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Hasta los huesos

Agustina Bordigoni

Las del Mediterráneo ya no son las únicas aguas en las que los migrantes mueren tratando de ejercer su derecho a una vida mejor (o a una vida, en muchos casos). Según los últimos datos de Naciones Unidas, la ruta de los migrantes y refugiados en América Latina y el Caribe se convirtió en un peligro de dimensiones desastrosas: durante este año 634 murieron en el trayecto; 157 de ellos, ahogados en el mar.

Ahogadas las esperanzas y las voces, las muertes no se cuentan como una responsabilidad estatal. Son números de frías estadísticas, desprovistos de todo rasgo humano. Pero en cada caso hay historias, terribles historias que cuentan los que tienen la —aún desdichada— suerte de llegar a destino.

En algunos países europeos como España, los menores no acompañados que huyen de las guerras, el hambre, el maltrato y cuanto tipo de violencia somos incapaces de dimensionar, cometen el tremendo pecado de no contar con papeles que acrediten su edad. En el apuro de escaparse o manipulados por los traficantes de personas (que son cada vez más), pierden toda documentación que los certifique como menores. Y ahí comienza un duro camino hacia el reconocimiento de derechos que, en principio, deberían estar garantizados para todo ser humano.

Desconocen las prácticas médicas efectuadas para constatar la edad de un menor, que hay derechos humanos que corresponden tanto a los adultos como a los a niños. Desconocen además que hay derechos específicos de los menores que son constantemente vulnerados.

Cuando no existe certeza (ya la palabra del niño no se le otorga ningún valor), los fiscales piden estudios médicos óseos y de dentadura para determinar la edad aparente de un menor. Se sabe que los exámenes no son precisos: existen casos en los que la misma persona puede tener 13, 16 o 18 años dependiendo del estado, el médico y el fiscal que lo analice. Ese amplio “margen de error” les da a los estados el margen necesario para manejar el asunto como realmente se les antoje.

¿Por qué es importante? Porque al ser mayores de edad los niños ya no son tratados como tales y pueden ser expulsados como cualquier inmigrante sin papeles. ¿Por qué es importante? Porque el certificado de mayoría de edad es muchas veces un certificado de defunción: hace pocos días Omar, de Guinea, se suicidó en Barcelona luego de conocer los “resultados” de sus exámenes óseos. Para las autoridades, el joven tenía “aproximadamente” 18 años, pero “aproximadamente” ningún derecho.

Convertidos en números, los casos se multiplican por miles. Y la desidia, la burocracia y la falta de empatía duelen, duelen hasta los huesos.

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Hasta los huesos

Las del Mediterráneo ya no son las únicas aguas en las que los migrantes mueren tratando de ejercer su derecho a una vida mejor (o a una vida, en muchos casos). Según los últimos datos de Naciones Unidas, la ruta de los migrantes y refugiados en América Latina y el Caribe se convirtió en un peligro de dimensiones desastrosas: durante este año 634 murieron en el trayecto; 157 de ellos, ahogados en el mar.

Ahogadas las esperanzas y las voces, las muertes no se cuentan como una responsabilidad estatal. Son números de frías estadísticas, desprovistos de todo rasgo humano. Pero en cada caso hay historias, terribles historias que cuentan los que tienen la —aún desdichada— suerte de llegar a destino.

En algunos países europeos como España, los menores no acompañados que huyen de las guerras, el hambre, el maltrato y cuanto tipo de violencia somos incapaces de dimensionar, cometen el tremendo pecado de no contar con papeles que acrediten su edad. En el apuro de escaparse o manipulados por los traficantes de personas (que son cada vez más), pierden toda documentación que los certifique como menores. Y ahí comienza un duro camino hacia el reconocimiento de derechos que, en principio, deberían estar garantizados para todo ser humano.

Desconocen las prácticas médicas efectuadas para constatar la edad de un menor, que hay derechos humanos que corresponden tanto a los adultos como a los a niños. Desconocen además que hay derechos específicos de los menores que son constantemente vulnerados.

Cuando no existe certeza (ya la palabra del niño no se le otorga ningún valor), los fiscales piden estudios médicos óseos y de dentadura para determinar la edad aparente de un menor. Se sabe que los exámenes no son precisos: existen casos en los que la misma persona puede tener 13, 16 o 18 años dependiendo del estado, el médico y el fiscal que lo analice. Ese amplio “margen de error” les da a los estados el margen necesario para manejar el asunto como realmente se les antoje.

¿Por qué es importante? Porque al ser mayores de edad los niños ya no son tratados como tales y pueden ser expulsados como cualquier inmigrante sin papeles. ¿Por qué es importante? Porque el certificado de mayoría de edad es muchas veces un certificado de defunción: hace pocos días Omar, de Guinea, se suicidó en Barcelona luego de conocer los “resultados” de sus exámenes óseos. Para las autoridades, el joven tenía “aproximadamente” 18 años, pero “aproximadamente” ningún derecho.

Convertidos en números, los casos se multiplican por miles. Y la desidia, la burocracia y la falta de empatía duelen, duelen hasta los huesos.

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