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El Gobierno intervino una escuela de Mercedes y sigue su avance contra las autogestionadas

Fue la por la renuncia de toda la comisión directiva. Reconocieron en el Gobierno que no habían detectado algunas irregularidades en el Estatuto. Una de ellas permitía que algunos miembros de la comisión cobraran. 

Por redacción
| Hace 4 horas

La renuncia de la totalidad de la comisión directiva de la escuela Autogestionada 10 “Maestro escultor Vicente Lucero”; de Villa Mercedes, agregó un conflicto más en el área de Educación del Gobierno Provincial. La respuesta inmediata del estado fue intervenir el organismo e iniciar un proceso de incierto porvenir.

 

 

Luego de una serie de irregularidades que derivaron en la crisis institucional, el Gobierno cargó las responsabilidades sobre la Asociación Civil Educacional Knowledge Innovation, responsable de la autogestión en el establecimiento. La medida fue dictada por la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia y publicada en el Boletín oficial esta semana.

 

 

La escuela queda en el complejo habitacional La Ribera, a pocas cuadras de "La Pedrera" y fue una nueva víctima de un proceso que el ministerio de salud practica desde el principio de la gestión: el desgaste a los establecimientos educativos de régimen autogestionado.

 

 

El inicio de la resolución gubernamental fue la denuncia de dos miembros la comisión en la que acusan al organismo de no presentar balances, ni convocar a asamblea ni hacer reuniones de comisión directiva. Dijeron las denunciantes además que las decisiones se tomaban sin debate y que el manejo financiero era autoritario y sin ningún control. Otra de las acusaciones era que el personal que se tomaba no era por concurso sino elegido según el nivel de familiaridad con las autoridades.

 

 

En medio aparece un detalle que observa el modo en que se manejan algunos organismos del Gobierno Provincial. Muchas de las actividades que realizó la comisión estaban amparadas por el estatuto, que había sido aprobado por la dirección de Personerías Jurídicas sin el debido control. Al ente gubernamental no le quedó más que aceptar esos errores.

 

 

El más grave es un apartado que permite que algunos cargos de la comisión sean remunerados. Un detalle que los funcionarios no detectaron a tiempo. La reacción que tuvo el estado fue nombrar a dos delegados normalizadores que en 15 días tendrán una tarea titánica por delante, con el agravante, según dijeron algunas fuentes de la escuela que no tienen  ningún conocimiento en educación.

 

 

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