Propuesta para discutir un modelo productivo para San Luis

El objetivo de este documento es poner en discusión entre diversos sectores políticos, productivos y del trabajo, un modelo provincial que, a partir del año 2027, contrarreste las nefastas consecuencias que los gobiernos nacional y provincial están derramando sobre nuestra provincia.

San Luis atraviesa un momento que demanda reflexión y propuestas concretas. La situación económica actual, marcada por el ajuste de las políticas públicas, tanto a nivel nacional como provincial, y la contracción de la actividad, evidencian que los modelos que exclusivamente priorizan el equilibrio fiscal por sobre el empleo, el salario y la inversión pública generan resultados insuficientes para el desarrollo genuino de nuestras comunidades.

El supuesto superávit financiero provincial, alcanzado mediante la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores estatales (maestras, policías, empleados en general) y la parálisis de la obra pública, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de un crecimiento que deja afuera a amplios sectores de la población.

Ante este escenario, resulta necesario proponer alternativas fundadas en principios que, simultáneamente con el equilibrio de las cuentas provinciales, enfaticen en las cualidades de la de justicia social y el desarrollo sostenible (lejos de ser imposible, San Luis ya demostró que puede lograrse, basta revisar las estadísticas entre 2015 y 2023).

Un modelo que coloque el trabajo y la producción como ejes centrales, que valore nuestros recursos naturales sin caer en el extractivismo irresponsable, y que busque el equilibrio de las cuentas públicas sin sacrificar a quienes menos tienen.

El empleo privado como eje del desarrollo

La experiencia histórica demuestra que no hay estabilidad macroeconómica duradera sin pleno empleo. Los datos oficiales muestran que, si bien el desempleo al 3er trimestre de 2025 fue de 3,2%, era del 2,3% en 2023 y pasó al 4,1% en 2024. En este sentido hay que tener en cuenta que quienes pierden su empleo registrado y sus derechos, apenas encuentran sustituto en trabajos precarizados sin ningún tipo de contención.

Un modelo productivo para San Luis debe articular el empleo público y el privado en una estrategia de desarrollo integral. El Estado puede ser el motor de la inversión privada genuina, aquella que genera puestos de trabajo registrados, con salarios dignos y derechos laborales, diferenciándola de los empleos precarios que carecen de toda protección social.

Con acompañamiento estatal, créditos accesibles y un esquema impositivo previsible y justo, el sector privado puede crear miles de puestos de trabajo de calidad. Se requiere un Estado provincial que promueva y facilite la inversión productiva.

Minería: riqueza para las generaciones presentes y futuras

La explotación de los recursos mineros de San Luis debe contemplar un marco que garantice beneficios para la provincia y sus habitantes.

Un modelo minero responsable implica dos elementos fundamentales. Primero, la explotación debe contar con control estatal provincial y asociaciones con empresas nacionales y extranjeras, asegurando que la renta minera permanezca en San Luis. Segundo, la minería debe desarrollarse "a la medida de nuestras posibilidades": evitando la megaminería a cielo abierto con cianuro que destruye cuencas hídricas, y optando por una explotación selectiva, de menor escala, compatible con la preservación de las Sierras Centrales, fuente del 80% del agua que consumimos.

La Ley Provincial IX-0727-2010 declara zona protegida a las Sierras Centrales por ser el lugar donde nacen nuestros ríos. Esta norma, lejos de ser un obstáculo al desarrollo es una garantía de sostenibilidad. La minería en San Luis debe respetar la vegetación y fauna nativas, evitar sustancias tóxicas, restituir el agua utilizada y generar obras de infraestructura y desarrollo local al concluir su ciclo.

Equilibrio fiscal con desarrollo

El equilibrio de las cuentas públicas es un objetivo necesario, pero no puede alcanzarse sobre la base de la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores. En San Luis, el empleo público creció en las últimas décadas acompañando el crecimiento poblacional (aproximadamente 23% entre los censos 2010 y 2022, muy por encima de la media nacional) y la consecuente demanda de servicios. Ahora, el ajuste fiscal recae sobre esos trabajadores que sostuvieron la provincia durante años.

Un modelo productivo sostenible combina tres elementos: eficiencia en el gasto, eliminando duplicaciones y burocracia innecesaria, pero manteniendo la calidad de los servicios esenciales; ampliación de la base imponible mediante el crecimiento real de la economía, no mediante aumentos de impuestos sobre quienes ya cumplen; y captación de la renta extraordinaria de sectores exportadores y mineros para reinvertirla en obra pública productiva.

Reforma tributaria progresiva: menos carga para quienes menos tienen

El sistema tributario provincial de San Luis requiere una transformación que ponga la equidad en el centro de la recaudación. Actualmente, el 80% de los ingresos propios de la Provincia proviene del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, un tributo que grava indistintamente a grandes corporaciones, pequeños comerciantes y trabajadores autónomos. El Impuesto Inmobiliario mantiene montos que impactan con similar severidad sobre jubilados y grandes propietarios, mientras que el Monotributo Social —que debería facilitar la formalización— se ha convertido en una carga para muchos.

