En Remar, la gente trabajaba largas jornadas sin recibir paga

La Justicia Federal ya dio a conocer los números fríos sobre la cantidad de personas que serían víctimas de trata de Remar, quienes fueron rescatadas en los 39 allanamientos que hicieron en las sedes que la ONG tiene en San Luis y en otras cinco provincias. Fueron exactamente 498 las personas que encontraron en esos procedimientos y que, presumen, sufrían explotación de parte de la fundación, que asegura ayudar a quienes tienen problemas de adicción y son marginados. Pero el último dato que informaron fue en qué condiciones hallaron esa gente y lo que les dijeron sobre lo que les hacían hacer en Remar. Dijeron que trabajaban durante extensas jornadas, en las que hacían de todo, desde venta callejera hasta limpieza doméstica y albañilería, sin recibir paga alguna.

El fiscal federal de San Luis, Cristian Rachid, y sus colaboradores todavía procesan la información de los resultados de las requisas hechas el martes en San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos.

Además de las personas rescatadas, la Justicia les impuso una restricción de acercamiento a los lugares allanados y la prohibición de salida del país a los únicos siete imputados que tiene la causa.

También incautaron dinero en efectivo, en moneda nacional y extranjera, notebooks y documentación. En el caso de los allanamientos realizados en las siete sedes que Remar tiene en San Luis capital y el Suyuque, la Policía Federal secuestró casi 3 millones de pesos y más de 3 mil dólares.

De acuerdo a las averiguaciones de los últimos tres años, el dinero obtenido del trabajo de las presuntas víctimas era enviado a Uruguay. En ese país, los fondos eran dolarizados, para posteriormente ser girados a Madrid, donde está la sede central de la fundación.

Pero lo que más valida la hipótesis de Rachid es en qué condiciones fue encontrada gente que sería víctima de trata.

Según lo que informó el gobierno nacional, en la mayoría de los casos, las personas no eran oriundas de las provincias donde estaban. Y, muchas veces, el personal de la ONG les retenía "los teléfonos celulares, documentos personales y/o tarjetas de débito para la posterior apropiación de beneficios sociales asignados".

Quienes llegaban a las sedes de la ONG en busca de ayuda para recuperarse de una adicción o porque necesitaban asilo eran "recibidos y acogidos en los establecimientos, donde muchas veces trabajaban", detallaron desde el gobierno nacional.

Las principales actividades laborales a las que destinaban a quienes Remar define como "voluntarios" están relacionadas con la venta ambulante, venta de muebles, carpintería, mecánica, construcción y tareas domésticas.

Todas las personas que fueron entrevistadas por el personal policial y los asistentes sociales manifestaron que trabajaban sin percibir salario o retribución monetaria. Además, varios aseguraron "cumplir largas jornadas".

"En algunos casos encontraron documentación de altas y bajas firmadas por personas que declaraban su conformidad para realizar trabajo voluntario social —Ley 25.855—", precisaron los voceros. Se trataba de una especie de “voluntariado” sujeto a horarios extenuantes, topes de producción y a destajo, bajo un sistema de premios y castigos.

En los múltiples allanamientos, también descubrieron que quienes sufrían alguna enfermedad o tenían alguna discapacidad no recibían atención médica, psicológica ni farmacológica por parte de los encargados de la ONG, aunque sí llevaban adelante un tratamiento de rehabilitación para su adicción.