Maturano: la defensa en jaque por el rechazo de dos pruebas

Las bases de la defensa de Iván Jiménez, único acusado por el homicidio del veterano de Malvinas Jorge Andrés Maturano, parecen ceder cada vez más; hundirse en un terreno no propicio. En la audiencia de ayer, la cuarta desde que inició el debate oral, cinco policías defendieron el allanamiento que la defensora de Cámara Claudia Ibáñez pretende invalidar para favorecer al imputado, por lo que quedan pocas chances de que el tribunal haga lugar a su planteo de nulidad. Y no sólo eso. Los jueces de la Cámara del Crimen 2 rechazaron un documento que la letrada presentó un día antes con la finalidad de probar que el celular hallado en la casa de los padres del sospechoso no pertenecía a la víctima; tampoco le permitieron pedir nuevamente un informe a la Municipalidad de San Luis, donde solía trabajar Jiménez, con la pretensión de buscar excusas de por qué dejó de asistir tras el crimen.

Las pruebas centrales contra Jiménez son la tarjeta de débito de la víctima, hallada semi quemada en el patio de la casa de sus familiares, en el barrio San Martín norte, y un celular marca LG igual al que le robaron a Maturano, secuestrado en el mismo domicilio.

Pero esos no fueron los únicos elementos que el entonces juez de Instrucción 2, Jorge Sabaini Zapata, tuvo en cuenta para ordenar su detención y luego procesarlo por el asesinato.

Los investigadores de la División Homicidios también habían recabado el dato de que el acusado desapareció de los lugares que solía frecuentar, incluida la fábrica de mosaicos y blocks en la que trabajaba, y hasta que pensaba irse de San Luis, según surgió del análisis de las escuchas telefónicas a los nueve números intervenidos por los investigadores en setiembre de 2016.

En la clandestinidad, Iván se mantenía al tanto de la investigación a través de su madre y de una sobrina, que le informaban por teléfono las novedades del caso y el movimiento de la Policía en los barrios en los que solía moverse.

Él les pedía que se quedaran tranquilas y a su vez, perdón por lo que había hecho.

Pero esas pruebas secundarias son indiciarias. Ninguna tan categórica como la tarjeta magnética en la que aún se lee el apellido Maturano.

El lunes, el testigo Francisco Donato explicó cómo llegaron a ella los investigadores, legitimando indirectamente el procedimiento. Ayer, la subcomisario Lorena Martínez, la oficial Ruth Montesino y el oficial principal Diego Albornoz detallaron cómo se hizo el secuestro y descartaron que haya habido irregularidades.

El oficial Franco Becerra, que peritó el plástico hallado, reconoció el elemento secuestrado y aseguró que, según su análisis, no hay lugar a dudas de que la tarjeta es auténtica.

Presentismo

En el inicio del juicio, Francisco Maturano, hijo de la víctima, lloró luego de que le exhibieran el teléfono móvil secuestrado. Si bien aclaró que puede haber miles del mismo color y modelo, y que no reconoce la funda flúor que tiene actualmente, dijo que ese podía ser el teléfono de su padre.

Anteayer, Ibáñez presentó la copia de una factura de compra de un celular para demostrar que un familiar del presunto homicida lo había comprado antes de que ocurriera el crimen. El martes agregó una copia certificada de la empresa Claro para reforzar esa prueba, pero el tribunal le rechazó ambas.

Ante su insistencia, el camarista Fernando De Viana le dijo que podía guardar esa prueba para un posible recurso de apelación tras el fallo.

Quizás por ello, y luego de escuchar a los policías, que socavaron su idea de un procedimiento ilegal, la defensora de Cámara centró sus esfuerzos en interrogar a Julio Jolivot, compañero de trabajo de Jiménez en la fábrica de cerámicos de la Municipalidad de San Luis, a Rodolfo Olguín, en ese entonces su capataz, y al director de Vialidad Municipal, que pidió declarar sin la presencia del imputado ni público por miedo a represalias.

Varios de ellos habían dicho ante la Policía que Iván dejó de ir a trabajar inmediatamente después del homicidio, así que Ibáñez le pidió referencias de cómo podían asegurarlo e insistió en saber quién y cómo se registraba la asistencia de los empleados.

Otro rechazo

En la segunda audiencia del debate, la secretaria de Cámara, Griselda Murcia, leyó un documento enviado por el Municipio en respuesta a un oficio enviado por el tribunal. Ese informe detalla que el 11 de julio, día del crimen, y el 12 el acusado no acudió a su puesto de trabajo pero presentó un certificado médico; que el 14 y 15 faltó sin previo aviso; que el 18 y 19 hizo uso de una licencia anual y que del 25 al 29 se ausentó sin motivo.

Desde la Intendencia también anexaron un detalle con los registros del lector de huellas digitales que está en la entrada al corralón, que guarda en su memoria el horario de ingreso y egreso de los empleados, pero allí sólo figura que Jiménez acudió a trabajar el primero de mes y el día 4.

Ibáñez remarcó ayer que en el oficio enviado al Municipio también se solicitaba una copia del legajo del acusado, que le interesa para saber qué tipo de documentación contiene y si allí están los certificados médicos correspondientes a los días 11 y 12 de julio.

Molesto por los sucesivos pedidos y por preguntas que consideró impertinentes, De Viana le negó la posibilidad de enviar un nuevo oficio y le aclaró que debió haberse quejado por la ausencia del legajo cuando leyeron el informe la primera vez.

El debate pasó a un cuarto intermedio para hoy, con posibilidad de alegatos y veredicto.