Malos gobiernos desprestigiaron al Estado

En la edición anterior comenzamos a desarrollar algunas ideas vinculadas a la producción y comercialización agroindustrial y la forma de participación del Estado, tema que ha sido muy discutido en nuestro país, pero de manera muy superficial, y solo en función del interés personal de quien lo plantea. El proceso eleccionario que vive la Argentina hace imprescindible que para efectuar un debate serio sobre esta cuestión se tengan presente los antecedentes más importantes que se registran sobre la misma en la Argentina.

Los lectores recordarán que nuestro relato de la semana previa culminaba con la caída del gobierno del Dr. Raúl Alfonsín.

-El “auxilio” tiene precio -

Previo a asumir, el ya presidente electo Carlos Menem, pide ayuda para recomponer las reservas. Recibe algo más de 800 millones de dólares de las empresas agroexportadoras a manera de anticipo de futuros negocios. A cambio la “seguridad” garantizada por el gobierno nacional de las exportaciones de trigo de dos campañas, una tasa de interés por el anticipo de los fondos y el manejo del Ministerio de Economía para Bunge y Born. Hace falta agregar algo más. Situación que se mantuvo durante los dos primeros años del menemato hasta cumplir el acuerdo, luego Erman González y finalmente Domingo Cavallo.

Llega la convertibilidad, pero como paso previo se comienza a desarmar la JNG, que hasta entonces se encargó de “controlar” el comercio de granos para “proteger a los productores”. (Dicho con ironía para que no queden dudas) tal como lo establecían sus objetivos. La realidad fue que esa JNG se transformó en una gestoría de negocios para ciertas empresas y ciertos funcionarios. Cabe destacar que en su directorio, en las etapas democráticas hubo representantes del sector y en las militares, productores como el ya referido David Lacroze Ayerza tuvieron destacas participaciones en el manejo del organismo que hoy defenestran.

Las responsabilidades propias

Con la convertibilidad se eliminan las restricciones para la inversión privada en los puertos e instalaciones de embarque, una medida largamente reclamada y necesaria. Pero, a su vez el Estado decide desprenderse de sus propios silos y elevadores, hasta entonces administrados por la JNG y que en gran parte fueron construidos con el aporte de los productores mediante una tasa especifica pagada para tal fin.

En los consorcios que se forman para presentarse a la licitación sobre la base de pliegos hechos a medida de los interesados, los productores quedan marginados. Su participación simbólica mediante las entidades que lo representaban no llega al 0.5%. Solo la SRA hace algún tipo de planteo con el entonces presidente Eduardo de Zabalía. El resto ni siquiera participa de las conversaciones de manera directa. Es decir queda claro que ni siquiera conocían la implicancia que una medida de esta naturaleza podría tener en el futuro. Lo elevadores pasan a manos de los mismos que construirán también los puertos privados y quienes en definitiva tienen la llave completa del negocio exportador, las grandes empresas exportadoras.

Paralelamente el ministerio de economía y la secretaría de agricultura autorizan la operatoria en dólares de los mercados de futuros. Una medida “revolucionaria” para la época y absolutamente acertada. Después, las crisis económicas y, la defensa sectorial de intereses privados por sobre el bien común destruirían esta herramienta que aún hoy no ha podido revitalizarse con la fuerza que entonces había adquirido. La reciente fusión Matba – Rofex es un buen paso en ese camino.

Mientras tanto, funcionarios del Ministerio de Economía encabezado por el entonces ministro estrella Domingo Felipe Cavallo anunciaban que era necesario la desaparición de 200.000 productores para que la actividad sea viable (Jorge Ingaramo). Cerca estuvieron de lograrlo. Al finalizar la convertibilidad casi 120.000 productores habían desaparecido.

Llegó el gobierno de la Alianza, con Fernando de la Rúa como presidente que solo será recordado por su ineptitud y la anticipada trágica salida, aunque para la Argentina “necrológica” la muerte parece borrar el pasado, en algunos casos y transforma a villanos en héroes.

La “revitalización” del sector

Con Eduardo Duhalde, se recompone la relación campo–gobierno. Se produce la devaluación asimétrica que permite la recuperación de la actividad productiva pero con el costo de “aceptar la reimplantación transitoria” de las retenciones. La soja comienza a producir el “milagro argentino”.

El “milagro” que recibe Néstor Kirchner se va generando a partir de una singular combinación que comienza con la herencia recibida de un proceso de expansión de la producción agropecuaria a partir de un tipo de cambio que junto con el subsidio implícito en insumos claves como el gas oil facilitan una rápida “explosión” productiva que permite una recuperación vertiginosa de los principales indicadores económicos.

El Gobierno que quiso intervenir e intervino demasiado y mal.

