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La sociedad anestesiada y el ejercicio de la violencia

Cuando el adormecimiento se prolonga, el despertar no llega como toma de conciencia sino como choque con la realidad. Y ese despertar, casi siempre, es brusco, doloroso y tardío.  Por Alejandro Olmos Gaona 

Por redacción
| Hace 3 horas
La detención del padre Paco en la última marcha de los jubilados. Foto NA

Algo profundo y alarmante está ocurriendo, y no solo en el plano institucional o económico, sino en el corazón mismo de la vida cívica: una anestesia social que adormece la capacidad de reacción frente a hechos que, en cualquier otro momento de nuestra historia reciente, habrían provocado una conmoción generalizada.

 

 

Es que no estamos frente a una sucesión de errores, desprolijidades o excesos aislados. Estamos frente a un proceso coherente, deliberado y sistemático de demolición política, institucional y cultural, que avanza al amparo de un fenómeno tan inquietante como decisivo: una sociedad anestesiada, incapaz —o renuente— a reaccionar frente a lo que tiene delante de los ojos.

 

 

La pobreza y las múltiples formas de precariedad que atraviesan a los argentinos no comenzaron con Milei. Son el resultado de décadas de fracasos, desigualdades acumuladas y vicios políticos que para muchos se habían vuelto insoportables. En ese contexto, su elección expresó, para una parte de la sociedad, la expectativa de un quiebre, la esperanza de erradicar prácticas que habían degradado la vida pública. Sin embargo, lejos de terminar con esos vicios, el nuevo gobierno los reprodujo y los profundizó.

 

La corrupción no desapareció: cambió de ropaje. Las negociaciones con la llamada “casta” no cesaron: se intensificaron como mecanismo de cooptación y disciplinamiento. Aquello que se prometía combatir fue adoptado y adaptado a las nuevas formas del poder, demostrando que el problema no era solo un sistema previo que se venía a combatir, sino la intención de implementar un modelo sectario y excluyente, en beneficio de un sector reducido de la sociedad,

 

 

Para llevar adelante ese proyecto, que comenzó con algunas dificultades legislativas, cuando se rechazó la llamada “Ley Bases”, fue necesario comenzar a violentar el Estado de derecho a través de un mega decreto (70/2023), para que Milei tuviera una variedad  de facultades, no solo para modificar normas legales que impedían su decisión de llevarse todo por delante, sino que a partir de ahí y una hábil política negociadora con legisladores dialoguistas, y otros dispuestos a ser cooptados por la nueva fuerza libertaria, se pudo comenzar a instrumentar la idea de comenzar a erosionar las instituciones, hasta llegar al objetivo final de destruir al Estado, como lo explicitara reiteradamente.

 

Es así que se gobierna por decreto como norma, no como excepción. El Congreso ha sido degradado a ser una escribanía ocasional, convocado solo cuando resulta funcional al Ejecutivo. Se acaban de habilitar mecanismos que permiten detener personas por agentes encubiertos, erosionando garantías básicas que costaron décadas de luchas, retrotrayéndonos a zonas oscuras de nuestra historia. Y todo esto ocurre sin que se active un rechazo social proporcional a la gravedad de los hechos. Parecería que el silencio mayoritario es la única respuesta, como si el conformismo se hubiera apoderado de las personas, que siguen sus diarias rutinas, sin que nada de lo que pasa los interpele

 

 

El sometimiento a los Estados Unidos ya no es implícito ni diplomático: es explícito, contractual y humillante. Un acuerdo firmado hace apenas unos días obliga a la Argentina a una gigantesca cantidad de compromisos, cede soberanía jurisdiccional, subordina organismos de control nacionales y limita su accionar en favor de estructuras que funcionan bajo normas, intereses y lógicas ajenas. No se trata de cooperación: se trata de subordinación. No se trata de pragmatismo: se trata de entrega. El pacto Roca- Runciman, y las “ relaciones carnales de Menem”, se han convertido en anécdotas, porque se trató de claudicaciones limitadas, y no lo que se está instrumentando hoy.

 

 

En paralelo, más de 350.000 puestos de trabajo se han perdido entre el sector público y el privado. Familias enteras empujadas a la incertidumbre mientras la deuda pública continúa creciendo, desmintiendo el dogma del “ajuste virtuoso”. El sacrificio es siempre para los mismos, mientras el relato insiste en una épica del sufrimiento necesario que jamás alcanza a los sectores concentrados del poder económico. No es la “ casta” la que sufre los ajustes ni las nuevas condiciones que se imponen, sino los sectores más vulnerables de la sociedad, que cada vez más se ven enfrentados a una realidad que los deteriora cada día más y que no saben como podrán afrontar lo que venga.

