Denunció el acampe del colectivo en Tribunales y después fue multada

Lo que comenzó como una presentación judicial para garantizar el orden público en las inmediaciones de los Tribunales, terminó en lo que parece ser un sugestivo episodio de persecución administrativa. Podría ser una mera casualidad, pero la duda está planteada.

La abogada Claudia Carolina Díaz Alba denunció penalmente la instalación de un colectivo que, desde hace tres días, funciona como método de presión frente al edificio judicial durante el debate oral contra la exsecretaria de Gobierno, Cintia Ramírez. Sin embargo, la respuesta no fue el desalojo del vehículo, sino una multa dirigida exclusivamente contra ella.

Díaz Alba había fundado su denuncia contra autores desconocidos argumentando que el colectivo "se encuentra desde el lunes ocupando espacio público de manera continua, delimitado con conos, impidiendo el uso normal del estacionamiento y obstruyendo el acceso peatonal".

Una multa con defectos legales

Llamativamente, apenas una hora después de que la denuncia y el número de expediente circularan en los medios, un inspector de la Dirección General de Tránsito municipal labró un acta de infracción sobre el vehículo de la letrada.

"Primero y principal, la infracción tiene varios defectos legales; se puede atacar por una cuestión de nulidad. Mi auto estaba en Rivadavia, entre 9 de Julio y 25 de Mayo, en una zona donde el propio Gobierno había restringido la circulación por la llegada del exgobernador como testigo.

No puede el propio Estado generar una situación de imposibilidad de circulación mediante el corte total de la vía pública, y simultáneamente pretender sancionar al administrado por las consecuencias derivadas de dicha restricción", explicó Díaz Alba en diálogo con El Diario de la República.

La abogada destacó la arbitrariedad del procedimiento: "De todos los automóviles que estaban estacionados en ese espacio público cortado, el único que tuvo una infracción fue el mío. Había autos de funcionarios judiciales en zona de 'no estacionar' y no tenían multa. Quiero creer que fue una equivocación, pero las equivocaciones conllevan responsabilidades de funcionario público".

Los argumentos de la nulidad

Díaz Alba, quien ejercerá su propio patrocinio, adelantó que presentará un descargo solicitando la nulidad absoluta e insanable del acta. Entre los vicios detectados en el documento, señaló:

Ilegibilidad: "Parece que la Municipalidad no tiene insumos; es casi ilegible, fue muy difícil defenderme de algo que no podía leer", denunció.

Contradicción interna: El acta menciona "estacionamiento en paso peatonal prohibido" pero lo categoriza como "ochava", generando una falta de tipificación clara.

Inexistencia de la conducta: Al estar la circulación interrumpida por disposición oficial, no rigen las prohibiciones estándar de flujo vehicular.

A pesar de la celeridad con la que actuaron los inspectores municipales contra su vehículo, el polémico colectivo —motivo de la denuncia original por obstrucción del espacio público— permanece en el lugar sin mayores inconvenientes.