La realidad y la necesidad de políticas públicas

En tiempos de tanto discurso confuso y cargado de subjetividad, vale la pena recurrir a la dureza y la simplicidad de los datos. A riesgo de cualquier mirada tendenciosa, cabe valerse de cifras emanadas de organismos oficiales.

El Ministerio de Economía informó esta semana que la deuda pública a cargo del Estado nacional creció en julio en 9.566 millones de dólares y alcanzó el récord de 452.071 millones de dólares. El informe de la Secretaría de Finanzas indicó que la deuda pública nacional aumentó en 81.398 millones de dólares en los primeros siete meses del año. Este año, 2024. Todo, gobierno de Javier Milei. En julio, los pagos realizados por el Tesoro Nacional sumaron el equivalente a 15.295 millones de dólares, el equivalente a unos 15 billones de pesos. El informe oficial indicó, además, que el 56% de la deuda total está en moneda extranjera, básicamente dólares, mientras que el 44% restante son pesos. Comparando el aumento de deuda de julio respecto de junio, se señaló que “la variación se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en 1.115 millones de dólares y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de 10.670 millones”. En clara alusión a la maniobra de traspaso de deuda del Banco Central al Tesoro. Entonces, la parte en pesos que creció representa el pasivo que el Banco Central transfirió al Tesoro por orden del Gobierno con el argumento de que así se liberaría a la entidad monetaria del impacto que tendría una suba de las tasas de interés, algo que finalmente no sucedió. Así, la deuda con el Fondo Monetario Internacional ascendió a 41.312 millones de dólares. A otros organismos internacionales se les debe 32.138 millones de dólares.

Una manifestación de empresarios de todo el país en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, expresaba con claridad que en los primeros seis meses de este año cerraron unas diez mil pequeñas y medianas empresas en todo el país. Pertenecen a la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), y exigieron en forma urgente una ley de emergencia para el sector. El pronóstico que tienen para el segundo semestre es aún peor.

El derrumbe de la actividad industrial sigue firme y se acentúa. Esta misma semana, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) informó que el nivel de utilización de máquinas y herramientas en las fábricas fue del 54,5% en junio último, nivel que estuvo por debajo del 68,6 % de junio de 2023 y del 56,8% de mayo de este año.

Los sectores productivos que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo (80,8%), sustancias y productos químicos (66,3%), papel y cartón (60,4%), alimentos y bebidas (59,4%), e industrias metálicas básicas (56,6%). Es para destacar la capacidad ociosa de algunas actividades en particular: minerales no metálicos, ligados a la construcción (46,8%), textiles (43,9%), metalmecánica (42%), edición e impresión (41,3%), caucho y plástico (39,4%), industria automotriz (39%) y derivados del tabaco (35,4%). Estos niveles remiten a muchos años atrás y son propios de las peores crisis del país: en época de la pandemia o la recesión de 2002, tras el estallido de la convertibilidad.

 Cifras oficiales contundentes para una realidad que apabulla a todos los sectores. Una baja en la inflación no refleja mejoras en la actividad económica, no está emparentada con el crecimiento. La crisis recesiva no se detiene. Y el déficit fiscal es una condición necesaria, pero no suficiente para conseguir efectos ciertos en el mediano plazo. Las apelaciones a la herencia recibida se van desvaneciendo. Los jubilados y los sectores más necesitados ya no resisten los embates de la realidad económica y social de la Argentina. La pobreza crece en todo el país y crece desmesuradamente en San Luis. La respuesta debe venir de la mano de mejores políticas públicas.