Testimonios de familias que recurrieron a la Justicia Federal

Estos son algunos testimonios de afiliados que nunca pensaron terminar en Tribunales pidiéndole a un juez que los ayude porque su obra social les negaba algún tratamiento para sus hijos. Hernán Broglia es monotributista y tiene un hijo de dos años y 10 meses que a causa de una mala praxis que sufrió al nacer (encefalitis herpética) contrajo un virus que le atacó el cerebro y ahora está impedido de caminar, hablar y escuchar. Hace un año y medio que él, su esposa y su pequeño están afiliados a una obra social sindical y su calvario comenzó hace casi un año cuando le negaron las primeras prestaciones y debió recurrir a la Superintendencia de Servicios de Salud. Su trámite estuvo seis meses dando vueltas pero no obtuvo todas las respuestas que necesitaba; por eso decidió recurrir a la Justicia. Por medio de un recurso de amparo logró que la obra social le reconociera por lo menos las sesiones de fisioterapia, kinesiología y estimulación diarias del pequeño. “Pero después nos empezaron a poner trabas para conseguir el resto del equipamiento que necesita y ahora estamos peleando para que nos den una silla postural que el nene ya requiere con urgencia para dejar de estar postrado”, se quejó Broglia.

Hoy su lucha continúa y aseguró que “todas las semanas les llevo las intimaciones donde el juez les aplica multas diarias por no cumplir con su decisión. Y todavía me miran mal cuando se las entrego. Pero yo les digo que no les estoy pidiendo nada del otro mundo, sino lo que le hace falta hoy a mi hijo para mejorar su calidad de vida. Si ustedes cumplieran, esto yo no lo hago más. Pero hoy no me queda otra”. El joven de 26 años insistió en que esto no lo hace por capricho “sino porque quiero darle lo mejor a mi hijo para cuando crezca”.

Jorge Villegas es padre de dos hijos varones (uno de 16 años y el otro de 10) que nacieron con una enfermedad denominada Trastorno del Espectro Autista (TEA). Por ahora requieren de alguna medicación que no es tan costosa pero sí de un acompañante terapéutico, que si no tuvieran la cobertura de una obra social, de otra manera no lo podrían pagar y eso sí es necesario para que puedan tener una vida relativamente normal. Mientras tuvo trabajo en relación de dependencia, toda la familia estaba afiliada a una empresa de medicina prepaga. Pero cuando perdió el empleo, su contratante le dio de baja y al año de cumplido el convenio que tenía, le negaron la cobertura.

“Durante ese tiempo que no trabajé en la empresa yo iba a pagar todos los meses como cualquier usuario normal hasta que un día me dijeron que los chicos no podían seguir dentro del plan médico. Eso me obligó a buscarme un abogado y hacer una presentación en la Justicia Federal”, contó el hombre.  Aunque logró que se los volvieran a aceptar, dijo que “de tanto en tanto, cuando pedimos algún estudio o medicamento me dicen que hay un error y se genera mucha burocracia”.

Romina tiene 30 años y es la madre de Joaquín Garro (9 años), el primer puntano que recibió un implante coclear cuando apenas había cumplido un año. Su problema fue que nació prematuro, eso le generó que no pudiera desarrollarse de manera óptima y por eso se le declaró una hipoacusia. “Cuando la obra social tenía otro gerente, hasta conseguimos que nos cubriera la operación en Córdoba para que le implantaran el audífono, pero desde hace unos años cuando hubo cambio de autoridades ya no fue lo mismo porque ya no me quisieron cubrir ni lo necesario para el funcionamiento del implante como las baterías, las calibraciones y cuestiones de mantenimiento que todas hay que pagarlas en dólares. Además de que requiere