Las zonas francas pelean por mejorar su realidad

Las zonas francas siempre fueron motivo de polémica en la Argentina, quizá porque las autoridades de todos los colores políticos nunca llegaron a entender de qué se tratan estos espacios tan particulares, con algunas leyes impositivas distintas al territorio general y una potencialidad enorme para desarrollar las economías regionales.

Por eso costó tanto a través de los años lograr un desarrollo que termine justificando su instalación. Ni siquiera los exitosos ejemplos de países vecinos como Chile o Brasil ayudaron a que las zonas francas puedan ser un verdadero motor de la economía. Su competencia territorial siempre temió que sus facultades tributarias crearan una inequidad en el tratamiento comercial  y ejercieron un fuerte lobby para quitarles importancia. Tampoco los gobiernos supieron sacarle provecho a una idea esencial para dinamizar la actividad empresarial y terminaron agobiándola con controles aduaneros superiores incluso a los que ejercen fuera de su perímetro. Entonces las zonas francas languidecieron a través de los años, quedando como grises espacios de acopio, sin chances de darle agregado de valor a las mercaderías allí depositadas.

Potrero de los Funes fue sede la semana pasada de un encuentro nacional del que participaron delegados de todas las zonas francas del país excepto la de La Pampa, una ausencia que levantó polvareda y fue atribuida a ciertos beneficios especiales que tiene ese espacio ubicado en General Pico, un comentario que fue la comidilla de la reunión organizada en el Salón Mercosur del Hotel Internacional.

La reunión, organizada por San Luis Logística, tuvo como objetivo primordial analizar el proyecto de ley sobre zonas francas que ya está en el Congreso Nacional y que promete revalorizarlas luego de años de ostracismo. Tiene la autoría de los senadores nacionales Héctor Luenzo (Buenos Aires) y Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), quien envió un par de asesores a Potrero de los Funes para seguir atentamente las discusiones, que giraron sobre las modificaciones que los delegados quisieron agregar a la normativa antes de su tratamiento en ambas cámaras.

 La apertura estuvo a cargo de Graciela Corvalán, la titular de San Luis Logística, quien apuntó a que el encuentro "sea un empujón para conseguir lo que buscamos hace tiempo, que no es otra cosa que convencer a los gobiernos que las zonas francas son un instrumento valioso, una oportunidad de desarrollo para las economías regionales". La funcionaria agregó que aspira a que "pasen de ser espacios de acopio a otros más completos, en los que se pueda hacer agregado de valor a las mercaderías".

Antes de internarse en el tratamiento del proyecto de ley, los delegados tuvieron diez minutos cada uno para exponer cuál es la realidad de cada zona franca que funciona en la Argentina. Y fue notable escuchar cómo los problemas se repetían más allá de la ubicación geográfica o la organización de cada zona franca, ya que algunas están concesionadas y otras, como la que San Luis tiene en Justo Daract, dependen de las administraciones provinciales.

Así, por ejemplo, Lisandro Ganuza, de Bahía Blanca, reconoció que ese espacio "no alcanzó a cubrir las expectativas", que tenían al momento de su inauguración. Está en la zona de Puerto Rosales, la de mayor calado del país, pero apenas cuenta con 20 usuarios. Es un ente autárquico, tiene un concesionario y un inconveniente básico: "No somos ni la Patagonia, ni La Pampa, estamos a mitad de camino", dijo Ganuza, quien aspira a "tener un estatus como el de San Luis, que tiene puerto, zona franca y logística incorporada en una sola unidad".

Una posibilidad para ellos es armar un polo tecnológico, ya que hay buenas universidades en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero se quejó de que "a veces el régimen aduanero tiene mejores condiciones que la zona franca y esto se da porque la ley, que es muy antigua, recibió demasiados parches que permiten que haya estas anomalías con las que hay que terminar".

El mito de la competencia desleal

Otro bonaerense, Juan Pablo Justo, de la zona franca de La Plata, la más grande del país, hizo una de las exposiciones más interesantes. Dijo que son "herramientas con muchos años y poco éxito, la paciencia es una característica que tenemos todos los que trabajamos dentro de ellas. Basta con sólo pensar que la ley es de 1907 y recién fue reglamentada en los '90". Por eso para Justo será fundamental que, si logran una buena ley, "no tropezar con viejos errores, como por ejemplo desaduanar a cien kilómetros por normativa de la AFIP, que es de menor rango, o necesitar de declaraciones juradas de importación (los temidos DJAI's) para ingresar a la zona franca. Nosotros no somos territorio aduanero, no se sabe si la mercadería va a entrar al país".

El delegado platense aseguró que vio "muchos clientes llegar, pegar el portazo e irse a un país limítrofe porque tienen leyes mejores que la nuestra. Los proyectos fracasan cuando le exigís a un cliente que toda su mercadería vaya al exterior".

