El caso Lucero llega a organismos de derechos humanos por las condiciones de encierro

Las denuncias por las condiciones de detención de Anabela Lucero en la Penitenciaria de San Luis sumaron pedidos de intervención ante organismos nacionales. Sus abogados, Esteban Bustos y Adriel Cabello, informaron que presentaron un nuevo habeas corpus por el agravamiento del encierro y solicitaron la actuación urgente del organismo nacional de prevención de la tortura.

El reclamo coloca bajo cuestionamiento el trato que recibe Lucero en el Servicio Penitenciario dirigido por Karina Mantelli, dentro del área de Seguridad que encabeza Nancy Sosa. Los defensores sostuvieron que permanece aislada mientras atraviesa un problema de salud que requiere estudios y podría demandar una intervención quirúrgica.

Según explicaron, la sanción fue aplicada por haber tocado el mouse de una computadora durante una audiencia con el juez de Garantías. La defensa pidió suspenderla de inmediato por su situación médica y comunicó al juzgado tanto el cuadro de salud como la difusión de imágenes de una entrevista profesional.

Los abogados también informaron una comunicación a la Agencia de Acceso a la Información Pública y anunciaron que pondrían los hechos en conocimiento de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En paralelo, anticiparon una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para determinar quién filmó y quién hizo circular el video.

La distinción es relevante: en la conferencia dieron por presentado el habeas corpus y por solicitada la intervención urgente, mientras que describieron la denuncia penal y la comunicación a la Procuración como próximos pasos.

Bustos y Cabello sostuvieron que la exposición de la reunión vulnera la intimidad de Lucero y la confidencialidad de su defensa. También cuestionaron el monitoreo permanente que, según denunciaron, soporta dentro del penal.

“No pedimos un trato diferencial, nosotros pedimos un trato igualitario”, expresaron. Recordaron que Lucero cumple prisión preventiva y que no tiene una condena.

La presentación reúne dos reclamos: que se investigue la circulación de imágenes reservadas y que se revisen de manera urgente las condiciones de detención. Para la defensa, el deterioro de la salud exige una respuesta que no puede quedar subordinada a la sanción penitenciaria.