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Otro hierro caliente para América Latina

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Otro hierro caliente para América Latina

América Latina, aunque cueste admitirlo y asumir lo que implica para muchos países, es una región del planeta en la que aún quedan muchas deudas internas por resolver. La responsabilidad de saldar esas injusticias es conjunta, pero los Estados deben marcar el camino.

Recientes investigaciones y campañas feministas empiezan a poner la mirada sobre el drama de las niñas latinoamericanas que, antes de los 14 años, son “condenadas” a embarazos y a la maternidad, producto de violaciones sexuales que afectan sus proyectos de vida; en casos así, los Estados no cuentan con las herramientas para prevenir y/o responder con políticas que garanticen sus derechos humanos.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) se aproximó al problema en 2016 con un estudio en 14 países de la región, que empezó a sacar de la invisibilidad la franja de niñas menores de 14 años que se encontraban en la estadística como madres adolescentes.

Una violación seguida de embarazo, en Paraguay, de una niña de 14 años, llevó a Cladem y a la organización Equality Now a acudir —en mayo de ese año— a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó a Paraguay a proteger la vida y todos los derechos de la niña. Pero eso no ocurrió y, desde entonces, se repitieron en ese país casos parecidos, el último fue en noviembre.

Un estudio publicado este año por el Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) refrendó que esta es la segunda región del mundo —después de África Subsahariana— con la tasa más alta de embarazo adolescente, con 66,5 nacimientos por cada mil niñas y adolescentes, frente a una tasa mundial de 46.

Además, de los 7,3 millones de partos de adolescentes menores de 18 años que ocurren cada año en la región, más de dos millones son de niñas menores de 15 años; y, si la tendencia se mantiene, esa cifra llegaría a tres millones en 2030.

El estudio de Cladem en 14 países subraya que, en la región, los partos de niñas son consecuencias de violaciones sexuales, ya que las legislaciones de sus respectivos países fijan que toda relación carnal con una niña menor de 14 años se enmarca en la llamada indemnidad sexual.

Las organizaciones regionales que defienden los derechos de las mujeres coinciden, además, en considerar un embarazo infantil forzado cuando una niña menor de 14 años queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo.

Los datos que obtuvo Cladem sobre partos de niñas menores de 15 años revelan que, en 2015, se registraron 122 en Uruguay; 1.432 en Perú; 1.444 en El Salvador; 1.600 en Nicaragua; 2.787 en Argentina; 6.045 en Colombia; 10.277 en México; 13.332 en Bolivia y 26.700 en Brasil.

Esta red regional, con presencia en 15 países y con sede central en Lima, mantiene la campaña “Embarazo infantil es tortura”, que ha contribuido a ampliar la preocupación sobre esta realidad en la comunidad internacional.

La violencia sexual es el evento traumático más grave para una niña y, en muchos países, nadie se hace cargo por la conspiración del silencio.

Los organismos de salud reciben a niñas de 11 y 12 años, cuyas familias (cuando las poseen) “las depositan”allí con pañales, cochecitos y ajuares, mientras les dicen que tienen un motivo para vivir y las preparan para el amamantamiento.

Profesionales de la salud, que son agentes del Estado, hablan de cómo la naturaleza es sabia y de que la pelvis de la niña está preparada para el parto o puede producir leche.

Pero la niña es una niña, tiene el cerebro de sus pocos años. Tenía un proyecto de vida que ya no realizará. Se siente abrumada por las tareas maternales, y lleva el hijo de un violador, algo que no pidió ni deseó.

Desde las medidas de prevención mediante la Educación Sexual Integral, hasta la posibilidad de un aborto terapéutico para limitar los daños, los Estados siguen detrás del problema. En el inicio del 2019, el drama continúa y es un hierro caliente que, muy cerca de la segunda década del siglo XXI, América Latina aún esquiva.

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Otro hierro caliente para América Latina

América Latina, aunque cueste admitirlo y asumir lo que implica para muchos países, es una región del planeta en la que aún quedan muchas deudas internas por resolver. La responsabilidad de saldar esas injusticias es conjunta, pero los Estados deben marcar el camino.

Recientes investigaciones y campañas feministas empiezan a poner la mirada sobre el drama de las niñas latinoamericanas que, antes de los 14 años, son “condenadas” a embarazos y a la maternidad, producto de violaciones sexuales que afectan sus proyectos de vida; en casos así, los Estados no cuentan con las herramientas para prevenir y/o responder con políticas que garanticen sus derechos humanos.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) se aproximó al problema en 2016 con un estudio en 14 países de la región, que empezó a sacar de la invisibilidad la franja de niñas menores de 14 años que se encontraban en la estadística como madres adolescentes.

Una violación seguida de embarazo, en Paraguay, de una niña de 14 años, llevó a Cladem y a la organización Equality Now a acudir —en mayo de ese año— a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó a Paraguay a proteger la vida y todos los derechos de la niña. Pero eso no ocurrió y, desde entonces, se repitieron en ese país casos parecidos, el último fue en noviembre.

Un estudio publicado este año por el Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) refrendó que esta es la segunda región del mundo —después de África Subsahariana— con la tasa más alta de embarazo adolescente, con 66,5 nacimientos por cada mil niñas y adolescentes, frente a una tasa mundial de 46.

Además, de los 7,3 millones de partos de adolescentes menores de 18 años que ocurren cada año en la región, más de dos millones son de niñas menores de 15 años; y, si la tendencia se mantiene, esa cifra llegaría a tres millones en 2030.

El estudio de Cladem en 14 países subraya que, en la región, los partos de niñas son consecuencias de violaciones sexuales, ya que las legislaciones de sus respectivos países fijan que toda relación carnal con una niña menor de 14 años se enmarca en la llamada indemnidad sexual.

Las organizaciones regionales que defienden los derechos de las mujeres coinciden, además, en considerar un embarazo infantil forzado cuando una niña menor de 14 años queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo.

Los datos que obtuvo Cladem sobre partos de niñas menores de 15 años revelan que, en 2015, se registraron 122 en Uruguay; 1.432 en Perú; 1.444 en El Salvador; 1.600 en Nicaragua; 2.787 en Argentina; 6.045 en Colombia; 10.277 en México; 13.332 en Bolivia y 26.700 en Brasil.

Esta red regional, con presencia en 15 países y con sede central en Lima, mantiene la campaña “Embarazo infantil es tortura”, que ha contribuido a ampliar la preocupación sobre esta realidad en la comunidad internacional.

La violencia sexual es el evento traumático más grave para una niña y, en muchos países, nadie se hace cargo por la conspiración del silencio.

Los organismos de salud reciben a niñas de 11 y 12 años, cuyas familias (cuando las poseen) “las depositan”allí con pañales, cochecitos y ajuares, mientras les dicen que tienen un motivo para vivir y las preparan para el amamantamiento.

Profesionales de la salud, que son agentes del Estado, hablan de cómo la naturaleza es sabia y de que la pelvis de la niña está preparada para el parto o puede producir leche.

Pero la niña es una niña, tiene el cerebro de sus pocos años. Tenía un proyecto de vida que ya no realizará. Se siente abrumada por las tareas maternales, y lleva el hijo de un violador, algo que no pidió ni deseó.

Desde las medidas de prevención mediante la Educación Sexual Integral, hasta la posibilidad de un aborto terapéutico para limitar los daños, los Estados siguen detrás del problema. En el inicio del 2019, el drama continúa y es un hierro caliente que, muy cerca de la segunda década del siglo XXI, América Latina aún esquiva.

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