Un juez ordenó proteger a las presuntas víctimas de trata de Remar

La Justicia Federal de San Luis todavía procesa los datos que surgieron de los 39 allanamientos que hizo la semana pasada en las sedes que Remar tiene en seis provincias. Pero todavía hay mucha más información que no ha salido a la luz y que dependerá de lo que las casi 500 presuntas víctimas de trata, reducción a la servidumbre y explotación laboral, que forman parte de la ONG, puedan contar sobre lo que viven o vivieron en la fundación, que supuestamente las había acogido para salvarlas de alguna adicción o la marginalidad. Por eso, el juez Federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda, ordenó que esas personas sean asistidas no solo sanitaria y socialmente, sino que también sean resguardadas para evitar que sufran represalias por parte los responsables de la organización, es decir, de los imputados.

El magistrado dispuso que los veedores designados en las provincias de San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos asistan a quienes pidieron ser rescatados durante los allanamientos.

“Deberán articular en sus respectivas jurisdicciones la intervención de los organismos provinciales/nacionales de asistencia sanitaria, social y de protección, con el objeto de que cumplan con deberes y en función de los problemas que verifiquen respecto de cada persona acogida”, sostuvo Maqueda en su oficio.

En otro punto, el juez aclaró que, como todavía está pendiente la recepción de testimonios de presuntas víctimas, es necesario "garantizar que aquellas no sean intimidadas ni objeto de represalias por parte de los imputados u otros encargados de los lugares y, al mismo tiempo, se les garantice el acceso a bienes y servicios esenciales”.

Dispuso que los veedores designados en cada sede informen “el estado de los lugares, tanto de las víctimas como de eventuales responsables que puedan estar o no imputados en las actuaciones, e informar las medidas administrativas que se adopten o correspondiera adoptar para el correcto funcionamiento de dichos sitios en consonancia con las normativas nacionales y provinciales vigentes”.

Redacción/ALG