Intensifican los controles para detectar autos compartidos

Las áreas de tránsito y de transporte público y semipúblico del Municipio y la Provincia comenzaron a implementar operativos para detectar servicios de autos compartidos, una actividad que crece en la capital puntana pese a estar prohibida por la normativa vigente. Ante esa situación de ilegalidad, las autoridades incrementaron los controles para desalentar su funcionamiento y uso.

Tras un mes de averiguaciones, las subsecretarías de Transporte y Registro Civil y de Tránsito y Vía Pública del Municipio capitalino, en conjunto con la Secretaría de Transporte de la provincia, realizaron a mediados de esta semana un operativo sorpresa por las calles puntanas en el que detectaron al menos cinco vehículos particulares, utilizados para transportar gente de manera irregular. A todos sus titulares les labraron un acta de infracción, mientras que una de las unidades terminó retenida por falta de seguro obligatorio para circular.

"Hicimos inteligencia por los recorridos que hacen los servicios de transporte urbano e interurbano, donde apostamos personal de las tres áreas para detectar estos autos compartidos, una actividad que está prohibida en la ciudad. Los únicos que están autorizados a transportar gente a cambio del pago de un boleto o una tarifa son las empresas de colectivos concesionados y los taxis con licencia, como también los servicios especiales y de traslado de escolares", explicó el subsecretario de Transporte y Registro Civil, Pedro Liborio Saá.

Además, dijo que el procedimiento de localización de los infractores fue en las paradas de micro. Una vez confirmado el ilícito, los inspectores siguieron a los vehículos sospechosos para sorprenderlos in fraganti en los sitios de detención posteriores.

Si bien durante el operativo solo interceptaron a coches particulares, es común que los taxis también adopten la modalidad "compartida". El costo por el servicio oscila entre los 55 y 140 pesos, con indiferencia del recorrido y la distancia que cubran.

"Es gente que ni siquiera tiene una licencia profesional para conducir, que no solo incluye un examen más riguroso sino que también exige mayor documentación, como estar excluidos del Registro Nacional de la Reincidencia. Esto garantiza que los choferes no tengan causas por delitos contra la integridad sexual o física de las personas que transportan, quienes están en absoluto riesgo porque, además, los vehículos tampoco cuentan con una revisión técnica oficial", sostuvo el funcionario.