Cuatro agencias de las Naciones Unidas solicitaron a los gobiernos que garanticen los derechos de los migrantes haitianos y no los expulsen hasta evaluar sus necesidades de protección y acceso a vías migratorias regulares.
“El derecho internacional prohíbe las expulsiones colectivas y exige la evaluación de cada caso para identificar necesidades de protección con base en el derecho internacional de los refugiados y los derechos humanos”, asentó el texto de las agencias.
La declaración fue emitida por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Estados Unidos devolvió forzosamente a Haití a más de 2.000 migrantes de esa nacionalidad, este mes, tras detenerlos en campamentos en su frontera sur. Otros miles siguen retenidos y muchos otros debieron cruzar nuevamente la línea fronteriza hacia México, desde donde ingresaron.
Las autoridades mexicanas también devolvieron a Puerto Príncipe a decenas de migrantes haitianos retenidos en refugios en el sur del país, a donde fueron llevados desde la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, anunciaron que estudiarán y acogerán la solicitud de refugio de unos 13.000 haitianos.
Las escenas de policías estadounidenses a caballo, persiguiendo con lazos a migrantes en áreas rurales del sur de ese país, mostraron de modo gráfico el desdén por los derechos de los haitianos y por atender sus pedidos de refugio y asilo.
Muchos de los haitianos detenidos y devueltos a Puerto Príncipe tenían años de haber salido de su país y procedían de América del Sur, donde residían.
En protesta por el trato a los haitianos en la frontera, Daniel Foote, enviado especial para el tema en el gobierno del presidente Joe Biden, renunció al cargo el 23 de septiembre, tras señalar que “es inhumano” devolver a esos migrantes a un “Estado colapsado”, azotado por conflictos civiles y desastres naturales.
La declaración de las agencias de la ONU expuso que “la compleja situación social, económica, política y humanitaria, junto con las catástrofes que han golpeado al país (algunas de las cuales son resultado del cambio climático y de la degradación ambiental), han provocado en la última década movimientos de población”.
En Haití “siguen aumentando la violencia y la inseguridad, lo que provocó que al menos 19.000 personas fueran desplazadas en la capital, Puerto Príncipe, tan solo en el verano (boreal) de 2021”, indicó el texto.
Agrava el panorama el hecho de que “más del 20 por ciento de la niñez ha sido víctima de violencia sexual. Además, casi 24 por ciento de la población (12,9 por ciento niñas y niños) vive por debajo de la línea de pobreza extrema, con ingresos de 1,23 dólares al día”.
También “alrededor de 4,4 millones de personas (casi 46 por ciento de la población) padece inseguridad alimentaria, lo que incluye 1,2 millón de personas que se encuentran en niveles de emergencia y 3,2 millones en niveles de crisis”.
La situación “empeorará como resultado del sismo que tuvo lugar el 14 de agosto, lo cual limitará la capacidad de recibir personas retornadas. Las condiciones en Haití siguen siendo preocupantes, y no propicias para los retornos forzados”.
Es necesario adoptar un enfoque integral para garantizar que los haitianos en situación de movilidad en la región reciban protección.
El discurso público con tintes discriminatorios, que sugiere que la movilidad humana es un problema, alimenta el racismo y la xenofobia; por tanto, debe evitarse y condenarse.
La fragilidad de los migrantes haitianos estremece.
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