Mientras tres cuartas partes de los países desarrollados y emergentes han promulgado leyes y políticas dedicadas a las energías renovables; apenas la mitad de los menos adelantados (PMA) y de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), han avanzado en las mismas leyes y políticas.
El análisis, que pertenece a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), examina los principales instrumentos utilizados para promover la inversión en la transición hacia una energía con bajas emisiones de carbono, con el estudio de 798 políticas sobre energías renovables en 192 economías.
Constató que los países en desarrollo enfrentan retos a la hora de formular y adoptar políticas y estrategias específicas para las energías renovables.
En el caso de las tecnologías energéticas limpias, los esfuerzos por desarrollar marcos jurídicos y normativos integrales están limitados, en gran medida, a las economías desarrolladas y a las grandes economías emergentes.
Economías desarrolladas son las de Europa occidental y del norte, América del Norte, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Las emergentes son las de países como Arabia Saudí, Brasil, China, India, México, Sudáfrica y Tailandia.
Los 46 PMA son 33 Estados africanos al sur del Sahara, nueve de Asia, tres archipiélagos del Pacífico y un país del Caribe (Haití). Los 39 PEID están esparcidos en el Caribe y los océanos Atlántico, Índico y Pacífico.
Mientras las economías desarrolladas y emergentes han integrado mecanismos de promoción de la inversión privada en más del 70% de sus políticas de energías renovables, en el caso de los PMA y los PEID las cifras son solo del 24% y el 17%, respectivamente.
Actualmente, los países en desarrollo enfrentan un déficit de inversión de 2,2 billones (millones de millones) de dólares anuales para la transición energética, y un déficit de financiación anual de cuatro billones de dólares para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El informe examina los tipos de instrumentos que los países adoptaron para promover los sectores de las energías renovables y las infraestructuras energéticas.
Entre ellos, las economías avanzadas tienden a favorecer mecanismos más complejos y específicos, con tarifas de alimentación, subastas e incentivos financieros adoptados por el 91%, 74% y 70% de los países respectivamente.
En cambio, sus homólogos menos ricos recurren más a instrumentos de promoción genéricos, como los incentivos fiscales basados en los beneficios, utilizados en los países en desarrollo un 77%, los PMA 90% y los PEID 67%.
Aunque son menos complejos y no requieren un gasto inicial de fondos públicos, estos instrumentos pueden resultar más costosos a largo plazo, al tener en cuenta los ingresos públicos no percibidos.
Además, estos instrumentos genéricos no son eficaces para impulsar la inversión en energías renovables, ya que no abordan directamente los principales retos a los que se enfrentan los inversores en el sector.
Un reto particular es eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles, las que “a pesar de los reiterados llamamientos en medio de la crisis climática mundial”, alcanzó un máximo histórico de un billón de dólares en 2022, superando con creces el apoyo a las energías renovables.
Estas subvenciones son perjudiciales para la mitigación del cambio climático y frenan la inversión en energías renovables en algunos países.
La inequidad en las políticas para el desarrollo de las energías renovables es global. Eso también es parte del problema.
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