Luján: castigan a los padres por los delitos que cometieron sus cuatro hijos

El dolor de cabeza para los padres de cuatro chicos de entre 14 y 16 años que hurtaron mercadería de un negocio de Luján no se agotó en el penoso trámite de tener que ir a buscarlos a la comisaría del pueblo y darles una reprimenda. Ellos también tendrán una penitencia: la Policía les hizo un acta por no cumplir con su deber de vigilar a los menores y en los próximos días el juez Correccional y Contravencional de San Luis, Marcelo Bustamante Marone, les impondría una sanción.

En menos de tres meses el juzgado Correccional y Contravencional ya recibió más de mil causas.

Este caso de imputación a los padres por “omisión de vigilancia” es visto con buenos ojos por quienes reclaman que de algún modo los mayores a cargo respondan por las acciones de sus hijos menores cuando éstos cometen un delito, ante el impedimento legal de que los autores, por su edad, sean castigados.

El Código Contravencional no es nuevo en la provincia de San Luis. Pero antes su aplicación era potestad de los jueces de instrucción penal, que centraban su labor en los casos más graves y no atendían las causas llamadas “menores”.

Ahora, la aplicación de esa norma es posible en la práctica gracias a la creación de juzgados que tienen competencia exclusiva en contravenciones y en delitos menores, llamados correccionales, castigados con penas de hasta cuatro años de prisión.

Desde que asumió en el flamante cargo, el 20 de marzo de este año, el juez Bustamante Marone ya dictó tres condenas contra tutores que descuidaron su obligación de vigilar a sus hijos, lo que derivó en que los menores “llevaran a cabo alguna actividad ilícita”, reveló ayer el magistrado a El Diario de la República.

El artículo 64 del Código Contravencional establece para el infractor una sanción que puede consistir en una multa o entre cinco y quince días de trabajo comunitario. Pero en los dos casos en los que la sentencia ya está firme, el juez obligó a los mayores responsables a asistir a la escuela para padres creada en el Ministerio de Inclusión.

“Dadas las particularidades de cada caso, entendimos que era más conveniente sustituir la pena fijada en forma específica”, explicó Bustamante Marone.

Señaló que “son cuatro padres en total y su obligación implica ir por tres meses, como una instrucción especial, a esa escuela donde van a tratar de fortalecer el vínculo familiar”.

“Hemos corroborado –reveló– que no existía quizá una desatención por parte de ellos, sino que pese a los esfuerzos no lograron enderezar la conducta de su hijo, en especial en uno de los casos”.

El juez entiende que con la imposición de asistir a la escuela del Ministerio de Inclusión, les dan “la oportunidad de buscar alternativas para mejorar el vínculo y evitar que caigan en hechos delictivos”.

En el tercer caso, fueron condenados los tutores de un menor de Mendoza que estaba temporalmente en San Luis. En esa causa la sentencia todavía no está firme.

Bustamante Marone aclaró que no les adjudican una responsabilidad penal a los progenitores por los delitos que cometen los hijos, pero con las sanciones buscan que “esa conducta de descuido no quede en nada”.

Una mala noticia

En el caso de Luján, los padres de los adolescentes quedaron muy apenados por la acción de sus hijos, devolvieron los bienes hurtados y colaboraron sin reticencias con la investigación, informó el jefe de la Comisaría 35ª, oficial principal Luis Floriani.

Sólo uno de los menores ha estado antes involucrado en hechos delictivos. No son familiares, sólo amigos, y viven en distintos barrios. Uno trabaja con su papá en un negocio cercano al comercio donde robaron, el polirrubro “La Vivi”, ubicado en Centenario sin número, esquina Juan T. Lucero. Otro vive a la vuelta.

“Son chicos que van a la escuela, tienen una vida normal, familias bien constituidas, nada más que en la noche se dedican a deambular”, dijo el policía.

Algo los tentó a delinquir. Entraron por el ventiluz del negocio, sin violentar ninguna cerradura o seguro, y se apoderaron de dos bafles, dos celulares, cuatro relojes, dos linternas, dos cuchillos de caza y otros artículos.

Con la colaboración de vecinos, la Policía logró dar con los autores del robo, señaló Floriani.

Y cuando hablaron con los padres, de inmediato entregaron la mercadería, que ya fue devuelta a la comerciante por orden de la jueza de Familia y Menores Nº 2 de San Luis, Viviana Oste.

Ahora tendrán que afrontar la sanción que les imponga el juez Contravencional.