Una reforma tributaria progresiva debe invertir esta lógica:

1. Alivio impositivo para las pymes y el trabajo autónomo

Las pequeñas y medianas empresas constituyen el motor del empleo en San Luis. Se propone reducir la alícuota de Ingresos Brutos para pymes industriales, agropecuarias y de servicios que facturen hasta determinado monto y/o generen empleo, estableciendo una escala progresiva que gravite más a quienes más ganan. Los microemprendimientos y monotributistas sociales deben acceder a un régimen simplificado con montos mensuales menores a los actuales, eliminando la barrera que los empuja a la informalidad.

Podría, por ejemplo, establecerse un período de gracia de dos años de exención total de Ingresos Brutos para nuevas pymes que se instalen en la provincia y generen empleo registrado, y un régimen de devolución de IIBB para empresas que inviertan en capital de trabajo, maquinaria o ampliación de instalaciones.

2. Progresividad real en el Impuesto Inmobiliario

El Impuesto Inmobiliario debe dejar de ser un monto fijo que afecta por igual a todos los propietarios. Se propone una escala progresiva donde quienes poseen inmuebles de mayor valuación paguen proporcionalmente más, mientras disminuya o se elimine el impuesto para jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos y habiten su única propiedad, así como para quienes residan en barrios populares.

3. Captación de la renta extraordinaria

La renta minera extraordinaria debe captarse mediante regalías progresivas que aseguren que la explotación de recursos naturales deje en la provincia una parte sustancial de la ganancia.

4. Estímulo al consumo interno

Reducir los impuestos a las pymes y a los sectores de menores ingresos no es un gasto: es una inversión. Cuando un comerciante paga menos impuestos, puede contratar un empleado más.

Cuando un jubilado no destina parte de su pensión al Impuesto Inmobiliario, ese dinero circula en el mercado local, comprando alimentos, medicamentos y servicios. La recaudación no se pierde: se transforma en actividad económica, empleo y crecimiento.

Los sistemas tributarios progresivos, lejos de ahuyentar la inversión, la potencian al generar un mercado interno dinámico. San Luis puede ser pionera en una reforma que demuestre que es posible equilibrar las cuentas públicas sin aplastar a quienes menos tienen.

Hacia un modelo de desarrollo integral

San Luis cuenta con recursos para el desarrollo: a una ubicación privilegiada en medio del corredor bioceánico se suman tierra fértil, minerales estratégicos, energía solar potencial, turismo de calidad, una población trabajadora y educada y un alto nivel de infraestructura. Lo que se necesita es un proyecto político que organice estos recursos en beneficio de su población.

Se proponen las siguientes líneas de acción:

1. Un plan de obras públicas que reactive la construcción, el empleo y la circulación económica, financiado con recursos propios y/o con endeudamiento con organismos internacionales, sin condicionalidades y con baja tasa de interés.

2. Un régimen de promoción industrial y minera que exija contrapartidas en empleo local, transferencia tecnológica, desarrollo de pymes locales y respeto ambiental.

3. Generar las condiciones para convertir a San Luis en un centro de logística a nivel nacional, dada su infraestructura construida en décadas de desarrollo y su ubicación geográfica privilegiada.

4. Aprovechar las capacidades instaladas de la ULP para incentivar la relación con empresas nacionales e internacionales de tecnología de punta, generando las condiciones impositivas necesarias para su instalación en nuestra provincia y generen empleo y capacitación local, transferencia tecnológica y desarrollo de pymes locales.

4. Creación de un mercado concentrador mayorista de frutas, verduras y demás productos que facilite la provisión de los minoristas de la provincia, evitando que tengan que desplazarse hasta Río Cuarto o Mendoza, mejorando los costos y su traslado a precios.

5. Reconversión de la empresa Sol Puntano en una firma eficiente, ampliando la producción. Con una mayor distribución de su mercadería en el ámbito provincial (posiblemente en convenio con las grandes cadenas de supermercados) determinados productos Sol Puntano podrían contribuir a morigerar algunos de los efectos de la inflación. Es importante recalcar que siempre la empresa debe ser autosustentable, sin necesidad de recurrir a las arcas provinciales una vez que se pongan en funcionamientos sus nuevas capacidades.

6. La preservación de las Sierras Centrales y las cuencas hídricas, declarando zona de protección especial para la megaminería con sustancias tóxicas.

7. La recuperación del poder adquisitivo salarial como política de Estado, entendiendo que el consumo interno es motor del crecimiento.

8. Una reforma tributaria progresiva que reduzca impuestos a pymes y sectores de menores ingresos, elimine el Impuesto Inmobiliario para jubilados de haberes mínimos y establezca alícuotas diferenciadas que favorezcan la producción sobre la especulación.

9. Adecuar la política turística de San Luis, para permitir optimizar la explotación de sus atracciones naturales, en materia de infraestructura, capacitación y servicios, de manera de llevarla a los más altos estándares nacionales e internacionales.

El desafío es construir un modelo de desarrollo que ponga la economía al servicio del pueblo de la provincia, generando empleo de calidad, distribuyendo equitativamente la riqueza y preservando los recursos naturales para las generaciones futuras. Ese es el camino que San Luis necesita transitar.