Solicitaron la prisión domiciliaria para 18 presos federales

A partir de las recomendaciones de la Defensoría General de la Nación ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, la defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, Claudia Ibáñez, pidió que otorguen prisión domiciliaria a 18 presos por causas federales que son de grupos de riesgo. El lunes por la tarde, la funcionaria judicial confirmó que el tribunal no hizo lugar a cuatro de esos requerimientos, por lo que aguarda la resolución sobre los restantes.

“El pedido de la Defensoría ha sido que presentemos las solicitudes para arrestos domiciliarios y que agilicemos los trámites de todos aquellos internos que están próximos a encuadrarse en la libertad condicional o asistida”, especificó. Si bien “la Cámara Federal sugiere el preferente despacho, estamos en feria extraordinaria”, aclaró. Por lo tanto, se aplica el criterio de la misma en cuanto a las tramitaciones.

En el documento de la Defensoría General de la Nación, además, se recomienda a los defensores "prestar atención especial a la situación de salud de las personas privadas de la libertad" y que "inicien o continúen trámites de hábeas corpus cuando adviertan hacinamiento u otras restricciones de los derechos".

Ibáñez refirió que tras declararse la emergencia sanitaria pidieron al Servicio Penitenciario Provincial, mediante oficio, que informara cuáles son los internos por causas federales que están en grupos de riesgo, es decir, quiénes son mayores de 60 años, pacientes oncológicos, con VIH o con problemas respiratorios. “Con base en ese informe, solicitamos la prisión domiciliaria para aquellos internos que corresponden a nuestra defensoría y también para algunos más, que si bien no pertenecen, sabemos que son de grupos de riesgo”, resumió.

Entre los presos hay “una mujer con Epoc; hay mayores de 60, pacientes con VIH, oncológicos, con hipertensión arterial severa, con problemas respiratorios y diabéticos insulinodependientes”, enumeró.

La Fiscalía, según contó, ha vuelto a pedir al Servicio Penitenciario un informe. Estima que quizás requiere que desde el Penal eleven un informe más amplio, más detallado.

Entre los internos para quienes se hizo el pedido hay pacientes con VIH y oncológicos.

 

Solo hubo un caso en el que el TOF hizo lugar a una prisión domiciliaria en lo reciente. “Ya habíamos presentado en octubre del año pasado el pedido para un hombre que tiene 70 años, por lo que encuadra. Lo que hicimos ahora fue solicitar que se agilizara el trámite” ante el panorama planteado por la pandemia, dijo Ibáñez. El beneficio fue otorgado por la COVID-19, no por la edad, aunque, según explicó, este es transitorio, durará mientras se extienda la emergencia sanitaria.

Ibáñez comentó, además, que dentro de los casos para los que pidió arresto domiciliario hay uno que es particular. Se trata de un joven condenado a un año de cárcel por infracción a la Ley 23.737 (la mayoría de los presos federales está por causas por drogas).

Él no pertenece a un grupo de riesgo, pero sí su padre, con quien vivía hasta entrar al Penal, aproximadamente unos diez días antes de que se declarara la emergencia sanitaria. El joven es el único familiar directo que tiene su padre, quien además de ser mayor, sufre alcoholismo.

Su causa inició hace 7 u 8 años. Llegó a juicio libre y debe cumplir condena porque tiene antecedentes. Pero, según la defensora, desde el momento que tuvo esa última causa a la fecha, no volvió a tener problemas. “Nos rechazaron el pedido, diciendo que él no es grupo de riesgo. No se contempló la situación familiar. Vamos a recurrir”, anticipó.