Juan Talia
Especialista en Epidemiología
La importancia del Estado frente al dengue
Desde hace muchos años, intentamos que la salud sea reconocida como un derecho social. A lo largo de décadas se ha discutido hasta el cansancio sobre la salud como derecho en centros médicos, empresas, universidades y bares; se han publicado auténticos tomos sobre el asunto. Sin embargo, el éxito ha sido escaso. Desde los últimos decenios del siglo XX, la salud como meta individual y como estilo de vida se consolidó en la conciencia popular con el poderoso motor del mercado.
Sin embargo, como fenómeno colectivo ocupó un lugar marginal en las encuestas sobre los temas prioritarios para la población, en los contenidos de los medios masivos y en las diferentes propuestas electorales. Era un tema que atraía a un sector de quienes trabajábamos en ámbitos relacionados con la salud, a una fracción del movimiento obrero organizado que gestionaba o militaba en relación a la salud de sus compañeros y compañeras, a una porción del empresariado que buscaba lucrar con la salud y a quienes sufren o tienen un ser querido que sufre de una enfermedad.
Todo eso cambió, cuando llegó a nuestro país el brote de COVID-19, que puso a la salud y los cuidados en el centro de la escena. En esos días, la lógica del cuidado y la noción del derecho a la salud se convirtieron en un elemento cotidiano a través de las manifestaciones urbanas, las aportaciones artísticas y las exposiciones ante las autoridades parlamentarias. El aseguramiento de una equidad en la salud durante el transcurso de una pandemia es un papel fundamental e importante de la infraestructura de salud pública.
Mucho se habla de la equidad en salud, que es la situación en la que todas las personas tienen la oportunidad de llevar una vida lo más saludable posible sin importar su raza, etnia, sexo, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, formación, empleo, religión, lenguaje y domicilio, entre otros factores; y que se logra cuando todos los habitantes de un mismo país tienen la oportunidad de alcanzar su pleno potencial de salud y nadie está en desventaja para lograr este potencial debido a su posición social u otras circunstancias socialmente determinadas.
La reciente pandemia de COVID-19 puso a prueba considerablemente los sistemas de salud pública de todo el mundo y expuso las brechas en la atención médica para poblaciones desatendidas y vulnerables. Ante nuevas amenazas, como el resurgimiento de algunas enfermedades olvidadas o ante el inminente brote de dengue, nuestros sistemas de salud deben ser sólidos y resilientes; con una capacidad de responder incluyendo sobre todo a quienes sufren de manera desproporcionada: los pobres y los vulnerables.
El fortalecimiento del sistema sanitario debe ser una prioridad para abordar la equidad en materia de salud. Los casi 600.000 casos confirmados de dengue y los más de 400 fallecidos por esta causa durante la temporada 2023/2024 está imponiendo una enorme presión sobre el sistema de salud pública y es un claro y preocupante ejemplo de la necesidad de contar con un sistema sólido, que promueva y proteja la salud de todos y todas, y al mismo tiempo que garantice la equidad en materia de salud. Solo un sistema de salud pública dotado de recursos suficientes y debidamente estructurado, es capaz de desempeñar competencias básicas que puedan satisfacer las necesidades de las poblaciones más vulnerables y garantizar que se logre la equidad en todas las comunidades.
En nuestro país, la probabilidad de enfermar y morir no es simétrica. Los pobres son más vulnerables que los ricos en términos de salud y esa vulnerabilidad está determinada principalmente por la desigualdad económica. He aquí otro rol fundamental del Estado en cambiar este destino. Si bien podríamos entender este fenómeno apelando a Ramón Carrillo cuando afirmaba que “la mala vivienda, la alimentación inadecuada y los salarios bajos tienen tanta o más trascendencia en el estado sanitario de un pueblo, que la constelación más virulenta de agentes biológicos”, agregamos que el acceso a internaciones y tratamientos es mucho menor entre las personas con menores ingresos y que hubo períodos en la historia de nuestro país, donde predominaba un estado presente y amplio y donde esa desigualdad también se redujo significativamente. La pandemia se expandió en el mundo prácticamente invirtiendo estos patrones de desigualdad.
Así fue como, de repente, países como Italia u otros europeos, con recursos médicos lujosos y frecuentemente excesivos, que antes solían disfrutar las clases acomodadas locales, se encontraron, como siempre ocurre para los sectores populares, extremadamente escasos. Al mismo tiempo, el sector privado de la salud o mejor dicho las empresas que explotaban el negocio de los servicios médicos se vieron desesperadas, ya que las medidas de aislamiento causaron una drástica reducción en las consultas, se suspendieron las cirugías programadas y la cantidad de internaciones por politraumatismos cayó abruptamente.
