Abel Ortiz: el STJ confirmó las absoluciones y la causa sigue sin condenas tras doce años

El Superior Tribunal de Justicia de San Luis rechazó el recurso de casación presentado por la Fiscalía y dejó firme la absolución de los tres acusados de asociación ilícita en la investigación derivada de la desaparición de Roque Abel Ortiz. A doce años de aquella noche de septiembre de 2014, el caso emblemático de Villa Mercedes queda sin cuerpo, sin condenas y sin justicia penal.

Uno de los casos policiales más oscuros de Villa Mercedes volvió a quedar sin responsables penales. El Superior Tribunal de Justicia de San Luis rechazó el recurso de casación interpuesto por el fiscal de juicio Néstor Lucero y confirmó la absolución de María Alejandra Espinosa, Marcelo Acevedo y María del Carmen Vázquez, los tres imputados por asociación ilícita en la causa que se originó tras la desaparición de Abel “Pochi” Ortiz.

La resolución, confirmada en las últimas horas, deja firme el polémico veredicto dictado el 18 de noviembre de 2024 por el Tribunal de Juicio de Villa Mercedes. Aquella resolución había sido por mayoría y generó un profundo rechazo en la familia y en la sociedad mercedina. El tribunal estuvo integrado por Sandra Ehrlich, como presidenta, María Eugenia Zabala Chacur y José Luis Flores, con Héctor Lazzari a cargo de la secretaría.

Por mayoría, con los votos de Zabala Chacur y Flores, el tribunal resolvió absolver por el beneficio de la duda a los tres acusados del delito de asociación ilícita. Hubo disidencia de Sandra Ehrlich, quien sí los consideró autores penalmente responsables y votó por la condena.

La Fiscalía había solicitado penas severas en su alegato. Para Marcelo Acevedo había pedido diez años de prisión e inhabilitación como jefe organizador; para Alejandra Espinosa, diez años de prisión como organizadora; y para María del Carmen Vázquez, cinco años de prisión como coautora. La querella de la familia Ortiz, representada por Bautista Rivadera, había adherido a ese pedido.

Tras la absolución, el fiscal Lucero presentó formalmente un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia para dejar sin efecto el fallo. La medida buscaba revertir una sentencia que puso bajo la lupa incluso la metodología del juicio. Durante el debate, solo la jueza Ehrlich mantuvo una presencia física constante en Villa Mercedes, mientras que Zabala Chacur y Flores asistieron presencialmente solo dos jornadas y siguieron el resto por videollamada desde San Luis. Incluso estuvieron ausentes físicamente el día de la sentencia, por falta de medios para trasladarse.

Ese recurso, presentado en los primeros días posteriores a la feria judicial, fue finalmente declarado inadmisible y rechazado por el STJ, con lo que la absolución queda firme en la órbita provincial.

La investigación se originó tras la desaparición de Roque Abel Ortiz, de 35 años, denunciada en septiembre de 2014. Ortiz fue visto con vida por última vez el 16 de septiembre de 2014, cuando salió rumbo a un gimnasio. Según consta en la causa, su expareja, la peluquera Alejandra Espinosa, lo pasó a buscar cerca de las 21 en el triángulo del barrio La Ribera y lo llevó hasta el barrio Jardín del Sur para ver una casa. Esa fue la última vez que alguien, fuera de los imputados, lo vio con vida.

Para la Fiscalía, el relato de Espinosa, según el cual lo dejó en la esquina de Guayaquil y Lisandro de la Torre, no se pudo corroborar de ninguna manera. A partir de allí, según la acusación, se desplegó una coartada que incluyó a María Vázquez, quien incorporó a una testigo, Nancy Calderón. Vázquez la llamó pasada la medianoche del 17 para comer pizzas y luego le pidió que declarara que había estado con Espinosa esa noche.

El hecho ocurrió durante la gobernación de Claudio Poggi, entre 2011 y 2015. La causa judicial determinó que Abel fue víctima de homicidio, pero el cuerpo nunca fue hallado. Ante la imposibilidad de juzgarlos por la desaparición sin cuerpo, el Ministerio Público Fiscal, con el instructor Leandro Estrada a la cabeza, los procesó por asociación ilícita, como integrantes de una organización que cometía delitos contra la propiedad y que, según la acusación, liberaba zonas y filtraba información para desviar la investigación.

“Debe haber un pronunciamiento condenatorio como una forma de instrumentar y legitimar el Derecho Penal”, había dicho el fiscal Estrada en su alegato. “Hace 11 años la familia está buscando una respuesta definitiva”, sostuvo el querellante.

La defensa, en cambio, argumentó que la asociación se sostuvo en conjeturas y no en evidencias, que no había certezas y que no se pudo acreditar la participación dolosa de los acusados.

Con el rechazo del STJ, la causa Abel Ortiz queda, a doce años de aquella noche de septiembre de 2014, sin cuerpo, sin condenas y sin justicia, como tituló la prensa mercedina. La familia Ortiz, que había anunciado que no apelaría y que dejaba todo en manos de la justicia de Dios, ve cerrarse así la vía penal provincial.

Queda abierta ahora solo la posibilidad de un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.