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Interrupción del embarazo: estrategias para su aplicación

Desde la entrada en vigencia de la IVE, en enero de este año, la Provincia trabaja para sumar más centros de salud y hospitales que cumplan la Ley. En la actualidad, más de 30 ya cumplen la normativa. Desafíos para el sector público y privado.

Por Raquel Wolansky
| 06 de marzo de 2021
En acción. Yolanda Bertazzo tiene más de 17 años de trayectoria en la provincia al frente del Programa de Salud Sexual. Foto: Martín Gómez.

La estrategia es clara: incorporar cada día más centros de salud y hospitales que realicen la interrupción voluntaria del embarazo en la provincia, de acuerdo a lo que estipula la flamante Ley 27.610. La táctica también: profundizar el trabajo que se venía haciendo desde hace años para implementar el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) con la tranquilidad que hoy da tener una normativa clara y precisa, que permite recorrer este camino por fuera de la clandestinidad y los miedos.

 

En esta empresa se encuentra actualmente Yolanda Bertazzo, cuando es consultada por las estrategias que aplica la provincia de San Luis para garantizar que la Interrupción Voluntaria del Embarazo se aplique correctamente.

 

Para ella, la lucha de años por el aborto legal no concluyó el 30 de diciembre con la aprobación en el Senado de la Nación de la normativa que habilita a toda persona gestante a acceder a ese derecho, sin restricción, hasta la semana 14 del proceso gestacional. Todo lo contrario, Yolanda no alcanzó a celebrar la conquista que volvió a arremangarse las mangas, esta vez para pelear por su cumplimiento.

 

Bertazzo es médica tocoginecológica y es desde hace más de 17 años la referente en San Luis del Programa Salud Sexual, Reproductiva y —ahora también— No Reproductiva.

 

Bertazzo aclara que las instituciones de salud no pueden declararse objetores de conciencia. 

Mientras aguardan que Nación reglamente la ley, que de igual manera se encuentra en plena vigencia desde el 24 de enero, el Programa de Salud Sexual, Reproductiva y No Reproductiva de la Provincia junto a “profesionales por el derecho a decidir” se encuentran tejiendo redes para incorporar médicos e instituciones, especialmente donde ya se han manifestado algunos como objetores.

 

“La ley nacional está en plena vigencia, porque no requiere adhesión ni reglamentación de las provincias, pero lo que sí estamos esperando es que salga la reglamentación general porque en el tratamiento en el Senado algunos legisladores plantearon modificaciones en artículos puntuales. Además con la reglamentación de la ley tiene que salir el nuevo protocolo y el nuevo consentimiento informado que deben firmar las personas para poder acceder”, explicó Bertazzo, quien remarcó que de igual manera la IVE está vigente y las interrupciones se están realizando.

 

Mientras se aguarda lo que sería “la letra chica de la ley”, hay otro escollo que superar que es lograr que la objeción de conciencia no trabe el acceso al derecho.

 

La objeción de conciencia es un derecho personal que se incluye en los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional, y consiste en “negarse a intervenir en un hecho o acto de cualquier índole que violente las convicciones éticas y/o a las creencias religiosas propias”.

 

En el caso de la IVE, dos artículos hacen referencia a la objeción: uno es el 10, que estaba en la iniciativa original enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso y contempla el derecho de los profesionales de la salud a ejercer la objeción, pero aclara que debe ser en todos sus ámbitos de trabajo —ya sea en el sector público o privado—, además de indicar que deben derivar a las pacientes para que sean atendidas por otro profesional sin dilaciones y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica. Sobre este punto, Bertazzo aclara: “La objeción de conciencia está estipulada para quien va a hacer la práctica, esto excluye a los que tienen que ayudar como anestesistas, enfermería o cualquier profesional que asiste. A ellos no los incluye la objeción”.

 

En cuanto al artículo 11, que fue agregado en el debate en Diputados, hace referencia a las obligaciones de los establecimientos de salud. Al respecto, Bertazzo explica que ya ha mantenido contacto con algunos centros privados que se han declarado “objetores” para explicarles que la ley dice justamente que la objeción es personal. “La institución no se debe excusar, si hay ginecólogos u obstetras que no lo quiere hacer, lo tiene que hacer cualquier profesional: un médico clínico, un pediatra, un médico generalista, un cirujano, porque en realidad lo que prevé la ley es que hasta las 14 semanas, o al menos hasta las 12, el tratamiento es ambulatorio. Entonces lo que deben hacer es dar una consejería, indicar la medicación y que la mujer haga el tratamiento en su domicilio. Por lo tanto, los sanatorios y todo el nivel privado de salud debe dar acceso a esta ley”.

 

Sobre el panorama en toda la provincia para el cumplimiento de la norma, la médica sostiene que no es fácil llegar a cada rincón con profesionales que respeten el derecho y respeten la ley: “Aunque tenemos varios centros y profesionales que permiten que las mujeres puedan acceder a este derecho, que ya son unos 30 en distintos puntos de San Luis, hay otros que aún tienen profesionales objetores. Lo que hacemos es transmitir la normativa de que todos los centros de salud deben dar respuesta y en eso nos encontramos trabajando”.

 

La ley establece que previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito. Nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho.

Sobre el sector privado agregó que su área ya mantuvo algunas reuniones con Dosep para que incorpore la normativa y pueda dar respuesta a la IVE como una prestación más, además de incorporar a su vademécum el misoprostol, que es el medicamento que produce el aborto. También continúan trabajando con lo que definen “farmacias amigables”, quienes ya vendían la medicación y la continuarán comercializando. “Este es un trabajo que venimos haciendo hace varios años y ahora lo estamos ampliando, nuestro objetivo es lograr que algunos centros u hospitales que ahora no están dando respuesta logren hacerlo. De a poquito vamos sumando voluntades y creemos que la ley nos da ahora un paraguas legal para que los profesionales no tengan miedo”, concluyó Bertazzo.

 

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