La joven que atropelló a una nena dijo que quiso disculparse

Después de casi 24 horas en la Comisaría 12ª, Nayla Tatiana Gómez recibió la noticia que seguramente más temía y presagiaba: quedó detenida por atropellar con su moto a Paulina Mansilla, de seis años, y darse a la fuga, en el barrio Altos del Oeste de Villa Mercedes. Lo que quizás no esperaba es que la imputación por la que ordenaron su detención fuera tan grave como resultó ser. Puesto que, además de ser investigada por las lesiones ocasionadas a la criatura y por abandonarla a su suerte, también está acusada por ocultar prueba. Este jueves, en la indagatoria, la joven se abstuvo de declarar ante la jueza. Sin embargo, un día antes, cuando los policías que investigaban el choque la demoraron, Gómez no se hizo la desentendida. Según trascendió, les comentó a los efectivos que había tenido la intención de acercarse a la familia de la niña y disculparse, pero no lo hizo por miedo a cómo reaccionarían los padres de la chiquita.

La mujer de 20 años está imputada por "lesiones, abandono de persona y ocultamiento de prueba". Después de contestar que se abstendría de declarar, su abogado, Matías Farinazzo Tempestini, solicitó ocho días de la prórroga de la detención. Eso quiere decir que la jueza Mirta Ucelay dispone hasta el viernes de la semana que viene para resolver si la procesa o no por esos delitos.

Aunque guardó silencio ante la magistrada, el miércoles no lo hizo. Cuando los policías de la Comisaría 12ª llegaron, cerca del mediodía, al corralón que tiene su padre en San Luis 474 para allanarlo, los efectivos casi que ni tuvieron que explicarle por qué habían ido. La sospechosa presentía que iban a buscarla a ella y también a la moto que maneja.

Por eso mientras los investigadores le mostraban la orden de allanamiento, la muchacha les contó que ella había tenido la "intención de ir a hablar con los padres de la nena" para decirles que había sido ella quien la atropelló. Pero después cuando la noticia del choque se hizo eco en las redes sociales y en los medios de comunicación y vio, a través de los comentarios en Facebook, lo enojados y alterados que estaban los familiares de Paulina dio marcha atrás con su idea.

Gómez era buscada desde el 26 de julio, cuando ocurrió el choque. En un principio, los investigadores solo contaban con los datos poco precisos de dos mujeres, que caminaban cerca de la bicisenda donde ocurrió el accidente, les aportaron.

Pero, a principio de semana, los efectivos ubicaron a otros testigos: dos albañiles que trabajaban en una obra, a unos metros del lugar de la colisión.

Los hombres les dijeron que la moto de la prófuga era de color azul, que si la veían podrían distinguirla sin problemas. Y uno de los obreros les indicó que hasta le sería posible señalarles a su conductora porque, si bien no la conocía de nombre, sí sabía por donde vivía: en el barrio Estación, frente a la Plaza de la Salud.

Lesiones y mucho más

En un primer momento, la causa estaba en manos del juez Contravencional y Correccional, Santiago Ortiz. Pero, el miércoles, a última hora, cuando el magistrado le corrió vista a la fiscal Verónica Alonso Ernst para que formulara acusación, la funcionaria consideró que la imputación por "lesiones en accidente de tránsito" se quedaba corta. Entendió que Gómez, además, había incurrido en "un delito mayor al mero accidente en sí". "Lo que veo es que hubo dos delitos más, en realidad: el abandono de persona, ya que algunos testigos aseguran que la conductora frenó y luego se fue, lo que implica un dolo, una intencionalidad. Y a su vez, según mi criterio, está el hecho de haber destruido y/o ocultado pruebas. Esos dos puntos son independientes al hecho de atropellar a la nena, que sí pudo ser un suceso accidental”, argumentó la fiscal.

Ese último punto al que se refería Alonso Ernst tiene que ver con el hecho de que cuando los policías le secuestraron la Zanella 150 azul a la imputada, el rodado tenía "una rueda pinchada y una cadena cortada", según le confió una fuente policial a este medio. Es por eso que hacía días Gómez no la usaba y la había llevado al corralón de su padre, para que el hombre se la reparara.

"Mi juzgado es competente en causas cuyos delitos no superan los cuatro años de pena máxima en caso de condena, pero según el Código Penal, el abandono de persona puede ser penado con hasta seis años de prisión, por lo que el caso excede mi competencia”, explicó Ortiz. Por eso el magistrado se declaró incompetente y giró la causa al juzgado penal de turno, el que preside Ucelay.