Asesinato de Romina Aguilar: las contradicciones de su esposo Diego Lorenzetti

Puede ser cierto que Romina Aguilar sospechaba que era hija no reconocida de Alberto Leyes, el adversario político de su esposo, Diego Lorenzetti. Eso dijo el viudo el miércoles pasado, cuando amplió su declaración indagatoria ante el juez Penal Nº 1, Sebastián Cadelago Filippi. El rumor ya rodaba en el pueblo. Y trascendió también en San Luis luego de que la joven de 32 años fue asesinada de dos balazos en la puerta de su casa, del barrio Faecap, de la capital, el sábado 30 de enero de este año. El miércoles, el viudo, procesado como supuesto autor intelectual del crimen, dijo que él no tuvo nada que ver y que seguramente el interés de su esposa por saber si era descendiente de Leyes motivó a éste a pagar para que la mataran. En la versión del acusado hay algo tan llamativo que hace pensar que no es verdad: hasta la semana pasada, cuando presentó al juez esa historia, en un escrito preparado por su abogado, Carlos Salomón, el viudo nunca había dicho que ése podía ser el móvil.

Hay algo innegable. El mismo día del homicidio, cuando el cadáver de Romina todavía estaba tibio, ya su esposo mencionaba a la familia de su adversario como sospechosa. La prontitud con que los acusó, cuando todavía no estaba en claro la motivación del asesinato, llamó la atención tanto como el hecho de que Lorenzetti se opuso a que llamaran una ambulancia, minutos después de que balearon a su mujer.

En los días posteriores le dio entrevistas a cuanto medio local o nacional lo consultó. Y siempre, sin nombrarlos, señaló a sus contrincantes de la arena política. Pero jamás mencionó que su esposa tuviera pensado comprobar su supuesta filiación con Leyes para reclamarle una herencia, como dijo en la indagatoria del miércoles.

El "detalle olvidado"

Para justificar la omisión hasta entonces de tan significativo dato, Lorenzetti refirió, en el escrito preparado por su defensor, que sus anteriores abogados, Rodolfo Mercau y Rafael Berruezo, le habían impedido hablar de eso.

“Es una mentira de Lorenzetti, yo por lo menos nunca le dije que no dijera eso, él nunca me lo dijo”, aseguró ayer Berruezo, consultado por El Diario.

“Confiando en la veracidad de sus dichos –abundó–, siempre le dije que declarara todo lo que tenía que decir”.

El ex defensor del funcionario preso señaló que el acusado “culpaba a los Leyes, pero siempre por la cuestión política”.

“La verdad, no entiendo cuál es la estrategia de afirmar que no le dejábamos decir tal cosa, cuando yo siempre le aconsejé ‘decí todo y aportá todo lo que sepas”, agregó.

Berruezo reveló otro dato que aumenta la suspicacia en torno a la versión instalada en la última indagatoria del intendente. Johana Mattuz, hermana de Romina, tampoco mencionó, cuando declaró como testigo, que la chica anduviera averiguando qué bienes tenía Leyes para reclamarle una herencia en caso de comprobar que fuera su hija.

“En su testimonial, Johana dijo claramente que hasta que Diego se dedicó a la política, la hija de Leyes, Ivana, era muy amiga de Romina. Y que Ivana le decía que se hiciera el ADN, pero Romina no quería”, recordó el letrado.

Pero resulta que “el otro día salió diciendo (Nota de Redacción: fue el martes pasado, en una conferencia de prensa) que su hermana quería hacerse el análisis y, de confirmar que era hija de Leyes, pensaba hacerle un juicio por daños y perjuicios”.

Una supuesta lucha de la chica por su verdadera identidad no es una cuestión menor. Y no podría haber escapado al conocimiento de su esposo, máxime si, como aseguran Lorenzetti y sus cuñados, la pareja mantenía una excelente relación.

