Lesa humanidad: la fiscalía pidió perpetua a 14 acusados

Los fiscales federales Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid coincidieron en parte con el pedido de penas que realizaron los abogados querellantes el pasado 30 de octubre y solicitaron al Tribunal Oral Federal integrado por Héctor Cortés, Marcelo Alvero y Oscar Hergott, que condene a prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua con accesorias legales y costas a 14 imputados. La lista de los acusados que ambos consideran como los mayores responsables de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (marzo 1976-diciembre 1983) en la provincia son: Miguel Ángel Fernández Gez, Raúl López, Carlos Alberto Ozarán, Carlos Alemán Urquiza,  Armando Nicolás Martínez, Carlos Esteban Plá, Luis Mario Calderón, Juan Amador Garro, Nelson Humberto Godoy, Higinio Rafael Robles, Roque Rubén Rodríguez, Benjamín Jofré, Juan Carlos Pérez y Luis Alberto Orozco.
En el caso de los últimos dos si bien la fiscalía solicitó 22 años de cárcel, como ya cumplen una condena anterior de prisión perpetua, la fiscalía pidió a los jueces que las unificaran con esta última. En donde no hubo coincidencias con el pedido realizado por los querellantes Norberto Foresti y Carlos Pereyra Malatini, porque solicitaron menores penas, fue en el caso de Ángel Borzalino (22 años e inhabilitación absoluta y perpetua), Alberto Jorge Moreira, Ricardo Alfredo Rossi, Horacio Ángel Dana,  Omar Lucero, Jorge Félix Natel, Rafael Enrique Leyes, Vicente Moreno Recalde, Hugo Ricardo Cremonte y Oscar Guillermo Rosello (18 años con inhabilitación absoluta y perpetua).
Tampoco para Santos Palma que fue de 16 años, inhabilitación absoluta y perpetua, uno menos (15) requirieron para Pedro Gil Puebla y Marcelo González Moure. 12 años e inhabilitación por otros 10 fue la solicitud para Enrique Ortuvia Salinas y al médico Andrés García Calderón sólo le reclamaron 4 años de prisión e inhabilitación por el  doble del tiempo que dure su condena.
Para todos los casos, Rachid dijo que “los hechos perpetrados presentan aspectos claramente agravantes”. Y destacó que luego de un año de debate oral y público “quedó acreditado que todos los imputados cometieron delitos desde el aparato estatal contra la población civil por fuera de la ley”. Tanto él como Spagnuolo señalaron que “hubo una actuación promiscua” en la mayoría de los casos que luego explicaron así: "los imputados estaban en todos lados: secuestraban, torturaban, mataban y los desaparecían”. 
Rachid desestimó el “carácter ideológico que se le pretendió dar a este juicio en general, y también a este pedido de condenas, de parte de los defensores y acusados. Acá no estamos defendiendo una forma de pensar en particular, lo que pretendemos es castigar una manera de imponerse a sangre y fuego por medio de la utilización del aparato estatal. Tampoco estamos acá para reivindicar la ideología de las víctimas, ni de persona alguna. En todo caso estamos para delimitar el derecho que tenían los ciudadanos de expresarse con absoluta libertad y en el marco de un Estado de derecho”. También insistió en que “si en aquel momento alguien realmente cometió un delito tenía derecho a un juicio con todas las garantías de la ley”.