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Enfrenta un pedido a 15 años de cárcel por abusar de una sobrina

Su abogado pidió suspender el juicio, pero se lo rechazaron. La niña tenía 6 años cuando fue ultrajada.

Por redacción
| 19 de febrero de 2024
Frente al tribunal. De espaldas, el acusado, con camisa a rayas, al lado de su defensor, Enrique Miranda. Foto: Inés Cobarrubia

A pesar de que su abogado, Enrique Miranda, intentó dilatar el comienzo del juicio alegando problemas de salud de su pupilo y nulidades procesales, y de que miembros del tribunal tuvieron que concurrir a un domicilio de la capital y a un campo a más de 50 kilómetros del Poder Judicial para producir pruebas a pedido de la defensa, O.O.H., un hombre de 65 años, comenzó a ser juzgado ayer por haber abusado sexualmente de una sobrina cuando ella tenía solo 6 años.

 

El hombre llegó al debate en libertad con un pedido de pena a 15 años de cárcel por los delitos de "Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la condición de guardador del menor" y "Corrupción de menores".

 

Según denunció la madre de la víctima en 2016, el hombre manoseó a la menor, la expuso a situaciones de desnudez y le exhibió imágenes impropias cuando estaba a su cuidado en diferentes situaciones y lugares, como la habitación del acusado, la represa de un campo cercano a Chosmes y otros escenarios, por el transcurso de casi un año.

 

La víctima logró confesarle todo a su madre años después, tras sufrir un ataque de nervios y ansiedad antes de rendir un examen en el colegio secundario.

 

Al iniciar el debate, luego de que el presidente del tribunal, José Luis Flores, negara el pedido de Miranda de suspender el inicio del debate por cuestiones de salud del imputado, la fiscal de Juicio, Virginia Palacios, amplió la acusación y agregó como agravante el "grave daño a la salud de la víctima".

 

El defensor planteó nulidades y problemas de salud del imputado para postergar el juicio.

Tras ese acto procesal de la fiscalía, Miranda alegó que no pudo ejercer debidamente el derecho a defensa de su pupilo desde el inicio de la investigación, que él mismo no pudo producir prueba dentro del expediente e, incluso, que O.O.H. desconocía de qué se lo acusaba. Por eso, solicitó al tribunal la nulidad absoluta del proceso, también le pidió correr traslado al procurador general y al Superior Tribunal de Justicia para que investigue a los instructores de la causa por incumplimiento del deber público, y la suspensión del debate hasta que se expidan sobre la validez del proceso.

 

Palacios se negó rotundamente al pedido, alegando que el imputado conoce de qué se lo acusa desde el 3 de diciembre de 2018, tres días después de que ratificaran la denuncia. "Yo no puedo decirle a la víctima otra vez que el juicio se suspende. Es necesario que se avance, el imputado fue debidamente notificado y el señor Miranda se constituyó como abogado siete días después de la notificación, e incluso el 28 de mayo del año pasado ofreció prueba que fue admitida", sostuvo e hizo hincapié en que la causa fue debidamente instruida y que no existían nulidades.

 

El juez Flores y los vocales Karina Lucero Alfonso y Jorge Sabaini Zapata se tomaron unos minutos para deliberar, y, cuando regresaron a la sala, negaron el pedido de la defensa. "No existen nulidades en la causa y toda la prueba que no haya podido agregarse durante la instrucción podrá ser incorporada en el debate oral", informó el presidente del tribunal, dando continuidad al debate.

 

Las intenciones de la defensa de postergar el plenario se vieron frustradas, pero Miranda todavía tenía un pedido más para robustecer su estrategia. Justo antes de que Flores dispusiera llamar a los testigos, pidió generar e incorporar como pruebas dos inspecciones oculares y auditivas en los lugares en los que la víctima adujo haber sido abusada. Además, pidió tener acceso a la Cámara Gesell de la víctima.

 

Los magistrados hicieron lugar al pedido de Miranda e inmediatamente instrumentaron los medios para poder acudir a la vivienda del acusado y allí realizar la inspección, algo sumamente atípico en los debates orales.

 

Fue así que Lucero Alfonso, Sabaini Zapata, Flores, la fiscal, la defensa, el imputado, un planimetrista y un fotógrafo fueron hasta un domicilio ubicado en el extremo oeste de calle Balcarce. Pero eso no fue todo: Miranda pidió también recrear la misma prueba en el campo que la víctima mencionó en la denuncia y así sucedió. A diferencia del primer escenario, los magistrados tuvieron que hacer un cuarto intermedio y, pasadas las 15, el presidente del tribunal, junto a las partes, viajó unos 50 kilómetros al oeste de la ciudad y del estrado.

 

Ahora, sin más cartas en el mazo que la defensa pueda usar para dilatar nuevamente el proceso, los testigos citados podrían comenzar a comparecer este martes.

 

Redacción/MGE

 

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