Crece la preocupación por los despidos y cierres en el sector metalúrgico de San Luis

La industria metalúrgica de San Luis atraviesa un momento crítico. A los despidos registrados en distintas fábricas en los últimos meses, se suma el cierre prolongado de plantas, la precarización laboral y un creciente malestar entre los trabajadores. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), advierten que la situación ya afecta a miles de familias y que las medidas del Gobierno nacional, lejos de contener la crisis, la están profundizando.

“El panorama es muy complicado. Ya hace un tiempo que se empezaron a ver bajas y hoy hay varias empresas que están despidiendo personal”, sostuvo Guillermo Gómez, delegado de la UOM en San Luis. Según detalló, muchos de los trabajadores despedidos estaban contratados a través de agencias y no cuentan con herramientas legales inmediatas para reclamar sus derechos laborales. “Son los más vulnerables. Si quieren reclamar indemnización, tienen que iniciar juicios que son largos y costosos”, señaló.

Uno de los casos más graves es el de Argentoil, una firma dedicada a la fabricación de tubos de gas para vehículos, que lleva dos meses cerrada y sin suministro eléctrico, debido a una deuda de más de 50 millones de pesos con la empresa de energía. “Arrastran más de ocho meses de deuda salarial. Hoy los empleados no están cobrando absolutamente nada”, aseguró Gómez.

A este escenario se suman despidos en Endrian, la ex fábrica de heladeras Mavi, donde unas 30 personas perdieron su trabajo la semana pasada, y en Sanela (hoy Corven), con 35 trabajadores desafectados, entre efectivos y contratados. También hay preocupación en Polimetal, donde si bien no hubo cesantías, se detectó una modalidad de rotación de personal eventual, sin renovación de contratos.

“Están tomando gente nueva en lugar de renovar con los mismos trabajadores. Eso también implica despidos encubiertos”, alertó el delegado.

El achique se extiende también a los horarios laborales. La empresa Spar, que produce campanas y extractores de cocina, trabaja apenas tres días por semana; Team Play (ex Antelitográfica) suspendió los viernes y otras firmas adelantaron vacaciones para contener el ajuste.

La apertura de importaciones —una de las banderas del modelo económico del Gobierno nacional— ya muestra consecuencias directas en la industria local. Gómez citó como ejemplo a la empresa Palmero, fabricante de grupos electrógenos, que despidió a 13 trabajadores, siete de ellos efectivos, apenas dos días antes del Día del Trabajador.

“La firma ahora importa los equipos desde China. Acá solo arman tableros de transferencia automática. El resto, que antes se producía en San Luis, ya no se hace. Se pierde toda esa mano de obra y también el empleo indirecto: pintura, chapas, soldadores”, enumeró.

Pese al deterioro del escenario, Gómez denunció que desde el gremio aún no se ha convocado a instancias formales de discusión. “No tuvimos congresos ni reuniones para tratar esto. No se ve una estrategia de respuesta ni a nivel local ni nacional”, lamentó.

En paralelo, los intentos por abrir un canal de diálogo con el Gobierno provincial tampoco prosperaron. “Pedimos audiencias con el ministro, presentamos notas. Lo máximo que conseguimos fue hablar con un asesor legal. Nunca nos recibieron”, afirmó.

Para el delegado metalúrgico, lo que se vive en el sector es consecuencia de una decisión política deliberada.

“Esto es un industricidio. No se piensa en la producción, se prioriza lo macro. Hasta permiten importar la comida para los empleados. Nos dicen que bajó la inflación, pero la gente no puede comprar nada. Bajó a costa de miles de despidos”, planteó.

La situación salarial también está atada con alambre. Gómez explicó que todavía esperan la homologación de una paritaria ya firmada, que el Ministerio de Trabajo de la Nación se niega a validar. “Dicen que el 3% acordado es demasiado. Mientras tanto, todo sube: servicios, transporte, comida, combustibles. Y los sueldos no alcanzan”, afirmó.

De acuerdo a los registros oficiales del SIPA, San Luis ya perdió más de 1.500 empleos formales en los últimos meses. Pero desde la UOM estiman que el impacto real es mucho mayor.

“Según la OIT, por cada trabajador registrado que se queda sin empleo, hay uno y medio no registrado que también pierde el suyo. Es decir, estamos hablando de más de 3.700 familias sin ingresos en la provincia”, alertó Gómez.

Y concluyó: “Esto recién empieza. La apertura de importaciones lleva pocos meses y ya estamos viendo las consecuencias. No queremos ni imaginar lo que puede pasar en dos años si esto sigue así”.