Acompañantes terapéuticos sin cobrar desde abril: un reclamo que persiste

Una madre denunció que el Gobierno de San Luis mantiene impagos desde abril a acompañantes terapéuticos que trabajan con niños con Certificado Único de Discapacidad (CUD). La deuda afecta directamente la atención de alumnos con diagnósticos como el síndrome de Asperger y genera preocupación entre las familias, que advierten posibles medidas de fuerza si no se resuelve la situación.

“Mi hijo tiene Asperger. Desde fines de marzo cuenta con una acompañante terapéutica que aún no ha cobrado ni un solo mes. Trabaja de 8 a 12.30, todos los días, y hasta ahora lo hace gratis”, relató la mujer, vecina de San Luis capital, en diálogo con El Diario de la República.

Según explicó, el conflicto comenzó cuando DOSEP modificó el sistema de contratación: a partir de un nuevo convenio con una empresa privada, los y las profesionales pasaron a facturar a través de esa firma intermedia. “Nosotros zafamos porque nuestra acompañante alcanzó a ingresar como prestadora directa antes del convenio. Pero aun así no cobró nunca”, remarcó.

El procedimiento administrativo, aunque en teoría simple, parece trabarse en los despachos oficiales. Cada mes se presenta una orden con el llamado “módulo escolar”, que cubre las horas de acompañamiento en la escuela. DOSEP autoriza la orden rápidamente, pero luego el expediente se traslada a Contaduría General de la Provincia, donde –según múltiples reclamos– “queda frenado sin explicación”.

“Llamás a Contaduría y nadie sabe nada. Que está para la firma, que hay que esperar, que lo están revisando... Hace más de un mes que está para la firma, ¿cuánto más hay que esperar?”, cuestionó la madre.

El reclamo se amplifica: otras familias y profesionales reportan exactamente la misma situación. Durante una reunión entre directivos de DOSEP y padres afectados, el organismo se comprometió a liberar todos los pagos pendientes. Sin embargo, los expedientes de algunas acompañantes –entre ellas la del niño con Asperger– siguen sin avances. La explicación oficial es que “hubo un error de sistema” que dejó a cuatro o cinco trabajadoras “colgadas”.

El monto mensual por módulo ronda los 322 mil pesos, y la deuda ya alcanza los $1.300.000 por profesional. Algunas acompañantes, ante la falta de respuestas, advirtieron que no retomarán las actividades tras el receso invernal si no se regulariza el pago antes del último viernes hábil.

“No se les puede exigir tanto compromiso y vocación, mientras el Estado las deja cuatro meses sin cobrar. Acompañan a niños con discapacidad no solo desde lo académico, sino en lo emocional. No planifican como una maestra, pero trabajan codo a codo con los docentes para que el niño pueda aprender en paz”, explicó.

La madre destacó que los papeles se presentaron en tiempo y forma y que las familias cumplieron con todos los requisitos administrativos. “El error lo cometieron ellos. Yo trabajo en el Estado y sé que puede pasar. Pero no podés tardar cuatro meses en arreglarlo. Es una falta de respeto para las profesionales y para nuestros hijos”, concluyó.