Caso Florencia Magalí Morales: Derechos Humanos ya es querellante

Jorge Pinto, el juez que tiene en sus manos la investigación de la muerte de Florencia Magalí Morales, ocurrida hace casi un año, el 5 de abril de 2020, cuando estaba en vigencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio, aceptó la participación en calidad de querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, según confirmó este miércoles una fuente judicial. 

El escrito que lleva la firma de Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, y de Graciela Nora Kullock, en su carácter de letrada patrocinante, refiere que ese día, alrededor de las 9:30, policías que se encontraban en la puerta del banco ubicado en la esquina de Lima y Rivadavia, en Santa Rosa del Conlara, observaron a Florencia, quien circulaba en bicicleta a contramano, y le dieron la voz de alto. “Morales no se detiene y se dirige directamente a la Comisaría 25 de dicha localidad. Al ingresar a la misma, se le solicita el DNI, pero ella manifiesta no tenerlo en su poder. Ante esto, los policías le indican que será demorada por romper el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, resumieron.

Según los dichos de esos mismos efectivos, señala el escrito, “ella intenta darse a la fuga, por lo que intervienen la agente Johana Torres y el oficial Primero Ontiveros. Supuestamente, se produce un forcejeo y se suma entonces el oficial principal Daniel Mancilla. Logran reducirla y la llevan hasta el hospital zonal para ser revisada y luego la regresan detenida a la comisaría”. Después, “a las 19:30 horas, el comisario a cargo —Heraldo Clavero— comunica al juez que Florencia Magalí Morales se habría ‘suicidado’ en la celda en la que se encontraba alojada en la Comisaría N° 25 de Santa Rosa del Conlara”, refieren, poniendo en duda la versión de la fuerza.

“Puntualmente, al suscribir los tratados y convenciones sobre derechos humanos, el Estado argentino se obligó a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y suprimir toda violación a los derechos humanos, como es la muerte de una mujer bajo custodia de miembros de una fuerza de seguridad del Estado provincial. En el caso concreto de autos, y según llega a nuestro conocimiento, Florencia Magalí Morales fue detenida en el marco del DNU N° 297/2020 y murió estando bajo custodia policial en términos que aún se desconocen, lo que exige el máximo esfuerzo estatal para esclarecer los hechos y —si los hubiere— sancionar a los responsables”, consideraron los letrados de la Secretaría.

El fiscal debe dar su opinión

Otra novedad relevante de las últimas horas es que la autopsia psicológica de Florencia ordenada por el juez Pinto ya está incorporada al expediente, informó la misma fuente judicial. Si bien el magistrado no habría tenido acceso aún a ella, ha trascendido que su intención es hacer un análisis pormenorizado de esa investigación que peritos en psicología han realizado sobre la conducta, estado emocional y personalidad de la mujer de 39 años, un elemento más para establecer en qué circunstancias ocurrió su muerte en la Comisaría de Santa Rosa.

Santiago Calderón Salomón, uno de los dos abogados que representa a la familia de Magalí, contó que el fiscal que interviene en la causa, Carlos Leloutre, solicitó días atrás, cuando le corrieron vista, la incorporación de la autopsia psicológica para poder expedirse sobre algunas cuestiones. Y es que, por un lado, el defensor oficial Penal de Santa Rosa del Conlara, José Francisco Pérez, requirió el archivo de la causa, basándose centralmente en el resultado del análisis a las muestras enviadas a La Pampa. Por otro lado, los abogados de la querella han pedido que se llame a indagatoria y procese a efectivos que estaban en la guardia ese 5 de abril de 2020.

“Lo que han respondido (desde La Pampa) es que tomando en cuenta las fotografías y las muestras en avanzado estado de putrefacción, se puede afirmar que la occisa murió por un mecanismo complejo de asfixia, como consecuencia de lazo o soga que comprime los vasos del cuello y, con estos elementos, es imposible deducir si fue estrangulamiento o colgamiento”, es decir, si se trató de una muerte autoprovocada o si hubo intervención de otros, refirió semanas atrás el abogado.

“Lo que dice el informe del perito Juan Carlos Tolouse (el especialista en anatomo-patología forense del Cuerpo Forense de la Justicia de La Pampa, que analizó las muestras tomadas en la segunda autopsia) es que ahora todo queda en manos de criminalistas. Los peritos de nuestra parte —NdP: son Mónica Checchi y David Demassi— aún no han concluido su informe de la inspección de la comisaría porque esperamos que les exhiban el cordón de la campera”, dijo en referencia al elemento con el que se produjo la asfixia.

“El fiscal no solo tiene que contestar esta cuestión del pedido de archivo. También el nuestro para que se llame a indagatoria y se procese. E inclusive puede pedir otras medidas, por ejemplo, una reconstrucción del hecho”, dijo.

Al respecto de la autopsia psicológica, el abogado comentó que los Morales “tienen un mal augurio, porque no hubo, por cuestiones económicas, posibilidad de poner un perito de parte; además, les llama la atención la demora del fiscal para contestar esta vista y que la haya interrumpido para solicitar que se incorpore esta pericia. Creen que se va a intentar concluir que estaba depresiva”.