San Luis va otra vez a la Justicia para frenar el tarifazo del gas

Debido al alto incremento a las tarifas que pretende imponer la administración de Mauricio Macri, el Gobierno de San Luis demandó al Estado nacional, a la Secretaría de Energía de la Nación y al Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) ante la Justicia federal.  El amparo judicial presentado por el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, se basa en los términos previstos en el  artículo 43 de la Constitución Nacional y por el cual solicitó la “inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los aumentos en la tarifa del gas”, indica el texto presentado en el fuero federal. No es la primera vez que el Estado puntano acude a los fueros federales para proteger a sus usuarios de los incrementos abusivos en este servicio (Ver Los antecedentes). 

Bajo instrucciones del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, el amparo se inició como una acción colectiva que pretende extender los efectos de la demanda a todo el universo de clientes, usuarios y/o beneficiarios e instituciones públicas provinciales que albergan a los usuarios más vulnerables.

Los fundamentos de la demanda puntana tienen raíz en la inconstitucionalidad de las normas y acuerdos que autorizan la dolarización del precio en la adquisición del gas por parte de las empresas y que ellas trasladen la tarifa final al usuario. Para el Estado puntano, esa determinación viola los derechos de los consumidores y, específicamente, lo dispuesto en los artículos 1°, 14°, 16°, 17°, 42°  y  75° inc. 22° de la Constitución Nacional.

La acción exige, además, una mayor transparencia en la metodología de facturación en el servicio a usuarios de la provincia de San Luis, ya que —según los fundamentos que redactó Fiscalía de Estado— se encuentran “violentados los principios constitucionales de legalidad y el de equidad,  así como la previsibilidad, que hace a la seguridad jurídica de todos los ciudadanos; lo que produce un resultado confiscatorio y violatorio de garantías constitucionales y que excede cualquier límite razonable”, revela el documento. 

Allende remarcó que “debe acogerse favorablemente esta acción en beneficio de los derechos de usuarios y consumidores. También para garantizar la continuidad de la prestación de servicios esenciales vinculados a la salud y a la educación, entre otros”, aclaró.

“El aumento de servicios públicos, derivado de garantizar ganancias en dólares a las empresas del sector, constituye un cargo que no tiene respaldo legal alguno y no solo violenta la valoración político-constitucional de la moneda como manifestación de soberanía, sino lo dispuesto como nuevo paradigma en el inciso 19 del artículo 75, conocido también como la ‘Cláusula del progreso económico y social’, donde se establece que ‘corresponde al Congreso proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda’”, estimo Allende.

El jefe del Programa Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, opinó que “el aumento del gas se produce por una decisión del Estado nacional de devaluar la moneda nacional y las consecuencias no pueden ser soportadas, sin más, por los usuarios del servicio público en forma exclusiva. Se afecta la razonabilidad, gradualidad y racionalidad, que fueron criterios de validez y legalidad de las tarifas de servicios públicos impuestos por la Corte Suprema de Justicia en sus recientes fallos”, señaló.

A su vez, el funcionario destacó que "es evidente, a todas luces, que esta alteración del precio del gas, por la devaluación de la moneda nacional, no responde a los marcos regulatorios. Ellos no permiten  trasladar el precio de la tarifa final al usuario porque el eje que motivó el incremento es ajeno al mercado, no se vincula con los costos de producción y obtención del gas y la devaluación y posterior incremento del precio son imprevisibles para concesionarios y usuarios. Por ello, sus consecuencias no pueden ser exclusivas y absorbidas por los consumidores", remarcó el fiscal de Estado de San Luis.

Una suba que llegará al 30%

Fraccionado, poco a poco o dividido en porciones. Así planificó el gobierno nacional un nuevo tarifazo. Según el propio secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, afirmó que la suba promedio de la tarifa de gas domiciliario para este año se encontrará en el orden del 30 por ciento.

"Estimamos que con las subastas que estamos llevando adelante el impacto en las tarifas de gas domiciliario serán, como máximo, en ese orden para 2019. Y probablemente sean menores a ese porcentaje”, expuso el funcionario en el Palacio de Hacienda.

De esta forma, el incremento estaría en línea con las estimaciones de inflación que presentaron las consultoras privadas que componen el Relevamiento de Expectativas de Mercado. Las mismas señalan un alza de precios del 28 por ciento para este año, tras el récord negativo de 2018.

El ajuste venidero estaría ceñido a una eventual postergación del segundo aumento de gas previsto para octubre 2019. Esa idea del Estado nacional va a tono con las elecciones presidenciales.