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Entre la sequía, mezquindades y la falta de respuestas

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Entre la sequía, mezquindades y la falta de respuestas

Carlos Etchepare

La dramática situación de sequía que afecta a una vasta zona productiva del país amenaza con no dar tregua. Pese a esto, hasta el momento, las estimaciones públicas y privadas aseguran que las cosechas de soja y maíz se mantendrán en volúmenes elevados, en tanto que las perspectivas desde el campo parecen indicar que el resultado de la actual campaña será muy difícil para un gran número de productores.

En este contexto, los especialistas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires señalan que hay al menos 13 millones de hectáreas afectadas (soja, maíz y girasol). Según los técnicos del organismo, al menos el 56% de la soja implantada se encuentra en condición regular/mala y el 58% del maíz también en situación regular/mala. De todas maneras, como decíamos, todavía sostienen que la cosecha de soja será de 50 millones de toneladas (MT) y la de maíz, de 39 MT. Sin embargo hay otras estimaciones que indican pérdidas muy superiores a las señaladas y que llegan a los 43 y 35 millones de toneladas, respectivamente.

Pero quedarnos en cuál será el número de producción por ahora no es lo fundamental, el principal interrogante que debemos plantearnos acá tiene que ver con la actitud que debe tomar el Estado ante una situación como la que se vive actualmente con el efecto de la sequía.

¿Qué hacemos con aquellos productores afectados por la seca? ¿Se los debe ayudar desde el Estado? ¿Cómo hacerlo y qué fondos utilizar? Las opciones a primera vista pueden ser dos: por un lado ayudar ante la emergencia y por el otro no hacer nada ya que es parte del riesgo del negocio.

 

Asistir o no asistir, esa es la cuestión

A partir de esta doble posibilidad que tiene el Estado, de ayudar o de mirar para otro lado, es que partimos en el análisis de esta columna. Si pensáramos que el Estado debiera dejar a los productores librados a su propia suerte terminaríamos este texto acá. Pero por el contrario, nuestra opinión es que el Gobierno debe ayudar y asistir a los productores ante situaciones de catástrofe como es una sequía o una inundación, y como lo hace en cualquiera de nuestros países competidores.

Por supuesto que también es necesario debatir la forma en que se debe dar esa ayuda. Pero en la emergencia actual, lejos estamos de llegar a las soluciones ideales y debemos ver cómo nos “arreglamos” con lo que tenemos. Ahora lo que necesitamos es saber de dónde sacar el dinero para hacerlo, y ahí aparecen las cuestionadas retenciones.

Lo primero que hay que destacar, como decimos siempre, es que los derechos de exportación o retenciones que pagan los productores no deberían existir. Pero la verdad es que existen porque muchos gobiernos, de todos los colores e ideologías, los utilizaron. Actualmente en el gobierno de Mauricio Macri se siguen utilizando, y pese a la desaparición del impuesto al trigo y al maíz, todavía tenemos retenciones a la soja y se reimplantaron, por ejemplo, los derechos de exportación al biodiésel.

Esta aclaración sobre las retenciones viene a cuenta de que a partir de este fenómeno que atravesamos con la seca, muchos productores salieron a pedir la eliminación total de las retenciones a la soja para favorecer y ayudar a aquellos que están sufriendo los problemas climáticos.

Pero lo que no entienden esos productores es que si el Gobierno eliminara las retenciones (algo que no va a hacer), no estaría beneficiando a quienes perdieron su producción por culpa del clima, porque esos productores posiblemente no tienen nada para vender. En todo caso estarían beneficiando a aquellos que sí pudieron cosechar. Estos últimos tendrían una doble recompensa, por un lado retenciones cero y por otro mejores precios, producto de la pérdida de sus colegas productores. ¿Está mal que tenga una recompensa después de años de castigo? Claramente no, pero esto no ayuda al que está realmente afectado.

Insistimos, las retenciones no deberían existir, pero la realidad es que hoy existen. Entonces lo que debería hacerse es tomar medidas en torno a esa realidad y no a los deseos de una agricultura sin retenciones.