 

 

El presidente, lejos de comprender la dimensión del daño social, exhibe una conducta frívola, provocadora y cínica. Se divierte mientras los incendios devastan vastas regiones de la Patagonia, como si la tragedia ambiental y humana fuera una molestia secundaria, un asunto menor, un daño colateral tolerable en su cruzada ideológica La insensibilidad se vuelve política de Estado, se convierte en rasgo identitario del poder.

 

 

Como una característica propia del ejercicio de las dictaduras, que jamás admiten el disenso, y el cuestionamiento a las políticas que implementan, se ha creado un ente en una red social —ni siquiera en el marco institucional correspondiente— para sancionar la opinión divergente bajo el pretexto de combatir “falsedades”. Es la antesala de la censura, el ensayo general de un control discursivo que no busca la verdad, sino la obediencia. El disenso deja de ser parte del juego democrático para convertirse en una falta punible. A partir de allí se puede llegar a cualquier extremo, y como ocurre siempre los que en su momento criticaron políticas del kirchnerismo, para controlar opiniones, cuestionándose y riéndose de los opositores (el conocido 6,7,8 es un ejemplo), hoy guardan silencio sepulcral sobre esta nueva maniobra del gobierno para enfrentar y silenciar cuestionamientos.

 

 

A pesar de la precariedad que muestran funcionarios del gobierno, la ignorancia de diputados y senadores libertarios y afines sobre cuestiones puntuales, la mentira descarada de la que hacen gala muchas veces, este proyecto no se sostiene solo en el desmantelamiento institucional: se sostiene en la violencia. Una violencia ejercida de múltiples formas y con creciente naturalización. La represión contra los jubilados que se movilizan por ingresos dignos es brutal y sistemática. Personas mayores, empujadas por la inflación y el abandono, son reprimidas con gases, golpes y empujones por reclamar lo mínimo para sobrevivir. El mensaje es claro: protestar tiene un costo, incluso cuando se trata de quienes han trabajado toda su vida.

 

 

Periodistas que cubren movilizaciones son agredidos, hostigados y baleados con armas “no letales”. Se los golpea, se los intimida, se los señala como enemigos. No se trata de excesos aislados de las fuerzas de seguridad, sino de un clima habilitado desde arriba, donde informar se convierte en una actividad riesgosa, que en muchos casos tiene consecuencias de extrema gravedad, como lo ocurrido hace meses, con una niñita gaseada, y el fotógrafo Pablo Grillo, cuya salud sigue siendo dificultosa, por la violencia se la agresión que sufrió por parte de las fuerzas represivas, ya que llamarlas de seguridad, sería un eufemismo, e ignorar la bestialidad con las que se manejan.

 

A esta violencia física se suma una violencia discursiva constante, ejercida desde el propio Poder Ejecutivo. El lenguaje del presidente y de su entorno no busca argumentar ni convencer: busca descalificar, humillar, degradar. Se insulta, se estigmatiza, se construyen enemigos internos, se animaliza al adversario, se promueve el odio como forma de vínculo político. Cuando el lenguaje se vuelve violento, la violencia material deja de ser una anomalía y pasa a ser una consecuencia lógica de tales expresiones, que en un momento parecieron moderarse, pero que en los últimos tiempos han vuelto a ejercer su carga destructiva, sobre aquellos, que pueden cuestionar actos y decisiones del gobierno.

 

 

El presidente Milei prometió controlar la inflación y, al no lograrlo, decidió alterar las estadísticas públicas. El mismo recurso que decía venir a erradicar reaparece, ahora legitimado por el cinismo y la impunidad. A esto se suma un hecho de extrema gravedad: su participación en una criptoestafa, donde jamás respondió preguntas que se le hicieron, y no hizo llegar ningún descargo a la Comisión Investigadora del Congreso, Muy por el contrario, los legisladores que le responden hicieron lo imposible para trabar la investigación. Y sobre este tema que sigue silenciado no estoy hablando de la promoción irresponsable de un negocio a través de su cuenta de X, sino de  la firma de un contrato cuya reciente aparición expone su involucramiento directo. La justicia, lejos de actuar con independencia, elige no ver, no investigar, no incomodar. La complicidad judicial se vuelve un pilar silencioso del régimen.

