La desesperación de una madre que pide el traslado de su hijo hace más de dos meses

Hace 80 los días que el hijo de Mariela Bernales está internado en el Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de Villa de Merlo, lejos de su casa, de su familia y del tratamiento especializado que necesita. El joven se encuentra en el entramado burocrático de trámites, llamados, esperas en oficinas y preguntas sin respuestas. Solo silencios. Mientras tanto, la desesperación de la mujer es evidente: “Mi hijo se está apagando”, dice.

El joven padece esquizofrenia y en noviembre atravesó un brote que terminó en una escena violenta y dolorosa. En medio de la crisis, el muchacho apuñaló por la espalda a su madre en la vivienda que la familia tiene en el barrio Estación Conlara, en Santa Rosa. “Soy la madre, pero también fui la víctima”, indica Mariela, que todavía hoy convive con las secuelas físicas y emocionales de ese momento. Aun así, no duda: “No es un delincuente, es un paciente”.

Según explicó la mujer su hijo tiene domicilio en Mar del Tuyú y es afiliado a PAMI en esa jurisdicción. “PAMI de Buenos Aires exigió que trasladen a su afiliado, pero PAMI de Merlo sigue dando vueltas y se sigue negando, el paso del tiempo para mi hijo es grave porque está en un hospital común, sin atención especializada y el encierro lo está empeorando. Está peor de como ingresó, yo hablo con él y es imposible entenderle lo que trata de decir”.

La mujer recordó que cuando pidió el traslado, en la delegación de PAMI en Merlo respondieron que lo dope y lo suba al auto, “como si fuera una bolsa de papas”. “Eso te destruye, no están viendo a una persona, están viendo un problema que quieren sacarse de encima”, expresó.

Cuando el joven quedó internado en el Madre Catalina, de la obra social le dijeron que el lapso no iba a superar los cinco días. Y al buscar responsables de la situación, la mujer no duda ni un instante: “No es un problema médico ni judicial, sino administrativo y tiene nombre, PAMI de Villa de Merlo”.

Después de la agresión de noviembre pasado, el joven quedó internado por protocolo médico y bajo custodia en el hospital público, pues la Fiscalía de género ordenó que fuera  trasladado en esas condiciones.

Bernales señala que lo que ocurre es una violación directa a la Ley Nacional de Salud Mental. “La ley dice que mi hijo tiene que estar cerca de su familia, que el tratamiento tiene que ser digno. ¿Dónde está eso?”, se preguntó.

Cansada de no ser escuchada, decidió exponer el caso públicamente. No por bronca, sino por desesperación. “Con el psicólogo nos pusimos de acuerdo en hacerlo público, en viralizarlo, para que alguien actúe, yo ya no tengo adónde ir”, relató.