Otro reclamo que aparece justo en estos momentos de zozobra es para que modifiquen la Ley de Emergencia Agropecuaria. Claro que es necesario que se realicen cambios porque el presupuesto que tiene asignado es de apenas unos 500 millones de pesos, demasiado poco para las 13 millones de hectáreas afectadas. Pero pensar que la modificación de esta ley (por más presupuesto que se le asigne) traerá soluciones inmediatas para los productores, que no pueden ni siquiera cosechar, es una locura.

Primero porque modificar la ley no es tan sencillo y cuando termine llegando esa ayuda (en el caso de que lo hiciera), seguramente el productor que necesitaba respuestas de manera urgente ya ni siquiera se mantenga en la actividad.

La solución ideal para momentos como el actual seguramente pase por algo que este gobierno prometió y que hasta el momento no cumplió: la generación de un seguro multiriesgo.

En todos los países del mundo donde existe el seguro multiriesgo tiene una prima muy elevada, que es abonada en gran parte por el Estado. Entre el 75% y el 80% de la prima es subsidiada por el Gobierno porque para el productor se vuelve inviable contratar un seguro de este tipo por el altísimo costo que significa. Tal vez por este motivo es que aún no se implementó, pero desde el sector productivo no deben dejar de insistir en este punto.

Entonces, si la realidad es que tenemos retenciones, que la Ley de Emergencia Agropecuaria no alcanza y que no tenemos seguro multiriesgo, la duda de cómo ayudar a los afectados por la cuestión climática sigue sin solución. ¿No será momento de plantearnos un mejor destino para esas retenciones que ninguno quiere, pero que existen? ¿No será momento de que el Gobierno les devuelva a los productores aunque sea una parte de lo que les quita cada día?

 

Quiénes ganan y quiénes pierden con la sequía

Si consideramos lo que puede ser la cosecha de soja, los stock remanentes de la campaña pasada y lo que se queda el Estado en concepto de retenciones, tal vez podemos sacar algunas ideas interesantes de qué hacer con esa plata que se les quita a los productores.

En números concretos, esto puede ser lo que pase con la campaña. Si se hubiera mantenido la producción estimada en un principio de 54MT, más los 11MT de stock, tendríamos una oferta total de 65MT. Con un precio que se estipulaba en 360 dólares por tonelada (U$D/Tn), el valor FOB (precio de exportación) de la cosecha hubiera sido de 23.400 millones de dólares y el costo de las retenciones (tomando como promedio anual el 26,5%) de 6.201 millones de dólares (que serían recaudados por el Estado).

Pero claro, como venimos explicando más arriba, esta producción de 54MT ya no está y hasta el momento tenemos por lo menos 3 horizontes posibles:

En el escenario “A” tenemos una cosecha de 50MT, una oferta total de 61MT (el stock es siempre 11 para cada uno de los escenarios posibles), con un precio de exportación de 400 (U$D/Tn), un valor de la cosecha de 24.400 millones de dólares y unas retenciones por un valor teórico de 6.466 millones de dólares.

En el escenario “B”, la producción sería de 47MT, la oferta total de 58MT, el precio de exportación de 415 (U$D/Tn) y el valor FOB de la cosecha alcanzaría los 24.070 millones de dólares. En este caso, las retenciones le dejarían al gobierno unos 6.379  millones de dólares.

En el último de los escenarios, el “C”, la oferta total sería de 55MT, producto de los 44MT que se cosecharían en esta campaña y de los 11MT de stock. En este modelo, el precio de exportación podría ser de 430 (U$D/Tn), el valor total de la cosecha a precio de exportación alcanzaría los 23.650 millones de dólares y las retenciones serían de 6.267 millones de dólares.

De estos posibles escenarios sacamos las siguientes conclusiones. Por un lado, el precio internacional de la soja dependerá fuertemente de lo que suceda con el clima en la Argentina. En segundo lugar, este crecimiento del precio del producto en el mercado internacional compensa el valor total de la cosecha local pese a la caída en la producción. Y, tercero, el ingreso por retenciones para el Gobierno es prácticamente el mismo en cada uno de los escenarios, lo que significa que no sufre ninguna afectación en sus arcas, haya o no haya sequía.