En su carácter de asesor del senador Luenzo en el nuevo proyecto de ley, pidió "entender la frontera aduanera, la ventaja la tiene la exportación. Cuando el producto entra a la góndola ya tributamos. Por eso creo que la ley atacará el problema de fondo, para dejar de tener zonas francas rengas".

Justo negó que la zonas francas sean competencia desleal: "Es un mito, tenemos la actividad más fiscalizada y 'blanca' de toda la economía, incluso estamos perjudicados por normativas perversas como la que le permite a la Aduana declarar bultos y a nosotros nos exige declarar stock. Las zonas francas son un instrumento de comercio exterior que convierte a las pymes en exportadoras. Tenemos que lograr una ley que mire lo bueno que hicieron Chile y Uruguay, y ver qué queremos nosotros".

Otro claro ejemplo de que las zonas francas en el contexto actual no funcionan lo dio Gonzalo Boveri, de Mendoza. Su gestión, como parte del gobierno mendocino, comenzó en 2010 por una emergencia y se tuvo que quedar porque las licitaciones posteriores fueron declaradas desiertas. "Tenemos una gran estructura, pero poco mantenida. Apuntamos a procesos productivos locales, como el vino, pero chocamos con el problema de que el corcho, la etiqueta y otros insumos son importados, entonces estamos atados al exterior", contó.

Boveri cree que "sin cambios de fondo a la ley actual no llegarán las inversiones porque hay mucho riesgo. Tenemos problemas con las tipificaciones y nomenclaturas que impone la Aduana, entonces los clientes se nos van a Chile, porque en Iquique tienen las cosas mucho más claras".

Otros delegados, como el misionero Marcelo Achucarro, apuntaron a cuestiones específicas de su región, pero también vinculadas a los problemas de nomenclatura que tienen con la Aduana. "Comercializamos pallets y nos figura como aserrín, así no nos sirve. Tuvimos que despedir personal durante el kirchnerismo, porque estaba cerrada la exportación".

Un ejemplo de administración distinta tiene Santa Fe, cuya zona franca la maneja un grupo logístico que también opera en el puerto de Nueva Palmira, en Ramallo y en Paraguay. Está ubicada en un sector portuario vecino a la planta de la siderúrgica Acindar, pero aún así no logra arrancar. "Somos un país carísimo que no acepta el principio básico de la capitalización. Hoy los únicos capitalizados son los camioneros y los dueños de barcos", expresó Fernando Molinari, quien les pidió a sus colegas comenzar a trabajar con un concepto de red. "Deben funcionar mancomunados la Aduana, la Policía y los concesionarios", reflexionó antes de ejemplificar que "un flete corto destruye el negocio, no puede ser que un contenedor puesto en Hamburgo cueste 800 dólares y uno a La Plata salga 1.100 dólares". Según su óptica, "una zona franca vende beneficios, no características, pero esos beneficios hoy no los tenemos, entonces no hay negocio".

El broche final a las exposiciones lo dio Daniel Moreno, un especialista en zonas francas que asesora a varias de ellas, incluida la de San Luis.

Moreno se mostró ilusionado por el hecho de que "es la primera vez que el Poder Ejecutivo y el Legislativo trabajan en conjunto para cambiar una ley que es obsoleta y depende de la Aduana y sus interpretaciones. Marcos Peña, el jefe de Gabinete, ya dio el sí para seguir adelante con la normativa, así que es un buen síntoma".

De todas maneras, más allá del texto definitivo que apruebe el Congreso, cree que hay que poner toda la atención en la reglamentación: "Debe tener las pequeñas que no hay que dejar pasar y que hablamos en esta reunión. Las zonas francas, contrariamente a lo que se cree, tienen pocos beneficios. El cliente es un ratón en un laboratorio y encima dentro de una caja de cristal", ejemplificó. Por eso está convencido que para un mejor desarrollo, "deben tener acceso a la tecnología de punta, avanzar en robótica o genética, así se acercarán los que quieren exportar".

Los cambios en la ley

A la hora del análisis de la normativa, los delegados dejaron asentadas en el documento final las modificaciones que desean y que serán transmitidas a los senadores que la impulsan. Pidieron que se mantenga en el artículo 2 la posibilidad de habilitar sub zonas como un derecho preexistente; aclarar que se restringe el ingreso "al territorio aduanero general" (artículo 6) y también agregar la frase "la actividad agrícola y cualquier otra actividad productiva y de servicios..." (artículo 6 bis).

También propusieron cambios en el artículo 13, que está referido a las funciones que el Comité Federal de Zonas Francas Argentinas, que ejercerá el poder de superintendencia, tanto en las zonas francas ya establecidas como en las que en el futuro pudieran radicarse en otras provincias.