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La hora del veredicto: el caso Romina Aguilar en diez momentos

Cuenta regresiva para los alegatos en el juicio por el homicidio. El crimen, detenciones y procesamientos. Las pruebas, denuncias y el debate, atravesado por la pandemia.

Por redacción
| 16 de julio de 2020
Romina Aguilar fue asesinada en la puerta de su casa el 30 de enero de 2016. Foto: El Diario.

Es un sábado caluroso de 2016. Lo previsible para un 30 de enero en San Luis. Pero a esa hora, apenas pasadas las 6, el termómetro todavía da tregua. Una mujer joven de cabellos rubios sale de su casa, en el barrio Faecap, para subir a su Renault Duster negra y conducir los 75 kilómetros que separan la capital de La Calera. Ella, Romina Celeste Aguilar, es alumna del Plan de Inclusión Educativa (PIE) y va a cursar en su pueblo. Pero ese viaje nunca se hizo: dos hombres montados en una motocicleta oscura aparecieron sorpresivamente. Iban con una misión: matarla.

 

 

 

El que iba de acompañante se bajó, corrió hacia ella, la tomó y la arrastró desde la puerta del lado del conductor en dirección a la parte trasera de la camioneta y le dio dos tiros: uno de frente, en el pecho, y uno en la parte posterior de la cabeza, cuando ya estaba en el piso. Hoy, cuatro años y cinco meses después, llega la hora clave para los tres acusados: el supuesto autor intelectual del homicidio, el viudo de la víctima y exintendente de La Calera, Diego Lorenzetti; y los presuntos autores materiales, Leandro el “Bocón” o “Boconeta” Vílchez y Edivaldo De Oliveira Pereira. Es también el momento para que haya justicia por ella.

 

 

Después de que los policías de la entonces División Homicidios allanaran un taller de la zona oeste de San Luis y secuestraran su moto, una Yamaha Crypton gris con negro, De Oliveira Pereira se presentó ante la jueza de la causa, Virginia Palacios. Él era el jockey de los caballos de Lorenzetti. Confesó ante la magistrada que el 30 de enero él y otro hombre, apodado el “Bocón” o “Boconeta”, fueron a lo de Lorenzetti a cumplir un encargo por el que el entonces intendente les prometió 100 mil pesos. El trabajo, dijo el jinete, consistía en robarle a Romina. Contó que él puso y condujo su moto para cumplir con la “tarea” y que el acuerdo se hizo a través de un intermediario, un tal “Chori” (NdP: Héctor Gastón Heredia). Según él, recién supo que la verdadera intención era asesinar a la joven cuando su cómplice desenfundó el arma. Después de esa declaración, el brasilero quedó arrestado. El 10 de marzo, fue procesado con prisión preventiva por “Homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por mediar promesa remuneratoria”.

 

Esa noche, después de participar de una marcha en La Calera para pedir justicia por el crimen de su esposa, Lorenzetti fue detenido, bajo la sospecha de ser el instigador del asesinato. Fue imputado por la misma figura que el jockey brasilero, solo que con un agravante más, el vínculo.

 

Horas antes de que De Oliveira Pereira fuera procesado, Lorenzetti amplió su declaración indagatoria. Reiteró su sospecha, expresada desde el inicio, de que el asesinato de su esposa era una venganza de sus enemigos políticos de La Calera. Esa hipótesis “no encuentra ningún respaldo o sustento probatorio y, por el contrario, resulta una clara maniobra por parte del indagado tendiente a desviar la investigación y frustrar los fines del proceso”, consideró la jueza Palacios en el fallo del procesamiento.

 

• El viudo también aseguró siempre que la relación con Romina era buena, casi podría decirse que idílica, pese a que los mensajes de celulares analizados dan la pauta de que había conflicto y reclamos por parte de ella hacia él, fundamentalmente por su falta de atención y ausencias, y reproches por presuntas infidelidades.

 

• Lorenzetti también dio explicaciones sobre el dinero que había pedido recientemente en calidad de préstamo (y que se presume estaba destinado al pago de los sicarios). Dijo que lo utilizó en la construcción de viviendas sociales en La Calera, para pagarles a empleados que intervinieron en un festival del pueblo y para abonar las prótesis de una nena de Nogolí. Esos argumentos no bastaron: la jueza Palacios lo procesó con prisión preventiva. Los testimonios tomados y lo que surgió del análisis de celulares y de escuchas y otras averiguaciones fundaron el fallo.

