El Gobierno asistió el año pasado a 1.602 personas en situación de violencia de género

Todas las áreas que componen la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad trabajaron en una publicación estadística en la que muestran todo lo que realizó la actual gestión entre el 10 de diciembre de 2019 y la misma fecha de 2020. En sus 70 páginas figuran datos muy relevantes, como el perfil de las 1.602 admisiones de personas en situación de violencia por motivos de género, asistidas en cada uno de los nueve departamentos, donde ahora hay una referente de la secretaría.

También se destaca que, sumadas las gestiones anteriores, ese número de asistencias alcanza los 2.194 casos, que actualmente están bajo el acompañamiento del Programa Control y Seguimiento Interdisciplinario. Otro dato importante que se revela en esa publicación es que durante el año pasado se concretó el cierre provisorio de 179 casos; que son aquellos cuyo tiempo prudencial de 120 días sin episodios de violencia fue cumplido.

“Es la primera vez que la secretaría tiene números y es la primera vez que la Provincia cuenta con estadísticas mensuales sobre este problema social”, confirmó Ayelén Mazzina, funcionaria a cargo de esa dependencia; quien además señaló que ahora trabajan con el área de Estadística y Censos de la Provincia y la Dirección Técnica de Registro y Base de Datos del Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad de la Nación.

Entre los diferentes indicadores en los que se apoyaron para conformar ese trabajo estadístico figura en primer lugar el nivel de riesgo de la persona que sufrió violencia. En ese caso se valoró que 538 estaban en riesgo medio y 306 en alto; mientras que el resto era bajo o no presentaba ninguno.

El rango etario que más casos acumula son las mujeres entre los 19 y los 30 años (360), mientras que las de 31 a 40 son las que les siguen (306). La gran mayoría de ellas, el 74% se declara heterosexual que tiene al menos dos hijos (518 casos) con su agresor (550). De este indicador a su vez se desprende que en el 43% de los casos las madres perciben la Asignación Universal por Hijo y el 22% de ellas manifiesta que sus hijos también han sufrido violencia por parte de su agresor.

La discapacidad es otro dato que encontraron en ese universo de personas: el 6% del total tiene alguna; 34 de ellas de tipo físico y 15 de origen mental.  

El nivel de instrucción también fue revelador para conocer la realidad de esas personas en situación de violencia: el 34% cuenta con nivel primario o secundario incompleto.

Gabriela Funes es una de las referentes de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad en el Departamento San Martín y destacó que “conocer el nivel de educación de las personas que atendemos, y el de sus hijos, es necesario para después articular con otros organismos para que accedan a terminar sus estudios. Sobre todo en el interior provincial”.

Lo mismo señaló sobre su procedencia: “Es muy importante porque nos permite conocer con qué redes de contención cuentan y muchas veces sucede que estas mujeres necesitan trasladarse a sus provincias de origen, que es donde están sus familiares y el círculo de amistades”.

Si bien la gran mayoría es de San Luis (636), hay otras que vienen de Buenos Aires (96), Mendoza (76), Córdoba (47), San Juan (15) y hasta del extranjero (9).

Funes resaltó que ese informe  muestra que “la modalidad de violencia doméstica es la que más predomina, ya que suma el 84 por ciento; y que el tipo de violencia que más sufren es, al principio, la psicológica y más tarde la física, la sexual y la patrimonial”. La funcionaria explicó que “poder visibilizar la violencia económica y patrimonial nos permite reeducar a la sociedad sobre que esto sucede y que hay muchísimas personas que por dependencia económica mantienen esos vínculos”.

En la página 40 de ese informe se puede ver el cuadro sobre la ocupación. La mayoría de ellas dice estar empleada (284) o se dedica a tareas de cuidado (314); y una parte importante recibe algún plan social (189). Solo 80 de ellas respondieron ser independientes económicamente.

El asesoramiento es un elemento necesario para que esas personas puedan hacer las denuncias ante la Justicia. En ese punto, el 47% de las consultadas inició las acciones legales, pero una gran cantidad no llegó a concretarlas. “Sucede que muchas no ratifican la denuncia y por eso no se transforman en causas judiciales. Este año pudimos encuestar a estas personas y la gran mayoría respondió que no lo hace por temor”, detalló.

Sin embargo, en 428 casos se lograron medidas de restricción, pero en el 45% de ellos el agresor violó la medida judicial entre 2 y 3 veces; mientras que solo el 12% la respetó.

Pero lo que más ponderó fue que la encuesta que se realizó a todas las personas que hoy están bajo asistencia de la secretaría arrojó que el 61% está satisfecha con la ayuda recibida: “Eso lo pudimos visibilizar, más allá del resultado de la encuesta, en las devoluciones que hacemos a fin de año, cuando cada una de ellas te llama para agradecerte. Y eso es lo más gratificante”, reconoció Funes.

Entre esas medidas de contención se destacan el asesoramiento legal (735 casos), la instalación del Botón de Alerta Temprana (526), la asistencia psicológica (153), la entrega de bolsones de comida (138) y el patrocinio judicial (68).