Investigan si Gutiérrez fue víctima de un crimen "pasional extorsivo"

Fabián Gutiérrez, el exsecretario privado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, fue hallado el sábado muerto y enterrado, con heridas de arma blanca y un fuerte golpe en la cabeza, en una vivienda de la ciudad santacruceña de El Calafate en la que residía uno de los cuatro jóvenes detenidos por el hecho. El juez de la causa, Carlos Narvarte, descartó cualquier vinculación política con el asesinato y habló de un crimen "pasional extorsivo" como principal hipótesis.

Los detenidos son Facundo Zaeta, de 19 años, su hermano Santiago, y Maximiliano y Fabián Gómez (también hermanos), todos de entre 20 y 23 años. Los Zaeta son hijos de un comerciante y nietos de Oscar Zaeta, el escribano más conocido de la localidad.

El cadáver del exfuncionario, uno de los arrepentidos en la "causa de los cuadernos", fue hallado en una vivienda del barrio Aeropuerto Viejo. Tenía heridas de arma blanca y golpes.

Gutiérrez estaba desaparecido desde el jueves, luego de haber arribado desde Buenos Aires. Su cuerpo fue hallado luego de que los detenidos le confesaran a Narvarte, juez de Instrucción de El Calafate, que lo habían matado. Según publicó La Opinión Austral, los detenidos habrían confesado haber maniatado y torturado a Gutiérrez para obtener dinero.

Narvarte precisó que uno de ellos viviría en la casa donde apareció el cuerpo. Dijo que el cadáver estaba enterrado, "envuelto en una sábana, con un fuerte golpe en la cabeza y heridas de arma blanca".

El juez habló de un crimen "pasional extorsivo". "Había aparentemente una amistad más profunda entre uno de los detenidos y Gutiérrez. Hablamos de un homicidio agravado, pero la calificación la voy analizar más adelante. Estamos hablando de una condena a prisión perpetua".

“ Yo no tengo el móvil político dentro de las hipótesis en las que estoy trabajando en este caso". Carlos Narvarte.

 

El viernes al mediodía, tras la denuncia de la desaparición de Gutiérrez, el juez Narvarte ordenó las primeras diligencias en el domicilio del exsecretario de Cristina, en la esquina de Perkins y D'Agostini. Estaba toda revuelta.

Allí hallaron una campera con sangre, precintos plásticos y manchas de sangre en varios sectores. "Parecía como si hubiesen querido limpiarlas", graficó uno de los investigadores.

Los pesquisas determinaron luego que durante la noche previa Gutiérrez fue visto con Facundo Zaeta, por lo que los investigadores se dirigieron a su domicilio. El joven quedó demorado.

Tras esta detención, el juez ordenó otros tres allanamientos en los que fueron detenidos los demás sospechosos. Uno de ellos declaró ante el juez Narvarte y aportó los datos fundamentales para el hallazgo del cadáver de Gutiérrez.

Por tratarse de un testigo que había declarado como "arrepentido" en la "causa de los cuadernos", el crimen tuvo una rápida repercusión en el ambiente político.

La coalición opositora Juntos por el Cambio reclamó que la causa pase a la Justicia Federal y reclamó además que se aparte del caso a la fiscal Natalia Mercado, por ser hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y sobrina de la vicepresidenta.

El Ministerio de Justicia de la Nación tuvo que salir a aclarar que Gutiérrez "nunca fue parte del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de la cartera", porque "ni él, ni ninguna autoridad judicial requirieron su protección".

Cruce entre funcionarios y opositores

Luego de que la oposición relacionara el asesinato de Gutiérrez con su condición de testigo "arrepentido" en la "causa de los cuadernos", el secretario de Justicia, Juan Martín Menna, sostuvo: "Hacer conjeturas y esa inmediata vinculación política habla de la bajeza personal". Y la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, señaló: "Encontraron su campera, rastros de sangre, su celular y su billetera. Siguieron buscando. Mientras tanto algunos irresponsables de la oposición salieron a asegurar que lo habían matado por ser arrepentido de cuadernos y que se trataba de un testigo protegido".

El senador de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que "más allá de los presuntos móviles que la Justicia debe investigar, el Estado tenía la responsabilidad de garantizar su seguridad". El diputado Waldo Wolff expresó: "Mucho comunicador instalando móviles antes siquiera que empiece el proceso. Mi lectura política es que un denunciante del poder debía estar cuidado".