 

 

Como el gobierno no se detiene antenada que puede obstruir el camino hacia la destrucción que pretende, con el pretexto de “modernizar” la legislación laboral, se avanza en una ofensiva directa contra derechos históricos, precarizando aún más a los trabajadores en un contexto de creciente desigualdad. Los bonos jubilatorios permanecen congelados pese a la inflación, condenando a millones de adultos mayores a una vida indigna. Y como si nada fuera sagrado, se desconoce incluso la voluntad de la donante del sable del Libertador, vulnerando un símbolo fundacional que expresa algo más profundo: el desprecio por la memoria, por los pactos, por los límites. Sería demasiado largo seguir exponiendo muchas de las desventuras que se viven, pero algunos de los ejemplos que he citado creo que son suficientemente ilustrativos sobre lo que se propone Milei.

 

 

Lo verdaderamente perturbador es el silencio. Todo esto, que en otros momentos habría generado crisis políticas, movilizaciones masivas y escándalos mediáticos, hoy se diluye en una normalización peligrosa. La oposición no ofrece un proyecto alternativo; se fragmenta, se adapta, se vuelve funcional. Crece la figura del “dialoguista”, que no dialoga, sino que negocia sometimiento. En ambas cámaras del Congreso se trafican votos a cambio de cargos, favores y transferencias discrecionales a gobernadores dispuestos a entregar lo que sea necesario con tal de sostenerse.

 

 

La extorsión mediática se perfecciona mediante ejércitos de trolls e influencers pagos que disciplinan, insultan y demonizan al disidente. No buscan convencer: buscan intimidar. No buscan debatir: buscan callar. El miedo y el cansancio se convierten en herramientas de control social.

 

 

No estamos solo ante un gobierno que prometió destruir al Estado y está cumpliendo. Estamos ante algo más profundo y peligroso: un proyecto que apunta a vaciar las instituciones, neutralizar los controles, erosionar la democracia desde dentro y dejarla reducida a una cáscara formal, sin sustancia ni contenido. Lo más grave es que este proceso avanza sin resistencia proporcional. Como si la sociedad estuviera bajo anestesia. Como si se hubiera aceptado que todo es inevitable, que nada puede hacerse, que la degradación es el precio que debe pagarse por una ilusión de orden. Esa pasividad no es inocente: es el terreno fértil donde crecen las peores derivas autoritarias.

 

 

Ingmar Bergman llamó el huevo de la serpiente a ese momento histórico particularmente peligroso en el que el mal todavía no se ha desplegado en toda su brutalidad, pero ya está allí, a la vista de todos: es incipiente, visible, incluso denunciable, y sin embargo no genera una reacción colectiva proporcional. Es el tiempo en que las señales de alarma aparecen una tras otra, pero aún parecen tolerables; cuando advertir resulta “exagerado”, cuando denunciar suena a dramatización y cuando mirar para otro lado se vuelve una forma cómoda de adaptación. Es también el momento en que muchos, menos avisados o deliberadamente engañados, siguen aferrados a promesas de un supuesto “futuro de grandeza”, creyendo que el daño presente es un sacrificio transitorio y necesario. Precisamente ahí radica el mayor peligro: en confundir la incubación del autoritarismo con una etapa pasajera. Ese es, exactamente, el punto histórico en el que hoy nos encontramos.

 

 

Una sociedad anestesiada asiste pasivamente a su propio despojo, mientras confunde resignación con sensatez y silencio con prudencia. El apoyo al presidente no nace de una reflexión crítica ni de un análisis informado de la realidad, sino de una mezcla peligrosa de ignorancia inducida, resentimiento cultivado y rechazo a la política entendida como construcción colectiva. Allí donde debería haber debate, hay consignas; donde debería haber conciencia, hay fe ciega; donde debería haber ciudadanía, hay seguidores.

 

 

La historia no deja lugar a dudas: los procesos de degradación democrática no irrumpen de un día para otro, avanzan mientras la sociedad mira, relativiza y se adapta. Cuando el adormecimiento se prolonga, el despertar no llega como toma de conciencia sino como choque con la realidad. Y ese despertar, casi siempre, es brusco, doloroso y tardío. Entonces ya no se trata de advertir ni de debatir, sino de sobrevivir a las consecuencias. Y casi siempre, cuando ese momento llega, ya es demasiado tarde.

 

 

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