Una nueva iniciativa mundial para combatir los delitos contra el medio ambiente está en marcha y la recién lanzada Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza buscará ponerles fin a las redes delictivas ambientales, cuyas actividades ilícitas generan hasta 280.000 millones de dólares al año, según informó el proyecto.
La alianza —dirigida por los gobiernos de Noruega, Estados Unidos y Gabón— reunirá a Estados, organismos internacionales, fuerzas de seguridad y organizaciones de la sociedad civil para luchar contra la explotación ilegal de los recursos naturales, y la fauna y flora silvestres.
Según los expertos, los delitos contra el medio ambiente son la cuarta actividad delictiva más lucrativa del mundo, por detrás del tráfico de drogas, la trata de personas y la falsificación, con la deforestación ilegal, la conversión de tierras, la minería, la pesca y el comercio de especies silvestres, entre las formas más frecuentes.
La alianza pretende aumentar la voluntad política, incrementar los compromisos financieros e impulsar la capacidad internacional para combatir los delitos contra el ambiente.
Los delitos contra la naturaleza amenazan la seguridad colectiva. Socavan el Estado de derecho, alimentan la corrupción, destruyen ecosistemas y llevan a las especies al borde de la extinción, mientras proporcionan miles de millones de dólares a los grupos delictivos transnacionales.
Aunque en los últimos años han surgido muchas organizaciones públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad civil para luchar contra los delitos contra el medio ambiente, estos esfuerzos han estado normalmente fragmentados, algo que la Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza pretende solucionar proporcionando un foro de colaboración y coordinación.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) y la Interpol también pertenecen a la iniciativa, junto con organizaciones de la sociedad civil como Traffic, el Instituto de Recursos Mundiales y la organización Indigenous Peoples Rights International (IPRI). En total son 22 miembros y esperan más socios en los próximos meses.
Los miembros trabajarán en áreas claves en las que su enfoque colaborativo y multisectorial puede tener un gran impacto. Entre ellos figuran proyectos para identificar y desbaratar los flujos financieros vinculados a los delitos contra el medio ambiente, iniciativas para acelerar el uso de la tecnología y trabajos para reforzar la capacidad de los defensores ambientales.
Los delincuentes ven en los delitos contra el medio ambiente una oportunidad de obtener grandes beneficios y un bajo riesgo. La opinión pública lo considera un delito sin víctimas, cuando en realidad tiene un gran impacto en las personas.
La alianza quiere mover la aguja en materia de delitos contra el medio ambiente. “Queremos convertirlos en una actividad de alto riesgo y baja recompensa para los delincuentes de todo el mundo”, añadió.
Los expertos afirman que la prevalencia de los delitos contra el ambiente constituye un obstáculo importante para avanzar en la lucha contra el cambio climático, hacer frente a la pérdida de biodiversidad, reducir futuras pandemias y lograr un desarrollo sostenible.
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