Los bloques de diputados provinciales de Compromiso Federal y el Frente Para la Victoria reclamaron un rápido tratamiento, en la Cámara baja, de la Ley de Emergencia en Seguridad. El proyecto, impulsado por el Gobierno, recibió la media sanción en Senadores a fines del año pasado, pero su debate quedó trunco en la Cámara baja porque la oposición exige remover algunos puntos del texto para dar quorum.
La futura norma otorga facultades al Ejecutivo durante un año para avanzar en una amplia reforma de las fuerzas de seguridad, ya que fija la potestad de reasignar funciones y destinos al personal de la Policía de la Provincia, Programa de Seguridad Vial, Programa Concertación con la Comunidad y Programa San Luis Solidario, Servicio Penitenciario. También permite declarar la jubilación, el paso a retiro, o la prescindibilidad de agentes. Y lo habilita a convocar y reincorporar al personal de la Policía de la Provincia que esté retirado o jubilado.
Una arista adicional del proyecto marca que el Ejecutivo podrá intervenir las comisarías o dependencias policiales “cuando por razones fundadas resulte necesario” y “particularmente cuando en el ámbito de la jurisdicción se cometieren delitos reiterados o sospecha de irregularidades operativas y administrativas”.
El proyecto también establece una especie de cláusula de control, ya que señala que las comisiones de Seguridad de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, “deberán ser informadas trimestralmente por el Poder Ejecutivo, a efectos del control y supervisión de la aplicación de la ley, y en particular de toda decisión tomada en relación a la disponibilidad y prescindibilidad del personal policial”.
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