Una mirada periodística sobre la vulneración de derechos
El informe fue hecho en San Francisco del Monte de Oro con el apoyo de Amnistía Internacional. Revela la falta de acceso a anticonceptivos e información sobre salud sexual y reproductiva en la localidad.
Desde 2012 San Francisco del Monte de Oro fue declarada “Pro Vida” a través de una ordenanza municipal que establece, además, la prohibición de vender la pastilla conocida como “del día después” y dispone la creación de un cementerio para embriones, llamado “Los Angelitos”. Un informe periodístico, elaborado de forma independiente por cinco periodistas de El Diario de la República gracias a una beca otorgada por Amnistía Internacional, busca contar cómo viven las mujeres en una localidad donde no se respetan sus derechos de salud sexual y reproductiva.
De las tres farmacias de San Francisco, solo una vende el anticonceptivo de emergencia. En el resto no se comercializa y cuando las mujeres van a buscarlo son desinformadas y tratadas con desprecio. La Iglesia Católica, que tiene una gran injerencia en la localidad, no permite que el hospital se realicen tareas de prevención y se repartan preservativos en actos públicos, festivales y reuniones en la plaza.
Al momento de realizarse la investigación, el intendente era Juan Carlos Eduardo, actual presidente de la Cámara de Diputados provincial. Durante el relevamiento, desde el Municipio reivindicaron con orgullo ser un pueblo “Pro Vida”, desconociendo que, en verdad, lo que hacen es vulnerar derechos constitucionales. La nueva gestión aún mantiene en vigencia la ordenanza que prohíbe vender la pastilla.
En cuatro minicapítulos de formato audiovisual, que reúnen testimonios y relatos de mujeres y autoridades de la localidad, el informe narra lo que se vive en un pueblo donde las jóvenes y mujeres no tienen acceso suficiente a métodos anticonceptivos ni a información certera sobre salud reproductiva, y mucho menos a la posibilidad de un aborto seguro.
Raquel Wolansky, Florencia Espinosa, Romina Oddone, Marina Balbo y Marianela Sánchez llevaron adelante la investigación que se realizó durante noviembre de 2019 gracias a una beca de incentivo periodístico otorgada por la organización internacional que trabaja por los derechos humanos. El proyecto fue uno de los ocho seleccionados entre los más de 200 que se presentaron a la convocatoria.
Capítulo 1:
Capítulo 2:
Capítulo 3:
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