Sin embargo, confirmó ayer una fuente de tribunales que conoce la causa al dedillo, “en el intercambio de mensajes entre Lorenzetti y Romina, recuperados a través de una pericia que se hizo en La Plata, no hay ninguna alusión a la supuesta campaña que habría iniciado la joven por su filiación”. Ni recomendaciones de él, un esposo supuestamente amoroso, de que se cuidara por considerar “peligrosos” a los Leyes, como los calificó Lorenzetti.

Amenazas no probadas

A la prensa, el ahora suspendido intendente le contó que sus adversarios lo amenazaban.

La jueza Penal Nº 3, Virginia Palacios, quien llevó adelante la investigación del caso hasta mediados de marzo, sostuvo en una resolución que “no existe ni un solo mensaje recuperado de su celular (el de Lorenzetti) al que se le pueda atribuir tenor amenazante hacia su persona o familia”. También destacó el hecho de que, pese a las afirmaciones públicas del viudo, “no hay constancias de la existencia de denuncias o presentaciones que el imputado haya hecho por esas intimidaciones que manifestó haber recibido”. Todos los testigos dijeron saber de las supuestas amenazas políticas sólo por los dichos de Lorenzetti. Y admitieron que no les constaba.

La hipótesis de un crimen político, alimentada por el viudo, “no encuentra ningún respaldo o sustento probatorio y, por el contrario, resulta una clara maniobra por parte del indagado tendiente a desviar la investigación y frustrar los fines del proceso”, consideró Palacios cuando lo procesó por el homicidio triplemente agravado de su esposa.

En ese pronunciamiento, la magistrado enumeró otra serie de pruebas que fundamentaron su decisión de señalarlo como el autor intelectual del asesinato.

El idilio ficticio

Horas después del hecho, en las entrevistas periodísticas, el intendente de La Calera pintó tener una relación prácticamente idílica con Romina, con quien había empezado a salir cuando ella era adolescente. Dijo que pasaban “su mejor momento” como pareja. Aseguró que, salvo alguna diferencia menor, propia de la vida matrimonial, no tenían conflictos. Aseveró que ella esperaba un bebé, una circunstancia que, días después, los investigadores judiciales descartaron a través de estudios anatomo-patológicos. Tan bien estaban, lamentaba Lorenzetti por aquellos días, que se la mataron justo cuando se iban a ir de vacaciones junto a Hernán, su hijo de 14 años.

Esas manifestaciones chocan de frente con la actitud que el viudo adoptó desde el momento en que vio a su mujer tirada en la vereda, agonizante.

Una vecina que auxilió a la víctima vio que el esposo “no se acercó ni la tocó. Agarró su celular, marcó un número y fue para la esquina de su casa y hablaba”. La testigo declaró que en eso salió una chica corriendo y llorando desconsolada. Pero Lorenzetti, inmutable, le dijo “ya está, ya está muerta”.

Unos instantes después, mientras un policía pedía una ambulancia, Lorenzetti “le decía ‘no llamés más a la ambulancia, no ves que ya está muerta, no llamés a nadie, si ya la mataron (…) yo soy el intendente de La Calera, no hagan nada, ya está muerta’”, narró la vecina.

Otro testigo aseveró que él y su esposa vieron que Romina se movía muy despacio y le dijeron a Lorenzetti que la cargara en un vehículo y la llevara al hospital. Él le respondió que esperaría la ambulancia. Un tercer testigo describió el accionar del viudo en similares términos que los otros.

Según la impresión de algunos investigadores, la apariencia que Lorenzetti buscaba dar de su matrimonio era parte de la imagen pública que se esforzaba en construir: la de un hombre sin dobleces, honesto, en todo ceñido a la ley.

El análisis de los mensajes intercambiados por teléfono entre el intendente y su mujer le permitió a la jueza Palacios “determinar la preexistencia de un perfil del encausado que dista mucho del que se quería hacer notar puertas afuera de la relación con Romina (…) verificándose a priori el constante reclamo por parte de esta última, la presunta existencia de episodios de violencia y el presunto conocimiento de la víctima de hechos cuya exposición pública perjudicaría a la persona de Lorenzetti, al punto tal de saberse en otro mundo”, detalló la magistrado en los fundamentos de la resolución del procesamiento de Lorenzetti.