Al paso del tiempo, el paulatino deterioro cambiario se ve compensado con una fuerte suba de los valores internacionales que permiten disimular no solo ese deterioro, sino también los primeros errores importantes que empiezan a cometerse a partir de una creciente y mala intervención estatal sobre los mercados. Bajo el pretexto de proteger la mesa de los argentinos del aumento de precios internos como consecuencia de los altos valores internacionales que alcanzaron los productos exportables (carne, trigo, soja, maíz, leche) y de un supuesto desabastecimiento posible, Néstor Kirchner comienza a controlar y cerrar las exportaciones. La carne y el trigo son los primeros afectados y sus productores reciben el castigo de estas políticas. El resultado de las mismas, a partir de su profundización en el tiempo fue evidente se perdieron 12 millones de cabezas de ganado vacuno y la producción de trigo cayó un 50%. Al mismo tiempo la Argentina perdió su liderazgo en mercados claves de estos productos en el mundo.

En el caso del trigo se dejaron de exportar más de 20 millones de toneladas del cereal equivalentes a más de 7.500 millones de dólares y se transfirieron desde el sector productor a la molinería y la exportación otros 7.000 millones de dólares. En el mercado interno el pan multiplicó por 10 su valor al igual que la carne y se estuvo al límite de tener que importar trigo en 2013 en donde se pago por el cereal en el mercado interno el triple del valor del mercado internacional.

Errores sobre errores para “tapar” errores.

Pero es necesario mencionar que entre 2006 y 2014 el gobierno nacional de los Kirchner fue absolutamente consciente de sus errores. Ello se demuestra cuando se comprueban las diferentes medidas que se tomaron para, a través, de la intervención del Estado corregir tales errores. Se anunciaron programas tales como: en enero de 2007 el presidente Kirchner estableció un aumento de 4 puntos en los derechos de exportación del complejo sojero con el fin de generar un fondo para compensar a los productores trigueros de las pérdidas ocasionadas por las políticas oficiales (sic). Nunca se concretó esa devolución a los productores y el sistema degeneró en el conocido sistema de compensaciones, favoreciendo a algunos amigos del gobierno como los recordados feed lots “truchos” y un ámbito en donde la corrupción era palabra corriente a tal extremo que para evitar mayores escándalos la presidenta Cristina Fernández tuvo que desmantelar la oficina de control comercial agropecuario (Oncca), organismo creado con el fin de retomar algunas funciones de control necesarias de la ex JNG y que tenía a su cargo la distribución de las cuestionadas compensaciones.

Sin embargo, los programas de “apoyo” a los productores trigueros de parte del Estado Nacional siguieron, se anunciaron, el trigo plus y el maíz plus, la devolución de las retenciones a los pequeños y medianos productores de hasta 800 toneladas, y hasta un fideicomiso que administraba fondos de las recaudados por los derechos de exportación para devolver los mismos a los productores. La corrupción se “llevó puestas” las supuestas buenas intenciones de estos anuncios.

Más intervención destructiva.

Claro que la intervención del Estado Nacional kirchnerista no se limitó a lo resumido hasta aquí. En noviembre de 2007 el entonces presidente Kirchner dispone un aumento en todos los derechos de exportación con el objetivo de redistribuir las importantes ganancias que según el informe de sus funcionarios estaba teniendo el sector. En un año la soja paso de tributar un 23,5% al 35% en concepto de derechos de exportación, que por si hace falta aclararlo se descuenta del precio recibido por el productor. Pocos días después Cristina Fernández de Kirchner asume la Presidencia de la Nación.

Ayudado por una sólida demanda internacional los precios de los granos continúan con una tendencia ascendente. Ante esta realidad, el gobierno nacional decide profundizar su intervención en el mercado y el entonces ministro de economía Martín Lousteau (actual candidato a senador por el partido gobernante en CABA) diseña, junto con Rodrigo Pena (actual secretario de hacienda de la Nación) la recordada y nefasta resolución 125 de retenciones móviles. La irresponsabilidad de tamaña norma no pasa por la cuestión de fondo, es decir el sistema en sí mismo, sino por la forma en que se lo pretende implementar, poniendo de manifiesto un absoluto desconocimiento del mercado por el cual pasa la principal riqueza económica que tiene nuestro país. La justificación oficial de tamaño despropósito adquiere ribetes tragicómicos, si no fuera porque luego del mismo la economía argentina entra en una crisis de la que aun hoy no hemos visto el final. En este sentido, la sola observación de los principales indicadores económicos permite dar veracidad a esta afirmación. Se dijo que se debían redistribuir las ganancias extraordinarias, que se quería desojizar, que la soja era un yuyo que dañaba los campos, que se quería combatir los grandes pooles de siembra. Los resultados de esta política son demasiado recientes por lo que no hace falta detallarlos. (Continuará)