Picco presidente y Poggi bajo sospecha de dirigir detrás del sello radical
Amondarain habló de “tutela” y una afiliada cuestionó el procedimiento. La proclamación tiene preguntas que responder.
José Picco apareció en la publicación como nuevo presidente de la UCR de San Luis. El ex diputado Carlos Alberto Amondarain dejó debajo una frase que arruinó el tono de celebración: “Sigue el circo con la tutela de Poggi”. Pocas palabras para una acusación política concreta: que el radicalismo cambia de autoridades, pero sigue condicionado por el gobernador.
El comentario lleva el nombre de un exdiputado provincial radical, padre de Gonzalo y Diego Amondarain (El Caburé). El propio Poggi recordó públicamente esa trayectoria y ese vínculo familiar en 2014. La crítica tiene detrás un apellido con historia en el partido y relaciones con el poder provincial.
“Tutela” sería una palabra incómoda para cualquier conducción que pretenda exhibir autonomía. En este caso, además, obliga a mirar una relación política concreta: Picco y Juan Álvarez Pinto son funcionarios de Claudio Poggi. Esa coincidencia no demuestra sometimiento, pero vuelve pertinente una pregunta: ¿en qué asuntos está dispuesto este radicalismo a plantarse frente al gobernador?
Una afiliada agregó otro cuestionamiento, dirigido a las reglas internas. Según su lectura de la Carta Orgánica, el presidente debe ser elegido indirectamente por un Comité Ejecutivo formalmente convocado y constituido, una vez concluidas las elecciones y el mandato de las autoridades actuales. “Nada de eso ha ocurrido”, sostiene.
Su planteo es directo: cómo puede elegir presidente un comité que, según afirma, todavía no está constituido, pasando por encima de otro que continúa en funciones. Y acusa a los “autoproclamados” de despreciar las normas y la ética política.
La conducción tiene una respuesta pendiente frente a esa objeción: mostrar qué órgano decidió, cuándo lo hizo, qué norma aplicó y desde cuándo produce efectos la proclamación. La publicación invoca un aval judicial a las actuaciones de la Junta Electoral. Precisar qué resolvió la Justicia permitiría establecer si ese aval responde al cuestionamiento o si se están mezclando decisiones distintas bajo una misma celebración.
Los señalamientos exponen el problema político que Picco deberá enfrentar: explicar la legitimidad del procedimiento y demostrar que la presidencia trae capacidad de decisión propia.
Porque tener autoridades proclamadas no contesta todo. Un partido también debe poder discutir con sus aliados, defender sus reglas y sostener una posición cuando al Gobierno le incomoda. Allí se mide cuánto vale su conducción.
Picco ya tiene el anuncio. Ahora le toca mostrar si también tiene el mando.
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