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Tarifas: esta semana San Luis va a la Justicia

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Tarifas: esta semana San Luis va a la Justicia

Fiscalía de Estado y Defensa del Consumidor harán el pedido antes del viernes.

Defensa del Consumidor y Fiscalía de Estado realizarán esta semana la presentación ante el Juzgado Federal de San Luis, que ya habían anunciado para reclamar contra el fuerte incremento del gas natural dispuesto por el Gobierno nacional. Aún resta definir si la presentación prevé un pedido para la retracción de las tarifas a años anteriores que se intente moderar su impacto.

El jefe del Programa Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, dijo que antes del viernes enviarán la presentación y que se trata de una “acción declarativa de certeza”.

Esta presentación también se conoce como “acción declarativa de inconstitucionalidad” y es el método procesal para pedir que se controlen las decisiones que tomen los poderes del Estado, en caso de sospecharse que alguna acción vaya en contra del orden constitucional.

La semana pasada Montiel Díaz explicó que tomaba como ejemplo el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2016 y que desde su punto de vista “fue acertado cuando dijo que el aumento de tarifas tendría que ser proporcional y no poner en riesgo las economías particulares”.

Justamente, ese mes y ese año la Corte frenó el aumento de gas para usuarios residenciales y estableció que es de cumplimiento obligatorio realizar la audiencia pública previa para establecer un nuevo cuadro tarifario, lo que finalmente debió realizar el gobierno nacional.

En el Centro de Información Judicial se informó en esa instancia que los usuarios residenciales son "ciudadanos a quienes les resulta difícil hacer una demanda por sí mismos y por eso se afecta el acceso a justicia y pueden ser representados en una sentencia colectiva".

 Más allá de lo histórico, en lo reciente Montiel Díaz advirtió que, a partir de los nuevos aumentos la cifra de la suba implicaría más de mil por ciento en las tarifas, lo que golpeará directamente en el presupuesto de cada familia.

Un antecedente

La presentación de San Luis tiene un antecedente: el 31 de mayo de 2016 el Gobierno presentó un amparo contra el tarifazo. En esa ocasión también Allende y Montiel Díaz, hicieron el planteo ante la Justicia Federal contra el incremento en las tarifas del servicio de gas.

El objetivo era frenar los subas y que se retrotraiga a la tarifaria anterior al aumento, que perjudica principalmente a las pymes, comercios y a los sectores más humildes de San Luis.

Allende y Montiel Díaz presentaron una “acción declarativa de certeza” ante el juez federal Esteban Maqueda.

Un día después,  el 1º de junio, el Juzgado Federal de San Luis, hizo lugar a una medida cautelar impulsada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá  (a través de sus funcionarios) y le puso freno al tarifazo de gas en la provincia. A partir del fallo, las empresas proveedoras no podían cortarle el suministro a ningún cliente que no habían pagado la factura, ya que quedaban invalidadas las boletas facturadas con alzas desmedidas y le pusieron un tope al aumento que llegaba al 70 por ciento.

La medida alcanzó a la totalidad de los usuarios de la provincia, sin importar si eran domiciliarios, empresas u hoteles. Nadie debió abonar el aumento desmedido en ese momento.

Los usuarios debían desestimar las facturas con incrementos exorbitantes, sin miedo a cortes, ya que también estaban prohibidos por  la Justicia.

“Los usuarios no tienen que pagar la factura exagerada; el que la pagó tiene que reclamar la devolución de la diferencia entre el monto resultante del 70 por ciento de incremento y el total erogado, y no le pueden cortar el gas”, expresó en esa ocasión el gobernador.

Lo concreto es que nuevamente  la Provincia de San Luis tomará la posta y formalizará un reclamo ante el organismo jurídico nacional para evitar que los incrementos en el gas golpeen nuevamente a los que menos tienen.

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Tarifas: esta semana San Luis va a la Justicia

Fiscalía de Estado y Defensa del Consumidor harán el pedido antes del viernes.

Cuidado. El Gobierno de la Provincia quiere que las subas no golpeen tanto a las familias puntanas.

Defensa del Consumidor y Fiscalía de Estado realizarán esta semana la presentación ante el Juzgado Federal de San Luis, que ya habían anunciado para reclamar contra el fuerte incremento del gas natural dispuesto por el Gobierno nacional. Aún resta definir si la presentación prevé un pedido para la retracción de las tarifas a años anteriores que se intente moderar su impacto.

El jefe del Programa Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, dijo que antes del viernes enviarán la presentación y que se trata de una “acción declarativa de certeza”.

Esta presentación también se conoce como “acción declarativa de inconstitucionalidad” y es el método procesal para pedir que se controlen las decisiones que tomen los poderes del Estado, en caso de sospecharse que alguna acción vaya en contra del orden constitucional.

La semana pasada Montiel Díaz explicó que tomaba como ejemplo el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2016 y que desde su punto de vista “fue acertado cuando dijo que el aumento de tarifas tendría que ser proporcional y no poner en riesgo las economías particulares”.

Justamente, ese mes y ese año la Corte frenó el aumento de gas para usuarios residenciales y estableció que es de cumplimiento obligatorio realizar la audiencia pública previa para establecer un nuevo cuadro tarifario, lo que finalmente debió realizar el gobierno nacional.

En el Centro de Información Judicial se informó en esa instancia que los usuarios residenciales son "ciudadanos a quienes les resulta difícil hacer una demanda por sí mismos y por eso se afecta el acceso a justicia y pueden ser representados en una sentencia colectiva".

 Más allá de lo histórico, en lo reciente Montiel Díaz advirtió que, a partir de los nuevos aumentos la cifra de la suba implicaría más de mil por ciento en las tarifas, lo que golpeará directamente en el presupuesto de cada familia.

Un antecedente

La presentación de San Luis tiene un antecedente: el 31 de mayo de 2016 el Gobierno presentó un amparo contra el tarifazo. En esa ocasión también Allende y Montiel Díaz, hicieron el planteo ante la Justicia Federal contra el incremento en las tarifas del servicio de gas.

El objetivo era frenar los subas y que se retrotraiga a la tarifaria anterior al aumento, que perjudica principalmente a las pymes, comercios y a los sectores más humildes de San Luis.

Allende y Montiel Díaz presentaron una “acción declarativa de certeza” ante el juez federal Esteban Maqueda.

Un día después,  el 1º de junio, el Juzgado Federal de San Luis, hizo lugar a una medida cautelar impulsada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá  (a través de sus funcionarios) y le puso freno al tarifazo de gas en la provincia. A partir del fallo, las empresas proveedoras no podían cortarle el suministro a ningún cliente que no habían pagado la factura, ya que quedaban invalidadas las boletas facturadas con alzas desmedidas y le pusieron un tope al aumento que llegaba al 70 por ciento.

La medida alcanzó a la totalidad de los usuarios de la provincia, sin importar si eran domiciliarios, empresas u hoteles. Nadie debió abonar el aumento desmedido en ese momento.

Los usuarios debían desestimar las facturas con incrementos exorbitantes, sin miedo a cortes, ya que también estaban prohibidos por  la Justicia.

“Los usuarios no tienen que pagar la factura exagerada; el que la pagó tiene que reclamar la devolución de la diferencia entre el monto resultante del 70 por ciento de incremento y el total erogado, y no le pueden cortar el gas”, expresó en esa ocasión el gobernador.

Lo concreto es que nuevamente  la Provincia de San Luis tomará la posta y formalizará un reclamo ante el organismo jurídico nacional para evitar que los incrementos en el gas golpeen nuevamente a los que menos tienen.

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