Operación Hereford: enviaron a la cárcel a los Chiotti y a dos empleados

Ninguna de las explicaciones que los productores agropecuarios José Alberto Chiotti y José Alberto Chiotti hijo dieron en el juzgado alcanzó para desvirtuar la presunción que tiene la jueza de instrucción Penal 3 de San Luis, Virginia Palacios: que se habían asociado en forma ilícita con otras personas para robarle hacienda, durante siete años, a un productor vecino, Julio César Vergés. En consecuencia, anoche la magistrado firmó el procesamiento de ambos y de otros dos supuestos involucrados, el transportista Luis Alfredo Pereyra y el puestero del campo “La Edelmira”, que los Chiotti tienen en San Jerónimo, Pablo Escudero.

Además de procesarlos, Palacios dispuso la prisión preventiva de los cuatro, que a media mañana fueron trasladados al Complejo Penitenciario Uno, de la ciudad de San Luis.

Una fuente judicial consultada por El Diario precisó que los delitos que la jueza les adjudicó son “abigeato agravado en concurso con asociación ilícita”.

No son los únicos imputados. Este jueves Palacios estaba abocada a analizar las pruebas contra otros dos sospechosos, también empleados de los Chiotti: Benito Nicolás Quinteros y Gilberto Miranda.

En función de las pruebas que la Policía y la Justicia reunieron a lo largo de ocho meses de investigación, las que fundamentaron el procesamiento de los Chiotti, de Pereyra y de Escudero, quienes siguen de cerca la causa estimaban que Quinteros y Miranda no podían abrigar muchas esperanzas de no correr la misma suerte que los primeros.

El inicio de la investigación que la Policía puntana denominó “Operación Hereford” –por la raza de los animales que le robaron a Vergés por lo menos de 2011 en adelante, si no desde antes– fue una reacción a los reiterados reclamos que el productor hizo, a raíz de que había denunciado varias veces a los cuatreros y nunca tenía respuestas ni de la fuerza de seguridad ni de la Justicia.

Aunque no señaló a los Chiotti, el propio damnificado dio en sus sucesivas denuncias un par de datos llamativos que orientaron hacia cuál podía ser la explicación de la desaparición de decenas y hasta centenares de animales que sufría cada año: la hacienda que le faltaba siempre era parte de la que tenía encerrada en un par de lotes que colindaban con el campo de sus vecinos.

O desaparecían terneros, o desaparecían las madres, o desaparecían las crías. Tan cebados estaban los cuatreros que las sustracciones se volvieron alevosas. Tanto que, gracias a sus notables buenos modales y circunspección para expresarse, en vez de vociferar insultos o hacer airadas protestas contra los ladrones y contra quienes debían investigarlos y no lo hacían, el abogado Vergés apeló a una ironía. En sus denuncias judiciales conjeturó que tal vez la desaparición de su hacienda se debía a la acción del “chupacabras”.

Estimó que, a lo largo de estos años, le robaron por lo menos medio millar de animales.

Contradicciones y números que no coinciden

Cuando la Policía allanó los campos de los Chiotti, comprobó que tenían muchos más vacunos que los que habían declarado ante el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria).

En el campo “La Petra” tenían 2.623 animales, pero 473 de ellos no tenían ni marca ni señal, según el resultado de un cotejo que aún no termina, de modo que puede arrojar más diferencias, según trascendió.

En “Cuatro Esquinas”, de 1.471 ejemplares que contabilizaron los investigadores, 137 eran orejanos.

En su indagatoria, Chiotti padre dijo que tenía mucha hacienda, pero aclaró que solo una parte era de su propiedad. Para la jueza, esa afirmación queda contradicha por la declaración del puestero Escudero, que negó que recibieran animales a pasto.

Otras pruebas, como el testimonio de un camionero y algunas escuchas telefónicas de conversaciones entre los Chiotti, o de alguno de ellos con sus empleados o contactos, aportaron el dato de que transportaban más ganado del que declaraban. Por caso, usaban una misma guía de transporte al menos tres veces, con lo cual manipulaban el triple de animales de los que el Senasa y, eventualmente, la Policía, podían registrar.

Para los investigadores, eso no tiene otra explicación que el hecho de que esa hacienda era la que sacaban a hurtadillas del campo del vecino.

Chiotti hijo era el encargado de obtener las guías, las actas de vacunación y el Do.Pro (Documento provincial), un permiso necesario para el traslado y venta de animales y granos, tanto dentro como fuera de la provincia.

De la investigación “surge sin hesitaciones el fraguado de dichos instrumentos, claramente constitutivos de ilícitos penales, que a más de erigirse como un eslabón de la compleja maniobra ilícita nuevamente se erige como indicio unívoco, en orden a la aseveración sobre la existencia del hecho y la responsabilidad atribuida a los prevenidos”, señaló Palacios en su resolución.

La jueza evaluó que las justificaciones que ensayó el menor de los Chiotti sobre esas maniobras “resultan, a más de insostenibles, casi absurdas”.

Ese manejo irregular de la actividad ganadera, que permite burlar los sistemas de contralor, les “facilitaba la comisión delictiva”, según la jueza instructora.