 

 

Los mensajes que había en los celulares secuestrados han dado alguna pista, según los investigadores, de cuál puede haber sido el móvil: acallar a Romina porque se estaba convirtiendo en una amenaza, por lo que sabía y podía revelar. 

 

 

"El Bocón" o "Boconeta" fue localizado y arrestado por personal de Investigaciones en un pasaje abierto entre los barrios Francisco Cáceres y el anexo del 60 Viviendas, en la zona norte de San Luis. Hacía 31 días que escapaba de la Justicia, pero no opuso ninguna resistencia. Por esa misma fecha, se hizo cargo de la causa el entonces juez Penal 1 de San Luis, Sebastián Cadelago Filippi, tras el apartamiento de Palacios. Al día siguiente, por consejo de sus defensores, Jorge Merlo y Héctor Zavala Agüero, Vílchez no declaró en la indagatoria. Ya con nueva defensa —asumió Santiago Calderón Salomón—, el 11 de noviembre de ese año amplió la declaración indagatoria: se limitó a expresar que no tenía nada que ver con el crimen.

 

Hubo tres procedimientos, que se hicieron con el mayor sigilo posible. Así lo pidió el juez Cadelago Filippi que le dio a la Policía la orden de allanar los domicilios de De Oliveira Pereira y Vílchez, y de Heredia, quien fue marcado como presunto eslabón entre estos y Lorenzetti.

 

Este último, al parecer, guarda relación de parentesco con dos de los procesados: es primo de Vílchez y estuvo casado con una prima de Lorenzetti, que falleció hace algunos años en un accidente. La persona que, según “El Brasilero”, le había ofrecido a “El Bocón” cometer el crimen por encargo fue Heredia. El fin de los allanamientos fue secuestrar material informático, como computadoras, notebooks, chips y tarjetas de memoria a la causa.

 

Sandra Becerra, la pareja de De Oliveira Pereira, aseguró que su marido fue amenazado por otro interno, en la cárcel, para que se retractara de la declaración que dio en marzo de 2016, en la que, además de reconocer su participación en el ataque, señaló a Vílchez como el autor de los disparos y a Lorenzetti como quien encargó el crimen. Le habrían dicho que si no se desdecía quienes iban a sufrir las consecuencias eran sus familiares. Cinco días después, el 13 de septiembre, el brasilero ratificó la denuncia en la Justicia, que apuntaba contra Lorenzetti. Cuando declaró ante el tribunal, Becerra (foto) confirmó que su esposo fue amenazado en la cárcel para que cambiara sus dichos.

 

Inició el juicio oral a los tres acusados en la Cámara del Crimen 1 de San Luis. En esa audiencia se leyó la requisitoria de elevación a juicio que el fiscal de Instrucción 3, Esteban Roche, formuló en noviembre de 2017. En ella pidió que los tres sean condenados a prisión perpetua.

 

Lorenzetti declaró y rechazó la acusación que pesa sobre él: “En principio quiero manifestar lo que siempre dije, que soy inocente, que jamás se me ocurriría matar a nadie, mucho menos a la madre de mi hijo, a mi compañera, al sostén mío en las buenas y por sobre todas las cosas, en las malas”, dijo.  El 5 de marzo,  declaró de nuevo. “Tengo mi propia idea formada sobre lo que pudo haber pasado... No existe una declaración de De Oliveira y tampoco creo que se haya entregado. Yo conozco mi expediente y para mí no tiene nada que ver en el hecho. Me lo dice mi expediente”, refirió.

 

Casi dos semanas después de que el debate oral retomara —tras la pausa que impuso la pandemia a partir de la declaración del ASPO, el 20 de marzo—, el viudo volvió a declarar y negó haber amenazado a nadie y cuestionó el accionar de los policías de Homicidios. También hizo lo propio De Oliveira Pereira: se desdijo de su primera declaración. Aseguró que fue secuestrado, golpeado y amenazado para firmar ese escrito en el que se autoincriminó y señaló a Vílchez y al exintendente. También fue contra la jueza Palacios, Monte Riso (quien fue secretaria del Juzgado Penal 3 y es la actual fiscal de Cámara 1), el defensor oficial Carlos Salazar y los policías de Homicidios. “Es un manotazo de ahogado”, interpretó la fiscal de Cámara sobre esta reversa del jockey, que apunta a poner en duda todo el proceso investigativo. Al día siguiente, Vílchez también declaró, si bien admitió su roce con el delito, dio una coartada y aseguró que nunca mató y que a Lorenzetti recién lo vino a conocer en el Penal.

 

 

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