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Actuaron con rapidez para proteger a mujer golpeada

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Actuaron con rapidez para proteger a mujer golpeada

Logró escapar de su casa. Tuvieron que asistirla para que hiciera la denuncia en el Poder Judicial.

La ayuda que le brindaron una jueza de Cámara y la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Lilia Novillo permitió que en apenas unas horas una mujer golpeada por su pareja fuera puesta a resguardo, recibiera un botón antipánico y al agresor le impusieran una restricción de acercamiento.

La celeridad con que la jueza de Familia y Menores 1 de San Luis, Marcela Torres Cappiello, adoptó las medidas para proteger a la víctima de violencia de género estuvo respaldada en un informe que le elaboró un equipo de psicólogos y asistentes sociales del Poder Judicial, explicó ayer la ministra Novillo, al ser consultada por El Diario.

Antes de que en tribunales pusieran en marcha este equipo evaluador de riesgos, los magistrados que intervenían en estos casos y debían tomar medidas importantes, como la de disponer la exclusión de un hombre del hogar, o de imponerle una restricción de acercamiento, adoptaban estas resoluciones sin un informe técnico que los respaldara. 

Eso implicaba una complicación para los jueces, porque sus determinaciones podían terminar siendo infundadas e injustas. Pero, “ante la duda, las ordenaban, porque si no lo hacían por falta de información sobre el caso, podía pasar que la víctima estuviera en riesgo, por ejemplo, de que el agresor la matara”, explicó la ministra de la Corte provincial.

“Ahora, con esta evaluación de riesgo, los jueces están más tranquilos. Cuando dan una orden, saben que hay un riesgo realmente”, agregó.

En este caso, una mujer se comunicó con una camarista que no la conocía, según trascendió. Alguien le había pasado su teléfono. Le explicó que había sufrido una nueva agresión de su pareja y le pedía ayuda. Eran las dos de la tarde del viernes.

Esta jueza, que estaba fuera de la ciudad, le indicó a la mujer que saliera de su casa, ubicada en un barrio de la zona oeste de la capital, y fuera a tribunales a hacer la denuncia.

Cuando la víctima llegó al Poder Judicial, la magistrado, por teléfono, le dio indicaciones sobre cómo actuar. Pero se encontró con una sorpresa: la mujer le dijo que no iba a denunciar a su pareja. Una cuñada, hermana del agresor, le había salido al cruce y la había presionado para que no acudiera a pedir la intervención de la Justicia.

Entonces la jueza llamó por teléfono a Novillo. La ministra se comunicó con la guardia policial del Poder Judicial y la instruyó para que saliera a la calle, a ubicar a la víctima, para contenerla y acompañarla a la Oficina de Recepción de Denuncias.

También se comunicó con el personal de esa área. Allí entró en acción el equipo evaluador.

“Hay todo un sistema estructurado que nos está dando muy buenos resultados. Cuando alguien denuncia un caso de violencia familiar, de género, se deriva a un cuerpo evaluador de riesgos y de inmediato, antes de que le pasen la denuncia al juez, ya tiene una evaluación previa de este equipo formado por psicólogos y asistentes sociales. Entonces, cuando el juez decreta, por ejemplo, una exclusión del hogar, no lo hace en el aire, porque tiene un informe previo, claro, un dictamen que le dice que hay un riesgo” para la víctima, dijo la ministra Novillo.

Después de denunciar, cuando se volvió a comunicar por teléfono con la jueza, la víctima estaba conmovida por haber hallado respaldo. Había pensado que no lo tendría. “Eso refleja la profunda desolación de las mujeres víctimas de violencia”, comentó una funcionaria judicial.

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Actuaron con rapidez para proteger a mujer golpeada

Logró escapar de su casa. Tuvieron que asistirla para que hiciera la denuncia en el Poder Judicial.

En la puerta. Una hermana del agresor quiso impedir la denuncia. Foto: Archivo.

La ayuda que le brindaron una jueza de Cámara y la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Lilia Novillo permitió que en apenas unas horas una mujer golpeada por su pareja fuera puesta a resguardo, recibiera un botón antipánico y al agresor le impusieran una restricción de acercamiento.

La celeridad con que la jueza de Familia y Menores 1 de San Luis, Marcela Torres Cappiello, adoptó las medidas para proteger a la víctima de violencia de género estuvo respaldada en un informe que le elaboró un equipo de psicólogos y asistentes sociales del Poder Judicial, explicó ayer la ministra Novillo, al ser consultada por El Diario.

Antes de que en tribunales pusieran en marcha este equipo evaluador de riesgos, los magistrados que intervenían en estos casos y debían tomar medidas importantes, como la de disponer la exclusión de un hombre del hogar, o de imponerle una restricción de acercamiento, adoptaban estas resoluciones sin un informe técnico que los respaldara. 

Eso implicaba una complicación para los jueces, porque sus determinaciones podían terminar siendo infundadas e injustas. Pero, “ante la duda, las ordenaban, porque si no lo hacían por falta de información sobre el caso, podía pasar que la víctima estuviera en riesgo, por ejemplo, de que el agresor la matara”, explicó la ministra de la Corte provincial.

“Ahora, con esta evaluación de riesgo, los jueces están más tranquilos. Cuando dan una orden, saben que hay un riesgo realmente”, agregó.

En este caso, una mujer se comunicó con una camarista que no la conocía, según trascendió. Alguien le había pasado su teléfono. Le explicó que había sufrido una nueva agresión de su pareja y le pedía ayuda. Eran las dos de la tarde del viernes.

Esta jueza, que estaba fuera de la ciudad, le indicó a la mujer que saliera de su casa, ubicada en un barrio de la zona oeste de la capital, y fuera a tribunales a hacer la denuncia.

Cuando la víctima llegó al Poder Judicial, la magistrado, por teléfono, le dio indicaciones sobre cómo actuar. Pero se encontró con una sorpresa: la mujer le dijo que no iba a denunciar a su pareja. Una cuñada, hermana del agresor, le había salido al cruce y la había presionado para que no acudiera a pedir la intervención de la Justicia.

Entonces la jueza llamó por teléfono a Novillo. La ministra se comunicó con la guardia policial del Poder Judicial y la instruyó para que saliera a la calle, a ubicar a la víctima, para contenerla y acompañarla a la Oficina de Recepción de Denuncias.

También se comunicó con el personal de esa área. Allí entró en acción el equipo evaluador.

“Hay todo un sistema estructurado que nos está dando muy buenos resultados. Cuando alguien denuncia un caso de violencia familiar, de género, se deriva a un cuerpo evaluador de riesgos y de inmediato, antes de que le pasen la denuncia al juez, ya tiene una evaluación previa de este equipo formado por psicólogos y asistentes sociales. Entonces, cuando el juez decreta, por ejemplo, una exclusión del hogar, no lo hace en el aire, porque tiene un informe previo, claro, un dictamen que le dice que hay un riesgo” para la víctima, dijo la ministra Novillo.

Después de denunciar, cuando se volvió a comunicar por teléfono con la jueza, la víctima estaba conmovida por haber hallado respaldo. Había pensado que no lo tendría. “Eso refleja la profunda desolación de las mujeres víctimas de violencia”, comentó una funcionaria judicial.

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