Enfoques sobre la ciberdelincuencia

Más de 100 activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil denuncian que el previsto nuevo Tratado de Naciones Unidas sobre la Ciberdelincuencia, cuya adopción por la Asamblea General de la (ONU) está prevista para finales de año, por considerarlo una posible herramienta para la represión de los gobiernos del mundo.

 

La organización Human Rights Watch (HRW) dijo que a medida que los países avancen en la ratificación del tratado, este enfrentará un considerable escrutinio y la oposición de los legisladores y del público “debido a la amenaza que supone para los derechos humanos”.

 

El tratado ampliaría la vigilancia gubernamental y crearía una herramienta sin precedentes para la cooperación transfronteriza entre gobiernos en una amplia gama de delitos, sin las salvaguardias adecuadas para proteger a las personas de los abusos de poder.

 

Asimismo comenzarán las negociaciones sobre un protocolo que acompañe al tratado para abordar delitos adicionales y ampliar aún más el alcance del tratado. “Instamos a los gobiernos a que rechacen un tratado sobre ciberdelincuencia que menoscaba los derechos”, afirmó (HRW).

 

Al reconocer los crecientes peligros de la ciberdelincuencia, la (ONU)y los Estados miembros,negocian un tratado internacional jurídicamente vinculante para contrarrestar la amenaza.

 

Cinco años después, las negociaciones siguen en curso, sin que las partes hayan podido alcanzar un consenso aceptable en el Comité ad hoc intergubernamental, conformado por expertos gubernamentales en los delitos ciberdependientes.

 

Una de las organizaciones no gubernamentales que participan en las negociaciones es Access Now, que defiende y amplía los derechos digitales de personas y comunidades en situación de riesgo en todo el mundo.

 

Para el grupo de derechos humanos, el tratado debe abordar la “ciberdelincuencia básica”, es decir, aquellos delitos que solo son posibles a través de un ordenador, a veces denominados delitos “ciberdependientes”, como el pirateo de sistemas informáticos y el menoscabo de la seguridad de las redes.

 

Está claro que los Estados deben tipificar estos delitos, con disposiciones claras que permitan a los gobiernos de todo el mundo cooperar entre sí.

 

Pero al ampliar demasiado el ámbito de aplicación del tratado, podrían incluirse los delitos políticos. “Por ejemplo, si alguien hace un comentario sobre un jefe de gobierno, o un jefe de Estado, eso podría acabar siendo penalizado por la ley de ciberdelincuencia”, señalan los expertos.

 

Cuando se trata de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley cooperen en este tratado, deben establecerse normas sólidas en materia de derechos humanos, porque eso proporciona confianza y seguridad en el proceso.

 

Mientras tanto, una declaración conjunta de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) vinculadas a las negociaciones señala deficiencias críticas en el actual borrador del tratado, que amenaza la libertad de expresión, la privacidad y otros derechos humanos.

 

El proyecto del tratado contiene amplias disposiciones penales que son débiles -y en algunos lugares inexistentes- salvaguardias de los derechos humanos, y establece excesivos requisitos de intercambio de información y cooperación transfronterizos, que podrían facilitar una vigilancia intrusiva.