Ahora bien, qué pasa con el precio efectivo que recibirán los productores según cada uno de los escenarios. En la estimación inicial (la única que ya sabemos que no es posible) los productores hubieran recibido 250 U$D/Tn, en el escenario “A” el precio podría ascender a 279 U$D/Tn, en el “B” a 290 U$D/Tn y en el “C” a 301 U$D/Tn.

En este caso, el valor total de la cosecha, para aquellos que la puedan “levantar”, a “precio del productor” hubiera sido de 16.224 millones de dólares en el escenario inicial, de 17.019 millones de dólares en el escenario “A”, de 16.821 millones en el “B” y de 16.558 millones de dólares en el “C”. Esto significa que el dinero a repartirse entre los productores es prácticamente el mismo en cada uno de los escenarios, la diferencia está en el número de productores que efectivamente se van a repartir este ingreso. Los cuales van a ser cada vez menos en cuanto más se profundice la sequía y más cerca del escenario “C” nos encontremos.

Entonces, a estos productores que se están quedando afuera es a los que hay que ayudar. Y si nos guiamos por los modelos expuestos, evidentemente el Estado tiene recursos para hacerlo. Y son recursos que le están dando los productores con el pago de las retenciones. De ahí tiene que salir la ayuda para los que perdieron todo y no pudieron cosechar.

No estamos planteando que el Estado tenga que sacar plata de “su bolsillo”, o que los productores que cosechen tengan que poner más para ayudar a los que no. Estamos diciendo que se utilice parte de la plata que se les va a quitar a los productores que logren cosechar, para ayudar a los que no. No es más que redirigir la utilización de las retenciones. Porque esa plata ya no les pertenece a los productores que la aportan, ahora la administra el Gobierno. Entonces, como las retenciones existen y son una realidad, una parte de esos más de 6.000 millones de dólares que administra el Gobierno tal vez puedan ir destinados a ayudar a los productores que han perdido todo lo que invirtieron este año.

Necesitamos que todos los actores (productores y gobernantes) tengan una mirada completa de la realidad que atravesamos. No podemos permitirnos posiciones extremas, en las cuales cada uno solamente defienda sus propios intereses, porque no nos conduce a nada y genera el fundamentalismo que tanto daño nos está haciendo.

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Entre la sequía, mezquindades y la falta de respuestas

La dramática situación de sequía que afecta a una vasta zona productiva del país amenaza con no dar tregua. Pese a esto, hasta el momento, las estimaciones públicas y privadas aseguran que las cosechas de soja y maíz se mantendrán en volúmenes elevados, en tanto que las perspectivas desde el campo parecen indicar que el resultado de la actual campaña será muy difícil para un gran número de productores.

En este contexto, los especialistas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires señalan que hay al menos 13 millones de hectáreas afectadas (soja, maíz y girasol). Según los técnicos del organismo, al menos el 56% de la soja implantada se encuentra en condición regular/mala y el 58% del maíz también en situación regular/mala. De todas maneras, como decíamos, todavía sostienen que la cosecha de soja será de 50 millones de toneladas (MT) y la de maíz, de 39 MT. Sin embargo hay otras estimaciones que indican pérdidas muy superiores a las señaladas y que llegan a los 43 y 35 millones de toneladas, respectivamente.

Pero quedarnos en cuál será el número de producción por ahora no es lo fundamental, el principal interrogante que debemos plantearnos acá tiene que ver con la actitud que debe tomar el Estado ante una situación como la que se vive actualmente con el efecto de la sequía.

¿Qué hacemos con aquellos productores afectados por la seca? ¿Se los debe ayudar desde el Estado? ¿Cómo hacerlo y qué fondos utilizar? Las opciones a primera vista pueden ser dos: por un lado ayudar ante la emergencia y por el otro no hacer nada ya que es parte del riesgo del negocio.

 

Asistir o no asistir, esa es la cuestión

A partir de esta doble posibilidad que tiene el Estado, de ayudar o de mirar para otro lado, es que partimos en el análisis de esta columna. Si pensáramos que el Estado debiera dejar a los productores librados a su propia suerte terminaríamos este texto acá. Pero por el contrario, nuestra opinión es que el Gobierno debe ayudar y asistir a los productores ante situaciones de catástrofe como es una sequía o una inundación, y como lo hace en cualquiera de nuestros países competidores.

