falsas en beneficio del bolsonarismo, otro caso en investigación.
Además, tanto él como su hermano mayor, el senador Flavio Bolsonaro, enfrentan procesos de corrupción por la presunta contratación de “funcionarios fantasma”.
En Brasil, los legisladores municipales, regionales y nacionales tienen derecho a contratar decenas de auxiliares pagados con dinero público, pero algunos de ellos habrían firmado contratos falsos para quedarse con una mínima parte del sueldo y devolver el resto a sus “patrones”.
Antes de Carlos Bolsonaro, el exdirector de ABIN, Alexandre Ramagen, amigo de la familia Bolsonaro, sufrió el mismo registro policial con incautación de computadoras y celulares. Él supuestamente comandó las operaciones ilegales. Ahora es diputado nacional del Partido Liberal, donde está la mayoría de los políticos bolsonaristas.
El uso político de las agencias de inteligencia es un problema generalizado en el mundo, remarcó la Universidad Federal Fluminense de Niterói: “Los Estados nacionales se hacen espionaje mutuamente y contra sus propios ciudadanos, incluso en países democráticos”, lo ejemplificó con las revelaciones hechas en 2013 por Edward Snowden, sobre las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de la que había sido agente.
En Brasil comparan la “ABIN paralela” al escándalo de Watergate, de Estados Unidos, que estalló en 1972, cuando el entonces presidente Richard Nixon intentó instalar aparatos de escucha en la sede del opositor Partido Demócrata. Dos años después, Nixon debió renunciar.
Los gobiernos democráticos y progresistas que tuvo Brasil desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) nada hicieron para inhibir tales acciones no permitidas por la Constitución Nacional de 1988.
La ABIN fue creada en 1999, para sustituir agencias anteriores, bajo el gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
Con Bolsonaro elegido presidente en 2018 para gobernar el país en los cuatro años siguientes, creció su aspecto autoritario. Pero hablar de “ABIN paralela” es absolver la “oficial”, como si hubiese un espionaje legítimo.
Sin embargo, como los Estados necesitan sus servicios de inteligencia, su uso democrático depende de mecanismos de control externo, por la sociedad civil.
El espionaje por parte del propio Estado hacia sus ciudadanos, es una grave lesión para la democracia, y Brasil está comprobándolo.
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casaMás Noticias