La ineficacia e ineficiencia del mercado al abordar la salud constituyen una dramática demostración de la vital importancia de contar con un sistema gubernamental, liderado por el Estado, que disponga de una infraestructura asistencial elemental distribuida de acuerdo con las necesidades y, en especial, un robusto equipo de salud capaz de trabajar activamente en diversas funciones. Como profesionales, gestores o políticos del ámbito sanitario, aquellos de nosotros que nos dedicamos a la salud conocemos toda la gravedad que puede tener una epidemia, especialmente si se trata de una enfermedad contagiosa como dengue.
Debemos, como ciudadanos, seguir poniendo en evidencia la inviabilidad de los sistemas de salud regidos por la lógica mercantil, demostrando que el pueblo debe estar en el centro y ser el principal sujeto del proceso salud/enfermedad/ atención/cuidado y sosteniendo que la salud es un derecho y un bien social que debe ser garantizado por el Estado. De lo que había en la pandemia de COVID- 19, inclusive con las cuestiones estructurales, se está perdiendo muchísimo en todos los rubros: se están cayendo programas, abandonado el mantenimiento de hospitales, perdido puestos de trabajo.
Del reordenamiento de organigramas oficiales, de la reasignación de partidas presupuestarias y la suspensión de programas sociales muchas veces se nos escapan las consecuencias, frente a este inminente brote de dengue, no podemos permitir que el Estado olvide su gente. Desde el 10 de diciembre de 2023 asistimos casi como observadores externos a cambios regresivos en materia de políticas públicas que fueron, en un inicio, traducidos por el oficialismo como consecuencia necesaria para alcanzar el déficit cero. El estado de salud de una población está inseparablemente vinculado a una multitud de factores que, de una forma incuestionable, dependen del modelo político, económico y social predominante en un país. La relación entre calidad de vida y salud es ampliamente conocida.
Esto implica que las sociedades que gozan de oportunidades laborales satisfactorias, educación de alto nivel, cultura, vivienda, ocio, nutrición sana, agua potable, cloacas, sistemas de protección social y demás, disfrutan de un estado de salud más satisfactorio. Es más que evidente que las enfermedades no afectan igualmente a quienes tienen altos ingresos, quienes tienen ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas o a los indigentes. Las probabilidades de sufrir una enfermedad aumentan para quienes viven en la pobreza, y sus posibilidades de detectar una afección en sus primeras etapas y de acceder a una terapia oportuna son notablemente menores. En consecuencia, los gobiernos que promueven políticas públicas de exclusión social, de rebajas salariales y de empobrecimiento de la sociedad, también traen consigo un deterioro inevitable de la salud que se manifiesta en los indicadores de la calidad de la salud. Aquí también es necesario un Estado presente. Agregando que ese tipo de gobiernos percibe a la salud como un “gasto” y reduce los recursos del sistema público de salud destinados a prevención, promoción, atención y rehabilitación, los daños que llega a causar dicha política son tremendos.
Es precisamente lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestra provincia, gobiernos de tendencia neoliberal que comparten el desprecio por las industrias locales, por el consumo impulsado por el mercado interno y por las inversiones sociales. Esos gobiernos producen una redistribución desigual de la riqueza, privilegiando las ganancias de pequeños grupos sociales poseedores de grandes fortunas a expensas de los trabajadores y sectores marginales de la sociedad.
El deterioro en los ingresos de las masas sociales repercute directamente en la calidad de vida y en la salud, provocando problemas nutricionales, dificultades para adquirir medicamentos, viviendas adecuadas, calefacción, acceso a la educación, recreación y transporte. La consecuencia de todo este combo, entonces, es que tenemos más población propensa a enfermarse por el deterioro de su calidad de vida por un lado y un sistema de salud con mayores problemas para dar respuestas, sobre todo si se trata de una emergencia sanitaria como se prevé será el brote de dengue en nuestro medio.
En estos momentos tan difíciles es muy importante hacer todo lo que esté a nuestro alcance para impedir mayores retrocesos en los derechos básicos. La salud es uno de ellos y es preciso que toda la comunidad la defienda con las diferentes herramientas que nos brinda la democracia. Esta opinión es un pequeño aporte para canalizar esa defensa de la salud. Hay muchas otras, y cada uno deberá decidir con cuáles participar, recordando, además, que cada dos años tenemos la posibilidad de revertir el rumbo a través del voto. Porque es importante que nunca más se pueda convencer a nadie de que salud y política son cosas diferentes.
El Estado es el único organismo con el poder y la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud en su plena magnitud. Los derechos deben ser progresivos, jamás regresivos, porque pasar del bienestar al malestar trae aparejado dolor, tristeza, infelicidad, sobre todo cuando ese bienestar está garantizado y nos atraviesa como un haz luminoso de dignidad y sabemos que podemos desear y que el deseo pueda concretarse.


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