Por lo que se puede deducir de esas comunicaciones, ella le hacía reproches porque él se ausentaba de la casa, por sus salidas y porque sospechaba que tenía amantes. Lo acusaba de tener dos caras, por un lado, “el san diego ayuda a la gente” –le decía– y, por otro, en la intimidad familiar, un hombre miserable que no le prestaba atención al hijo y a ella y que no le daba dinero para los gastos usuales. Romina lo amenazaba reiteradamente con revelar cosas que sabía de él. Para los investigadores, eso que ella conocía y que decía que iba a ventilar por Facebook, o por la radio, era alguna actividad posiblemente non sancta, en la que ella tenía algún tipo de participación. En uno de los mensajes, por caso, ella se quejaba de que él le usaba su vehículo –la Renault Duster negra que había sacado del garaje de su domicilio cuando fue sorprendida por los matadores– para sus cosas.

Hasta el día de hoy, la familia directa de Romina avala los dichos del viudo. Esto es, que con Romina no tenían problemas y que la joven no era víctima de maltrato por parte del esposo. Aún lo califican como una buena persona y ponen las manos en el fuego por él. Lo creen inocente.

El brasileño contó todo

Cuando se presentó ante la jueza Palacios, ya decidido a confesar su participación en el crimen y a señalar a Leandro “El Bocón” Vílchez como su cómplice en la ejecución, y a Lorenzetti como el autor intelectual, Edivaldo De Oliveira Pereira, el jinete brasileño que le corría los caballos al intendente, aseveró que “el trabajo” tuvo una promesa de pago: 100 mil pesos. Dos días antes del hecho, el viudo pidió en préstamo esa suma, confirmaron los investigadores.

Quien le prestó ese dinero  declaró en tribunales. Comentó que ya había hecho negocios con Lorenzetti y que unos días antes del homicidio, en la misma semana, éste lo llamó por teléfono y le dijo que necesitaba ese dinero. Le explicó que su hermano, que estaba en Arrecifes, Santa Fe, había atropellado con una moto a una chica y tenía que pagar un abogado y la prótesis para ella. El prestamista le contestó que no tenía esa plata, y Lorenzetti le pidió que por favor se la consiguiera.

Lo logró: un amigo suyo, un comerciante de San Luis capital, puso los billetes. A cambio, Lorenzetti le entregó cheques por ese mismo valor y los papeles de su camioneta, una Volkswagen Amarok gris, en garantía.

En el escrito donde fundamentó el procesamiento del viudo, la magistrado consignó que ésas no fueron las únicas personas a las que contactó antes del crimen para que le prestaran dinero. A otro comerciante, que le respondió que no tenía plata, le dio otra explicación de para qué necesitaba la suma. Le dijo que tenía un hermano en Buenos Aires, que había atropellado “a una chica o dos”, al que iban a meter preso, porque le faltaba el carné.

El jueves 10 de marzo, es decir, un día antes de que la jueza resolviera su situación procesal, el intendente se jugó la última carta: amplió la declaración indagatoria ante Palacios. En una extensa audiencia, el detenido intentó derribar las sospechas apuntaladas en distintos indicios. Uno de ellos fue para qué había solicitado los 100 mil pesos.

Su abogado de entonces, Rodolfo Mercau, contó al finalizar la audiencia que Lorenzetti, en realidad, había pedido préstamos por una suma mayor. Él y su compañero en la defensa, Rafael Berruezo, refirieron que el intendente explicó que a ese dinero lo usó en la construcción de viviendas sociales en La Calera, para pagarles a empleados que intervinieron en un festival del pueblo y para abonar las prótesis de una nena de Nogolí. “Todo (está) con comprobantes, que han sido presentados hoy”, dijo aquel día Mercau.