Por supuesto que también es necesario debatir la forma en que se debe dar esa ayuda. Pero en la emergencia actual, lejos estamos de llegar a las soluciones ideales y debemos ver cómo nos “arreglamos” con lo que tenemos. Ahora lo que necesitamos es saber de dónde sacar el dinero para hacerlo, y ahí aparecen las cuestionadas retenciones.

Lo primero que hay que destacar, como decimos siempre, es que los derechos de exportación o retenciones que pagan los productores no deberían existir. Pero la verdad es que existen porque muchos gobiernos, de todos los colores e ideologías, los utilizaron. Actualmente en el gobierno de Mauricio Macri se siguen utilizando, y pese a la desaparición del impuesto al trigo y al maíz, todavía tenemos retenciones a la soja y se reimplantaron, por ejemplo, los derechos de exportación al biodiésel.

Esta aclaración sobre las retenciones viene a cuenta de que a partir de este fenómeno que atravesamos con la seca, muchos productores salieron a pedir la eliminación total de las retenciones a la soja para favorecer y ayudar a aquellos que están sufriendo los problemas climáticos.

Pero lo que no entienden esos productores es que si el Gobierno eliminara las retenciones (algo que no va a hacer), no estaría beneficiando a quienes perdieron su producción por culpa del clima, porque esos productores posiblemente no tienen nada para vender. En todo caso estarían beneficiando a aquellos que sí pudieron cosechar. Estos últimos tendrían una doble recompensa, por un lado retenciones cero y por otro mejores precios, producto de la pérdida de sus colegas productores. ¿Está mal que tenga una recompensa después de años de castigo? Claramente no, pero esto no ayuda al que está realmente afectado.

Insistimos, las retenciones no deberían existir, pero la realidad es que hoy existen. Entonces lo que debería hacerse es tomar medidas en torno a esa realidad y no a los deseos de una agricultura sin retenciones.

Otro reclamo que aparece justo en estos momentos de zozobra es para que modifiquen la Ley de Emergencia Agropecuaria. Claro que es necesario que se realicen cambios porque el presupuesto que tiene asignado es de apenas unos 500 millones de pesos, demasiado poco para las 13 millones de hectáreas afectadas. Pero pensar que la modificación de esta ley (por más presupuesto que se le asigne) traerá soluciones inmediatas para los productores, que no pueden ni siquiera cosechar, es una locura.

Primero porque modificar la ley no es tan sencillo y cuando termine llegando esa ayuda (en el caso de que lo hiciera), seguramente el productor que necesitaba respuestas de manera urgente ya ni siquiera se mantenga en la actividad.

La solución ideal para momentos como el actual seguramente pase por algo que este gobierno prometió y que hasta el momento no cumplió: la generación de un seguro multiriesgo.

En todos los países del mundo donde existe el seguro multiriesgo tiene una prima muy elevada, que es abonada en gran parte por el Estado. Entre el 75% y el 80% de la prima es subsidiada por el Gobierno porque para el productor se vuelve inviable contratar un seguro de este tipo por el altísimo costo que significa. Tal vez por este motivo es que aún no se implementó, pero desde el sector productivo no deben dejar de insistir en este punto.

Entonces, si la realidad es que tenemos retenciones, que la Ley de Emergencia Agropecuaria no alcanza y que no tenemos seguro multiriesgo, la duda de cómo ayudar a los afectados por la cuestión climática sigue sin solución. ¿No será momento de plantearnos un mejor destino para esas retenciones que ninguno quiere, pero que existen? ¿No será momento de que el Gobierno les devuelva a los productores aunque sea una parte de lo que les quita cada día?

 

Quiénes ganan y quiénes pierden con la sequía

Si consideramos lo que puede ser la cosecha de soja, los stock remanentes de la campaña pasada y lo que se queda el Estado en concepto de retenciones, tal vez podemos sacar algunas ideas interesantes de qué hacer con esa plata que se les quita a los productores.

