Cero controles: el porqué de la eliminación de la Secretaria de Ambiente de San Luis

La tierra en disputa: incendios, desmontes y minería ponen a San Luis en alerta ambiental

La discusión nacional por la llamada “Ley de Tierras” volvió a poner bajo la lupa una cuestión que en San Luis adquiere una dimensión particular: qué lugar ocupa la protección de los recursos naturales frente al avance de actividades productivas y extractivas.

En la provincia, donde durante años existió una estructura específica destinada al cuidado del ambiente, la decisión del Gobierno de Claudio Poggi de reducir el rango institucional del área ambiental genera interrogantes que hoy adquieren otra dimensión.

La pregunta que comienza a instalarse en distintos sectores es incómoda pero inevitable: ¿qué capacidad de control tendrá el Estado provincial frente a los desmontes, los incendios y los proyectos extractivos si el organismo encargado de la política ambiental pierde peso dentro de la estructura gubernamental?

La discusión no aparece en el vacío.

San Luis todavía intenta dimensionar las consecuencias del incendio que devastó más de 7.000 hectáreas en la zona de Estancia Grande. El fuego arrasó bosque nativo, provocó la muerte de animales y destruyó construcciones. Mientras la investigación intenta determinar cómo se inició y quiénes fueron los responsables, las consecuencias ambientales permanecen sobre el territorio.

Y mientras las cenizas todavía forman parte del paisaje, apareció otro problema: la denuncia por desmontes y tala ilegal de bosque nativo en el norte provincial.

El caso expone, además, una presunta falta de reacción de los organismos que deberían intervenir frente a este tipo de situaciones. Ambiente, Seguridad y la Justicia quedan bajo la lupa a partir del relato de quienes denuncian que el desmonte se desarrolla sin una respuesta estatal acorde con la gravedad del daño.

No se trata solamente de árboles.

El bosque nativo constituye un ecosistema que cumple funciones esenciales para la conservación del suelo, la biodiversidad y el equilibrio hídrico. Por eso, cuando se desmonta sin autorización o sin controles efectivos, el problema trasciende ampliamente la propiedad de un campo.

La tercera señal de alerta aparece por otro camino: la minería metalífera.

Un grupo de profesionales e investigadores de la Universidad Nacional de San Luis, nucleados en el Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental (PITSA), expresó su preocupación por el rumbo que comenzó a tomar la política provincial respecto de esta actividad.

El planteo tomó dimensión nacional a partir de su publicación en El Destape, donde se advirtió sobre una “amenaza directa al agua” y se cuestionó el avance de la minería metalífera en San Luis.

Desde el PITSA señalaron que existe un “viraje explícito” de la gestión provincial hacia la promoción de este tipo de explotación. Su coordinador general, Antonio Mangione, advirtió sobre los riesgos que puede representar para una provincia particularmente sensible desde el punto de vista hídrico.

El agua aparece así como el punto de encuentro de una discusión que hasta ahora podía parecer fragmentada.

Incendios, desmontes y minería son fenómenos diferentes, pero tienen algo en común: todos pueden producir impactos sobre el territorio y sobre los recursos naturales. Y todos requieren controles estatales eficaces.

El propio Gobierno provincial sostiene que la minería podría desarrollarse siempre que no contamine el agua. El problema es quién controla que eso efectivamente ocurra, con qué herramientas y bajo qué reglas.

Ese interrogante adquiere mayor relevancia en un contexto nacional atravesado por una fuerte discusión sobre la desregulación, la propiedad de la tierra y el uso de los recursos naturales.

El PITSA vinculó estas preocupaciones con modificaciones impulsadas desde el Gobierno nacional, entre ellas el DNU 70/2023 y distintos proyectos legislativos que, según su interpretación, pueden flexibilizar mecanismos de regulación y control.

La discusión, entonces, ya no pasa únicamente por estar a favor o en contra de la minería, de la producción agropecuaria o de determinadas actividades económicas.

La cuestión de fondo es otra: qué modelo de territorio quiere San Luis y qué herramientas tendrá el Estado para garantizar que el desarrollo económico no termine pagando su costo con agua contaminada, bosque destruido o ecosistemas irrecuperables.

Estancia Grande dejó una advertencia demasiado grande como para ignorarla. Los desmontes del norte provincial agregan otra. Y la apertura a la minería metalífera suma una tercera.

Tres señales diferentes que convergen sobre una misma pregunta.

¿Quién controla el territorio cuando el Estado decide reducir el peso de su propia estructura ambiental?

La respuesta, por ahora, no está clara. Y en una provincia donde el agua es un recurso estratégico, esperar a tenerla podría significar llegar demasiado tarde.