Trabajó 23 años en el INTA, pidió licencia, lo echaron y quieren que pague 55 millones

Tras 23 años de trabajo en el INTA y pasos por diversas áreas del organismo, un ingeniero agrónomo fue despedido por un sumario que no solo lo dejó sin trabajo sino que lo obligó a pagar 55 millones de pesos al Estado Nacional. El damnificado llegó ayer junto a un grupo de productores del norte provincial a las oficinas de San Luis para manifestar su rechazo a la medida.

“Ni trabajando tres años gano el dinero que me piden como multa”, dijo, entre resignado y bromista, Santiago Aurand, el empleado cesanteado tras un sumario que considera injusto por muchas razones. La primera es que cuando se sustanció estaba con licencia psiquiátrica. Otra, es que las causas del despido están sostenidas en un decreto de 1979. Y finalmente el trabajador dijo que el trabajo tiene errores de forma, como haber sido sustanciado en Buenos Aires y no en Quines, donde está su lugar de trabajo.

Aurand, radicado en San Francisco del Monte de Oro, donde ejerce la docencia, tenía a su cargo las tareas de extensión del INTA en el norte provincial. Fue así que se relacionó con pequeños productores, artesanos, realizadores de dulces, campesinos y dueños de huertas, muchos de los que lo acompañaron en la protesta del lunes.

“Todos los cargos que obtuve fue porque me presenté a los concursos y los gané, compitiendo lealmente y legalmente”, dijo el profesional que durante cuatro años estuvo a cargo de la agencia del INTA con sede en Quines.

Hace un año comenzaron los conflictos entre Aurand y las autoridades provinciales del organismo, que tiene la base de operaciones en Villa Mercedes. Las primeras discusiones con los superiores tuvieron como respuesta las bajas de las calificaciones de Santiago y la persecución lo llevó a pedir una licencia psiquiátrica.

Fue la profesional de la Salud Mental que lo atendió en ese periodo quien le recomendó al ingeniero que no regresara al INTA debido al ambiente tóxico que allí se establecía, aunque le dijo que como en la escuela donde clase, Arnaud se sentía cómodo, regresara a sus labores como profesor de Física. Esa situación fue la que encontraron los superiores del organismo para sacarle al empleado la fuente de ingreso.

El decreto establecido por la dictadura militar prohíbe a los funcionarios que tienen licencia psiquiátrica a tener otros trabajos.

Pero no solo en esa acción se circunscribió lo que el ingeniero considera una persecución. “Me citaron dos veces a una reunión con Medicina laboral en Buenos Aires, pero lo hicieron a mi correo electrónico del INTA, que como estaba de licencia, no abrí”. La falta de conocimiento a la convocatoria podría haberse subsanado –entiende Santiago- si sus jefes directos le avisaban de la medida, una situación que, por otra parte, está explícitamente mencionada en los mails. “Los enviaron con copia para mis superiores y les pidieron que arbitren las medidas para que me enterara y no lo hicieron”, acusó.

En medio de todo el problema y con la gestión de Javier Milei en pleno desguace del Estado Nacional, Aurand tomó la decisión de pedir el retiro voluntario. Fue allí cuando se enteró que le habían armado un sumario, por lo que tampoco pudo recibir ese beneficio.

La protesta del lunes consistió en una manifestación pacífica de productores que conocieron a Santiago y se ofrecieron a acompañarlo con música y aplausos. “Hicimos una protesta sin molestar a nadie –dijo el despedido, padre de dos hijos-, cuando el semáforo se ponía en rojo, los artistas se ponían en la calle y otros productores repartían panfletos”.