"Tu Techo, Tu Tierra": un programa inviable y lleno de irregularidades

Fueron varias las irregularidades detectadas por la Municipalidad de San Luis en el cancelado plan “Tu Techo, Tu Tierra”, iniciado durante la gestión anterior y que prometía la entrega de lotes con servicios en el predio de Granja La Amalia. Por estas falencias, y por la imposibilidad financiera y legal de concretarlo, la actual administración a cargo de Sergio Tamayo decidió darlo por finalizado esta semana.

Adjudicatarios sin domicilio en la provincia o con propiedades e incluso cuentas activas sin un titular a cargo están entre las faltas más graves. Señalaron que a ello se le suman las diferencias en la cantidad de cuentas que depositaban cuotas y las personas efectivamente adjudicadas por decreto. Y esto sin contar 12 millones de pesos con destino para obras de urbanización, pero que, sospechan, una parte habría sido utilizada para otros fines.

Sin residencia en la ciudad

La secretaria Legal y Técnica, Gretel Cali, en diálogo con El Diario de la República, hizo un desglose de las fallas que encontraron en el ya extinto plan en al menos un 35% de los más de 500 adjudicatarios que se inscribieron. “Uno de los requisitos por excelencia tiene que ver con la residencia, que tiene que coincidir con el lugar donde se va a entregar la vivienda o solución habitacional. Tenemos personas que no habitan en la ciudad de San Luis, ni siquiera en la provincia. Había un adjudicatario con domicilio en Francia”, detalló la funcionaria.

Aseguró que también encontraron que había beneficiarios que no cumplían con la residencia mínima, de entre 3 y 5 años de permanencia en la ciudad, y ausencia de familias numerosas o madres solteras, que tienen prioridad en cualquier plan.

“Otro requisito es no tener otra propiedad, una solución habitacional que lo coloque como una prioridad”, apuntó Cali, condición que tampoco se habría cumplido, ya que varios arrojaron “catastro positivo”, lo que quiere decir que tienen otra vivienda.

Cabe destacar que el plan tenía también un 57% de morosidad, con beneficiarios que adeudaban al menos tres cuotas consecutivas o cinco alternadas. Cali aclaró que los beneficiarios fuera de las normas estaban incluidos tanto entre los morosos como los que estaban al día.

Listados que no coinciden

Andrés Fábrega, secretario de Hacienda del Municipio, detalló a este matutino la diferencia entre los adjudicatarios que aparecían en el decreto municipal, que son 522, con las cuentas activas que depositaron cuotas, que son 586. Una comparación entre ambos listados arrojó que 516 beneficiarios aparecían en ambos registros. Sin embargo, lo más grave es que setenta personas estaban como aportantes sin un decreto que los nombre como adjudicatarios.

Y el análisis financiero muestra otra situación irregular. Hay 21 cuentas que depositaron cuotas, bajo el nombre común de “San Luis Progresa”, pero sin un titular. Es decir, son 21 lotes que estaban siendo asignados sin ninguna persona a cargo.

Fondos para otros fines

En el mes de diciembre del año pasado, la Municipalidad giró las cuotas a TMF Trust Company Argentina S.A., el fiduciario que administra por contrato el fideicomiso del plan. Fueron en total 9 millones de pesos, pero afirman que lo que habrían destinado los vecinos superaba los 21 millones, al menos desde diciembre de 2018, cuando comenzaron a pagarse las cuotas mensuales de 4.800 pesos.

Según detalló Fábrega, 5.919.000 de pesos se destinaron al pago de proveedores y 4 millones a la cuenta general del Municipio, con la finalidad de realizar obras de urbanización como la colocación de servicios básicos de agua, electricidad y pavimentación. Sin embargo, otros 2 millones de pesos habrían sido destinados para cubrir un déficit de Transpuntano. Es decir, se utilizó el dinero de los vecinos destinado a sus lotes con otros fines. 

“Se están analizando las acciones concretas para verificar concretamente si trascienden en delitos o no, y en este caso se iniciarán acciones legales”, apuntó Cali, quien dijo que podría haber “incumplimientos de los deberes del funcionario”.

La Municipalidad de San Luis ahora deberá disponer de fondos propios para cubrir esos 11 millones de pesos que debe devolverles a los vecinos. “El Municipio va a tener que hacer un esfuerzo enorme de destinar recursos públicos a la devolución de ese dinero, porque no están en el fondo”, aseguró la funcionaria.

Negociación por La Amalia

Respecto a los terrenos de Granja La Amalia, la secretaria indicó que el juicio de expropiación de las tierras que inició el Municipio y que antes habían estado en posesión del Estado nacional continuará, aunque también dijo que mantienen conversaciones paralelas con la administración de Alberto Fernández para ver otra vía de negociación por los terrenos.

“El Municipio ha iniciado diálogo con Nación para que en términos de acuerdo obtener esa propiedad, una tierra que está cerca del centro y tiene mucha proyección. Es muy prematuro decir que no se buscaría la vía legal, porque estamos en juicio; pero al mismo tiempo estamos en tratativas”, aclaró. La Secretaría de Infraestructura confirmó que no hay ninguna obra vigente en el terreno y que solo realizan tareas mínimas de mantenimiento del predio.

Cronología de un plan fallido

"Tu Techo, Tu Tierra" fue lanzado en la primera gestión del exintendente Enrique Ponce como un plan de vivienda. En 2015, en plena campaña por la reelección, se reformuló a la entrega de lotes gratuitos; y en 2018 a un programa de cuotas para la urbanización de Granja La Amalia, por un total de 1.890 lotes con servicios.

A pesar de las promesas, los vecinos reclamaron continuamente por la entrega de los terrenos y el valor de las cuotas, que comenzaron a pagar a fines de 2018.

En 2017, Ponce inició el juicio de expropiación de 282 hectáreas del terreno ubicado al oeste de la ciudad, y ese mismo año creó un fondo fiduciario para que administrara el dinero de los lotes. En octubre de 2019 incluso les entregó certificados a 364 familias de “fáctica posesión”, a pocos días de las últimas elecciones municipales, que su fuerza política finalmente perdió.

Esta semana, la Intendencia de Sergio Tamayo decidió dar de baja el plan por tres razones: la alta morosidad de los beneficiarios (un 57% no pagaba); no tener la propiedad de los terrenos; y la imposibilidad financiera de asumir los costos de la urbanización, cercanos a 700 millones de pesos. Este monto no se podía cubrir con las cuotas de los beneficiarios, ya que totalizarían apenas 150 millones de pesos.

La Comuna asumió el compromiso de devolver el dinero y darles prioridad a quienes cumplieron con las cuotas y fueran adjudicados correctamente para los próximos planes habitacionales de la  Nación en la capital provincial.

“El intendente ha tomado una decisión difícil, pero muy responsable. No hay nada más importante en este sentido que lo que un Municipio puede afrontar con la realidad de la hacienda pública. Es administrar los recursos conforme a lo que hay.  El primer ejemplo lo tiene que dar el gobernante”, señaló Cali.