Piden 6 años de cárcel para la conductora que causó la muerte de una policía

Este jueves, comenzó el juicio oral contra Naira Mijal Ledezma, de 24 años, por la tragedia vial que en febrero de año pasado ocurrió en la Autopista 25 de mayo, en las inmediaciones de la rotonda de la Aguadita del Portezuelo, entre las ciudades de San Luis y La Punta. La acusan de homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas por la muerte Cecilia Soledad Benítez –sargento de la Policía de San Luis y de 46 años de edad- y las lesiones de gravedad que sufrió su madre, Teresa Benítez.

En el transcurso de la apertura, el abogado de la querella Oscar Papaño solicitó una pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo y diez años de inhabilitación especial para conducir vehículos.

El debate es presidido de manera unipersonal por la jueza Karina Lucero Alfonso, integrante del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial. Se han previsto dos jornadas de debate y a declaración de 30 testigos, entre ellos personal médico, peritos, policías y testigos presenciales.

Reconstrucción del drama

La Fiscal de Juicio N° 1, Virginia Palacios, sostuvo que el hecho ocurrió el 7 de febrero de 2024, alrededor de las 14:30, cuando “la acusada habría conducido de manera negligente y temeraria –iba al comando de un Volkswagen Voyage-, con exceso de velocidad y bajo los efectos de alcohol y estupefacientes”.

Como consecuencia de ello, cruzó el cantero central de la Autopista 25 de Mayo, a la altura del kilómetro 5, e impactó contra el vehículo en el que se trasladaban las víctimas (Toyota Etios), que circulaban en sentido San Luis–La Punta.

A raíz del impacto, Cecilia Benítez resultó gravemente herida y falleció el 10 de febrero, luego de permanecer internada en terapia intensiva. Su madre sobrevivió, pero con importantes secuelas físicas.

Palacios mantuvo la calificación legal atribuida en la etapa de investigación por la Fiscalía de Instrucción N° 2: homicidio culposo en accidente de tránsito y lesiones graves, ambos agravados por el consumo de alcohol, estupefacientes y por el exceso de velocidad.

Papaño adhirió a la acusación fiscal y responsabilizó a la imputada como autora material del hecho. Señaló que las condiciones climáticas y viales al momento del accidente eran óptimas, y que el siniestro se habría producido exclusivamente por una conducción riesgosa: “exceso de velocidad, cambio de carril y una alcoholemia superior al límite legal permitido”.

Primera discusión y rechazo

La defensa técnica de la imputada —a cargo de los abogados Iván Coria y Javier Rezzano— solicitó la suspensión del juicio a prueba (probation), conforme al artículo 222 del Código Procesal Penal, argumentando que, a su criterio, el debate aún no se encontraba formalmente iniciado.

La fiscal Palacios se opuso al pedido por considerar que “resultaba extemporáneo, ya que el debate había sido formalmente abierto”. Además, expresó que no prestaría consentimiento debido al pronóstico punitivo, entendiendo que, en caso de recaer condena, la pena superaría los tres años de prisión, dada la existencia de agravantes y el concurso de delitos.

Luego de un cuarto intermedio, la magistrada resolvió rechazar el pedido de suspensión del juicio a prueba. Fundamentó su decisión en que la solicitud fue presentada fuera del plazo procesal previsto y citó jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia que establece que dicho beneficio solo puede ser requerido hasta la etapa intermedia del proceso.

Aclaró además que el sistema procesal vigente no habilita su aplicación en esta instancia y que las garantías constitucionales del debido proceso están resguardadas durante el juicio oral.

Fuente: nota y fotos del Poder Judicial de San Luis