En números concretos, esto puede ser lo que pase con la campaña. Si se hubiera mantenido la producción estimada en un principio de 54MT, más los 11MT de stock, tendríamos una oferta total de 65MT. Con un precio que se estipulaba en 360 dólares por tonelada (U$D/Tn), el valor FOB (precio de exportación) de la cosecha hubiera sido de 23.400 millones de dólares y el costo de las retenciones (tomando como promedio anual el 26,5%) de 6.201 millones de dólares (que serían recaudados por el Estado).

Pero claro, como venimos explicando más arriba, esta producción de 54MT ya no está y hasta el momento tenemos por lo menos 3 horizontes posibles:

En el escenario “A” tenemos una cosecha de 50MT, una oferta total de 61MT (el stock es siempre 11 para cada uno de los escenarios posibles), con un precio de exportación de 400 (U$D/Tn), un valor de la cosecha de 24.400 millones de dólares y unas retenciones por un valor teórico de 6.466 millones de dólares.

En el escenario “B”, la producción sería de 47MT, la oferta total de 58MT, el precio de exportación de 415 (U$D/Tn) y el valor FOB de la cosecha alcanzaría los 24.070 millones de dólares. En este caso, las retenciones le dejarían al gobierno unos 6.379  millones de dólares.

En el último de los escenarios, el “C”, la oferta total sería de 55MT, producto de los 44MT que se cosecharían en esta campaña y de los 11MT de stock. En este modelo, el precio de exportación podría ser de 430 (U$D/Tn), el valor total de la cosecha a precio de exportación alcanzaría los 23.650 millones de dólares y las retenciones serían de 6.267 millones de dólares.

De estos posibles escenarios sacamos las siguientes conclusiones. Por un lado, el precio internacional de la soja dependerá fuertemente de lo que suceda con el clima en la Argentina. En segundo lugar, este crecimiento del precio del producto en el mercado internacional compensa el valor total de la cosecha local pese a la caída en la producción. Y, tercero, el ingreso por retenciones para el Gobierno es prácticamente el mismo en cada uno de los escenarios, lo que significa que no sufre ninguna afectación en sus arcas, haya o no haya sequía.

Ahora bien, qué pasa con el precio efectivo que recibirán los productores según cada uno de los escenarios. En la estimación inicial (la única que ya sabemos que no es posible) los productores hubieran recibido 250 U$D/Tn, en el escenario “A” el precio podría ascender a 279 U$D/Tn, en el “B” a 290 U$D/Tn y en el “C” a 301 U$D/Tn.

En este caso, el valor total de la cosecha, para aquellos que la puedan “levantar”, a “precio del productor” hubiera sido de 16.224 millones de dólares en el escenario inicial, de 17.019 millones de dólares en el escenario “A”, de 16.821 millones en el “B” y de 16.558 millones de dólares en el “C”. Esto significa que el dinero a repartirse entre los productores es prácticamente el mismo en cada uno de los escenarios, la diferencia está en el número de productores que efectivamente se van a repartir este ingreso. Los cuales van a ser cada vez menos en cuanto más se profundice la sequía y más cerca del escenario “C” nos encontremos.

Entonces, a estos productores que se están quedando afuera es a los que hay que ayudar. Y si nos guiamos por los modelos expuestos, evidentemente el Estado tiene recursos para hacerlo. Y son recursos que le están dando los productores con el pago de las retenciones. De ahí tiene que salir la ayuda para los que perdieron todo y no pudieron cosechar.

No estamos planteando que el Estado tenga que sacar plata de “su bolsillo”, o que los productores que cosechen tengan que poner más para ayudar a los que no. Estamos diciendo que se utilice parte de la plata que se les va a quitar a los productores que logren cosechar, para ayudar a los que no. No es más que redirigir la utilización de las retenciones. Porque esa plata ya no les pertenece a los productores que la aportan, ahora la administra el Gobierno. Entonces, como las retenciones existen y son una realidad, una parte de esos más de 6.000 millones de dólares que administra el Gobierno tal vez puedan ir destinados a ayudar a los productores que han perdido todo lo que invirtieron este año.

Necesitamos que todos los actores (productores y gobernantes) tengan una mirada completa de la realidad que atravesamos. No podemos permitirnos posiciones extremas, en las cuales cada uno solamente defienda sus propios intereses, porque no nos conduce a nada y genera el fundamentalismo que tanto daño nos está haciendo.

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